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Existe “un círculo irracional y vicioso” entre el Poder Ejecutivo, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la operadora estatal Antel, opinó el director del ente por la oposición y profesor de derecho administrativo, Carlos Guariglia, en diálogo con Búsqueda.
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“El Poder Ejecutivo fija las políticas, las ejecuta a través de Antel y el órgano de contralor (Ursec) está sometido a su jerarquía”, describió Guariglia
En el resto del mundo se considera que el regulador “debe estar lo más alejado posible” del gobierno, y debe tener “autonomía funcional, técnica, y financiera”, afirmó.
En cambio, en Uruguay la ley que creó la Ursec establece que es un órgano desconcentrado “sin perjuicio del derecho de avocación que tiene el Poder Ejecutivo”. Esto significa —explicó el administrativista— que se desconcentra determinada materia en un órgano, pero que éste sigue sometido a la jerarquía del Poder Ejecutivo. “Cuando éste lo estime conveniente puede sustraerle algunos asuntos y resolverlo él”, agregó.
“Entonces nos encontramos con un círculo que es irracional y vicioso —opinó—. No puede ser que en el Estado coincidan tres funciones que deben estar netamente separadas: la fijación de políticas, la ejecución y el control”.
“Incertidumbre jurídica”.
“El tema de las telecomunicaciones ha sido manejado históricamente de una manera errática”, afirmó el director de Antel. Se ha legislado en “forma fragmentaria, respondiendo a situaciones que se planteaban como consecuencia de iniciativas de los gobiernos de turno”.
Eso ha generado “una gran incertidumbre jurídica”, se lamentó. “No puede ser que a esta altura el Uruguay no tenga una ley de telecomunicaciones que responda a una política de Estado”.
El problema está en que la “creación de una ley supone ponerle el cascabel al gato”, porque “significa determinar cuál es el la intervención del Estado en la economía y en el ámbito de las telecomunicaciones” y ese es un tema que “ha dividido a la sociedad uruguaya”.