Con el avance de las tecnologías de telecomunicaciones, cada vez más móviles y adaptables, la telefonía fija parece un atleta gordo y viejo que corre una carrera que es incapaz de ganar. Las videollamadas de Skype, al alcance de cualquier celular, y los aparatos que diseñan las empresas privadas, hacen cada vez más fácil engañar a la red de cables de cobre.
La comunicación por teléfonos fijos se mantiene en decadencia. En el primer semestre del 2008 los clientes consumieron 1.723,90 millones de cómputos, mientras que en los primeros seis meses del 2012 la cifra había bajado a 1,172,96 millones, según el último dato de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). La cantidad de líneas fijas fue en el 2012 casi igual a la del año 2004; el 30,8% de los habitantes tienen una. En cambio, en ese mismo período la penetración de telefonía móvil creció del 18,2% al 146,8%.
El ex catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Juan Pablo Cajarville afirma que Antel no cuenta con “monopolio” en ninguno de los servicios que presta, incluida la telefonía básica, que en la actualidad opera en exclusividad.
“Libre competencia”.
El experto llega a esa conclusión en un trabajo académico de 17 páginas titulado “Cometidos ¿y monopolios? de Antel”, publicado en la última edición de la Revista de Derecho Público, editada por la Fundación de Cultura Universitaria.
Cajarville es uno de los administrativistas más prestigiosos del país y su opinión es seguida por otros colegas y magistrados en forma habitual.
En ese trabajo realiza un análisis de la compleja legislación en torno a la empresa estatal de telecomunicaciones. En particular estudia el régimen vigente luego del referéndum contra la llamada “ley de empresas públicas” en el año 1991 y de la derogación de los artículos 612 y 613 de la ley 17.296 durante el gobierno de Jorge Batlle.
Sostiene que las últimas normas legales que consagraron la competencia de Antel fueron esos artículos.
“El artículo 612 autorizó a constituir una sociedad anónima por acciones con el objeto de prestar el servicio de telefonía celular terrestre por medio de Ancel mientras que el artículo 613 sustituyó artículos del Decreto-Ley 14.235 que se referían a aspectos organizativos y facultaron, contando con la autorización del Poder Ejecutivo, a participar en sociedades o consorcios de capital público o privado”, dice el jurista.
Esas disposiciones dieron lugar a la interposición de un recurso de referéndum y para evitarlo el Poder Ejecutivo propició y obtuvo una ley que derogó esos artículos, recuerda Cajarville.
En julio de 2002 la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, con los votos colorados y del ex senador herrerista Guillermo García Costa, aprobó un proyecto que “lisa y llanamente derogó los artículos de la ley de presupuesto que liberalizaron el sector de las telecomunicaciones” (Búsqueda Nº 1.159).
La otra ley que intentó liberalizar los servicios de telefonía fue la 16.211, de octubre de 1991, conocida como la “ley de empresas públicas”
“Su artículo 10 sustituyó el artículo 4 del Decreto-Ley 14.235, definiendo como cometidos de la administración expuestos sucintamente: prestar en forma directa o indirecta servicios de telecomunicaciones, urbanas, rurales y de larga distancia, nacionales o internacionales, contratar con terceros la prestación de esos servicios con autorización del Poder Ejecutivo y con la misma autorización asociarse con capitales privados a fin de prestar dichos servicios”, recuerda Cajarville.
Pero esta norma también fue objeto de un recurso de referéndum. El 13 de diciembre de 1992, el 66,3% de los votantes se pronunció a favor de derogar esos artículos de la “ley de empresas públicas” mientras que un 25,2% votó para mantenerlos (Búsqueda Nº 669).
En su estudio, el autor construye un complejo rompecabezas para determinar cuáles son las normas vigentes hoy en materia de competencia de Antel. Así señala, por ejemplo, que permanecen en pie algunos artículos del Decreto-Ley 14.235 y que en ese marco el ente de las telecomunicaciones está expuesto a la competencia.
“La atribución de determinada actividad a una entidad estatal, en el caso los servicios de telecomunicaciones conferidos a Antel, nada dice de por sí sobre el régimen que regirá la actividad de los particulares en la misma materia, y por sí misma no se traduce de pleno derecho en la exclusión de esa actividad del ámbito de la libertad de comercio, industria y trabajo que rige en principio para los habitantes de la República, ni en limitación alguna de esa libertad”, argumenta Cajarville.
En base a esa premisa el experto concluye que Antel es un “servicio público” en el sentido orgánico que la Constitución uruguaya le atribuye a ese término.
La empresa estatal “es hoy competente para prestar todos los servicios de telecomunicaciones, incluyendo en ellos toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”, afirma.
Pero esos cometidos de Antel no pueden catalogarse como un “servicio público” en el sentido de que se trata “de una actividad reservada a las entidades estatales que los particulares solo pueden desempeñar mediando una concesión”.
“Por consiguiente, no existe ‘exclusividad’ ni ‘monopolio’ en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, cualquiera sea el medio que se utilice para ello; todos deben regirse por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones que puedan establecerse por ley, por razones de interés general”, finaliza.
Telulares.
El jueves 7 el Directorio de la Ursec discutió un planteo del director Gustavo Delgado sobre el uso de “telulares”, celulares que se conectan a terminales fijas y son provistos por empresas privadas, según informó el sábado 9 el diario “El Observador”. Una investigación del organismo encontró un uso generalizado de esa tecnología en empresas.
El senador Jorge Larrañaga exigió “que se cumpla con la ley” y hoy jueves tiene previsto reunirse con el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, que declaró a “El Observador” que “las empresas tienen muy claro cuáles son las licencias que se les han otorgado en su momento”.
Meses atrás el gobierno intimó a la empresa Claro a que dejara de prestar el servicio de banda ancha por fibra óptica, que también se considera exclusivo de Antel. La compañía mexicana acató y cesó sus operaciones.
Uruguay, Granada y Surinam son los únicos países de América donde hay monopolio absoluto en los servicios de banda ancha fija, según un relevamiento que publicó en el 2012 la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
El monopolio de Antel no sólo es interpelado por la tecnología y por la academia. En agosto del 2007 el entonces ministro de economía, Danilo Astori, dijo que “la tendencia histórica” es “hacia el fin de los monopolios públicos” porque “a veces termina con ellos el progreso tecnológico, como es materia de telecomunicaciones”.
Días después el presidente Tabaré Vázquez dijo que “en la práctica ya se está dando” eso. Antel “está compitiendo (...) con eficiencia, con eficacia, con seriedad y en muy poco tiempo más hasta la telefonía fija va a caer su monopolio por el hecho (...) de estos avances tecnológicos”, afirmó el mandatario.
