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Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones
El organismo internacional observó que el SMN no garantiza “condiciones de vida digna” y que las prestaciones de la seguridad social deben adecuarse para quienes trabajaron por años en la informalidad
Dos semanas después de recibir en Ginebra a una numerosa delegación de miembros del gobierno, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) emitió sus devoluciones al Estado uruguayo en cuanto al cumplimiento de compromisos asumidos en materia de derechos humanos.
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Además de temas ambientales, de vivienda y de salud mental, entre otros, el sexto informe presentado por Uruguay ante ese organismo abarcó aspectos del mercado de trabajo y del sistema de seguridad social. En una de sus observaciones finales —aprobadas el 25 de febrero—, los expertos de la ONU mostraron preocupación de que “el salario mínimo sólo haya experimentado un aumento acumulado del 0,5% en los últimos cinco años y que el mismo no sea suficiente para garantizar unas condiciones de vida digna a los trabajadores y sus familias”.
En ese sentido, recomendaron que se adopte un mecanismo para revisar anualmente el Salario Mínimo Nacional (SMN) con base en la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) y con participación tripartita en el marco de los Consejos de Salarios, a fin de garantizar que “preserve su poder adquisitivo”. También sugirieron la elaboración de un “plan anual de inspecciones” para fortalecer la fiscalización del cumplimiento del SMN, priorizando los sectores de actividad con alta informalidad. Sobre ese punto en particular, el Comité solicitó al gobierno que, con un plazo de dos años —febrero del 2028—, proporcione información sobre la aplicación de las recomendaciones.
Desde enero, y por todo el 2026, el SMN es de $ 24.572, un 4,1% de aumento respecto al monto que rigió para el año anterior. Ese porcentaje es levemente superior a la inflación del 2025, que fue de 3,65%.
Informalidad
Por otro lado, y a pesar de los “esfuerzos” del Estado, el CDESC señaló que persiste una “alta proporción” de trabajadores informales en las zonas rurales, y un desempleo y subempleo que continúa afectando “de manera desproporcionada” a jóvenes, mujeres, afrodescendientes y discapacitados. También alertó por las “elevadas tasas de accidentes de trabajo” en la construcción, la industria manufacturera y el sector agropecuario, así como los riesgos de “explotación laboral” a los que están expuestos los migrantes.
Las recomendaciones para estos asuntos apuntaron a intensificar las políticas de formalización del trabajo, revisar la efectividad de los programas existentes para combatir el desempleo y elaborar un plan de acción con “metas específicas” enfocado en los grupos sociales más afectados y reforzar la inspección laboral en ámbitos de “alto riesgo” de accidentes.
Protección social
Con respecto a la protección social, el comité valoró los impactos positivos de las Asignaciones Familiares y del Plan de Equidad en la reducción de la pobreza, pero advirtió por las “dificultades” de cobertura del sistema previsional común, que surgió de la reforma aprobada en 2023. Por eso, instó a adoptar medidas para garantizar “que las prestaciones sean adecuadas y suficientes, especialmente para las personas con trayectorias laborales fragmentadas y para quienes han trabajado por períodos prolongados en el sector informal”.
