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“El ciclo de amenazas, agresiones y muertes en contra de los periodistas, lejos de amainar, parece ir en aumento. En lo que va del año, 30 periodistas han caído asesinados en la región, 20 de ellos desde la última reunión en abril, en el que quizá sea el semestre más letal para el desarrollo de la actividad periodística en las Américas, según lo estableció esta asamblea. Ocho profesionales fueron muertos en México, siete en Estados Unidos, dos en Brasil, dos en Colombia y uno en Nicaragua. Todos ellos eran profesionales jóvenes que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades, pero que no resultaban gratas para algunos que comenzaron a hostigarlos, amenazarlos y agredirlos, hasta que los eliminaron físicamente”. Así comienza el informe de las conclusiones de la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
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La Asamblea se celebró en Salta, Argentina, del 19 al 22 de octubre. En su declaración final la SIP sostiene que “los insultos contra la prensa y los periodistas, que en ocasiones toman el carácter de verdaderas campañas de difamación, se han multiplicado en diversos países, como Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Perú. Particularmente grave es esta situación cuando quien insulta o ataca a la prensa es una autoridad pública, que en algunos casos, como en Estados Unidos, puede ser la máxima autoridad de la República. El cuadro que se va configurando es uno que busca impedir la libre actuación de los periodistas, lo que impacta en el ejercicio del derecho a la libre expresión”.
“De las amenazas, en muchos países se ha pasado a la agresión física. Así, en Argentina, en Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú los profesionales de la prensa han debido soportar ataques violentos, intentos de secuestro o asaltos, a menudo con destrucción de sus equipos de trabajo. Las Policías no siempre reaccionan con la debida rapidez ni las autoridades se encargan de proteger a los periodistas. La omisión de las autoridades llega a ser permisiva con los agresores, cuando no despierta sospechas acerca de sus propias intenciones. Las investigaciones, tanto de las agresiones como de los crímenes, son ineficaces o inexistentes, lo que hace aún más serio el atentado a la libertad de prensa, pues los gravísimos ataques contra los periodistas quedan en la impunidad por años, hasta alcanzar la prescripción”, añade la organización.
Polarización y leyes mordaza.
Para la SIP, “la creciente polarización política que se observa en muchas de nuestras sociedades puede estar creando las condiciones adversas para el ejercicio del periodismo”.
“No hay dudas de que ha aumentado el afán por obstaculizar la labor periodística, lo que se manifiesta también en numerosas formas de impedir el acceso a la información pública. En muchos países se ha logrado aprobar leyes que garantizan dicho acceso, pero no siempre los reglamentos permiten el trabajo expedito de conseguir la información. En varios países, como Haití, Honduras y Puerto Rico, aún no se logra que se aprueben las leyes correspondientes, pese a las promesas. La distribución de la publicidad oficial continúa siendo arbitraria o confusa en países como Bolivia, Chile, Guatemala y Honduras”, sostiene la organización continental.
Para la SIP, en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la situación de la prensa independiente “es desastrosa”.
El informe de la Asamblea advierte que existen numerosas iniciativas legales que de ser aprobadas dificultarían la tarea de la prensa y la libertad de expresión.
“En la República Dominicana y Colombia se está procurando obligar a los periodistas a colegiarse; en Chile, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana se encuentran en tramitación proyectos de leyes que introducirían distintas clases de obstáculos a la tarea de los periodistas”, señala.
Para la SIP, en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la situación de la prensa independiente “es desastrosa”.
