En enero de 2016, el presidente Tabaré Vázquez promulgó la ley N° 19.360, que modifica la tolerancia del nivel de alcohol en sangre de los conductores de 0,3 gramos (dos copas de vino) a 0 gramos, es decir (la no tolerancia) nada. Los conductores, a priori, serían los únicos afectados por esta medida que elimina su vínculo con el vino y otros alcoholes. Sin embargo, la nueva regulación movió la báscula de consumo para toda la población.
, regenerado3, regenerado2
¿Qué sucede con el vino en este escenario? La consultora ID Retail, bodegueros nacionales e importadoras de vinos indican que en el último año —desde junio de 2015 a mayo de 2016— hubo un descenso en el consumo de alcohol en bares y restaurantes, y aunque el porcentaje no es oficial, algunas empresas estiman que ronda 7%.
Para el mercado general del vino en Uruguay, que desde hace unos años experimenta una caída anual de entre 4,5 y 5%, lejos de los históricos 70 litros de vinos per cápita por año, en 2008 se bebían 26 litros anuales por persona y en 2015 fueron 22. La normativa no solo profundizó esta situación negativa. Consultados por galería, enólogos y empresarios también señalan que la nueva ley se acompaña de un cambio cultural.
Esta normativa, para Javier Carrau, director de Bodegas Carrau y presidente del Centro de Bodegueros del Uruguay, afecta a los productores de vino, los restaurantes, las gremiales de viticultores y a la familia vitivinícola, pues 99% de las bodegas nacionales son familiares. Para el directivo, a medida que baje el consumo seguirá disminuyendo la producción. “La venta de vino hoy no llega a 55 millones de litros anuales, cuando era de 92 millones” hace unos años, detalló. Y agregó que “por falta de mercado la producción nacional ya disminuye”.
La crítica. Según dijo a galería el enólogo José María Lez, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), “no menos del 70% de la caída del consumo” ocurre en bares y restaurantes.“Estamos muy preocupados con este tema; no se consume vino en restaurantes, los clientes toman refrescos porque no quieren tener un problema”, afirmó Carrau. Comentó, además, que hay países productores de vino como España y Alemania donde la tolerancia es 0,3 gramos y funciona muy bien porque hay controles. “Uruguay estaba en 0,3 y eso era bueno, pero fallaban los controles, no había o eran escasos. Tolerancia 0 es una exageración, no se puede ni tomar una copa de vino en la cena”, sostuvo.
Ante esta situación y en defensa de la producción nacional, Lez opina que, frente a otros alcoholes, el vino tinto tiene propiedades benéficas para la salud. Es rico en antioxidantes que enlentecen el envejecimiento celular, y es un integrante importante en la recomendada dieta mediterránea, declarada en 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por Unesco. Rica en vegetales y frutas de estación, aceite de oliva y carnes magras, esta dieta recomienda una copa de vino tinto de 12 grados de alcohol de 200 a 350 ml por comida. “El gobierno anterior declaró al vino bebida nacional. Esto nos responsabiliza mucho, pues somos productores de una bebida insertada en una dieta de equilibrio, de consumo moderado”, comentó el presidente del Inavi.
Las otras razones. Responsabilizar de este decrecimiento en la industria de bebidas en restaurantes a la nueva reglamentación no es enteramente justo, sino que se suma un factor coyuntural. “Vemos una retracción de la rama de la economía que incluye restaurantes, bares y hoteles”, dijo a galería Alejando Crosa, gerente de Marketing de la distribuidora e importadora Almena. En consulta con varios restaurantes del mercado, manifiestan disminución de comensales de lunes a jueves, que se contrarresta con el flujo de clientes durante el fin de semana, pero en muchos casos no llega a equilibrar la balanza.
A esto se suma, según Crosa, que en el restaurante crece la venta de vino por copa y envases de 3/8 o 187 ml. “Menos personas toman vino en la mesa, por lo que no abren una botella de 750 ml. Y si lo hacen optan por etiquetas de una gama más alta. Gustavo Rodríguez, de ID Retail, llama a este fenómeno una “premiumización” del mercado, una tendencia a elegir alcoholes de mayor valor agregado ya sea en calidad de producto como en marca. Este fenómeno, explicó, es transversal a toda la industria de bebidas alcohólicas y muy claro en destilados. Ejemplificó que si bien la venta de whisky nacional, grappa, caña, ron de bajo precio cayó en los últimos tres años en el entorno de 7%, por primera vez en 2015 la venta de whisky importado superó al nacional. “Medimos la categoría de whisky desde hace 20 años, el single malt era una segmento inexistente hace 5 años, ahora crece a una tasa de 20 a 30% anual”, dijo el consultor.
Para Rodríguez, de ID Retail —que mide el consumo y venta de bebidas alcohólicas en Uruguay—, hay “nuevas situaciones de consumo en el país, como la aparición del concepto de la previa a la salida, momentos menos estructurados”. A este factor él le suma una renovación de hábitos con clientes más audaces, menos prejuiciosos, más abiertos a las nuevas propuestas, que dinamizan un mercado identificado como conservador. Rodríguez señala que estos jóvenes se vinculan con bebidas denominadas “modernas”. Entre ellas se encuentran: mojito listo para el consumo, vodka con sabores, jugos o bebidas energizantes para mezclar con alcohol, entre otros.
Un nuevo factor a contemplar también, en cuanto a la ocasión de consumo, y el cambio de hábitos, según Crosa, es que “creció la ocasión de consumo en las casas; la gente toma menos cuando sale y más en sus casas”. Rodríguez de ID Retail confirma esta tendencia que favorece el encuentro dentro del hogar.
Futuros pasos. En todo caso, todas las industrias manifestaron preocupación por la nueva reglamentación y afirmaron que las intergremiales se han reunido para ver cómo se hará frente a la segunda etapa que propone Presidencia, y que incluye horario explícito para el expendio de bebidas, una nueva tasa para las bebidas alcohólicas y la necesidad de comprar permisos de expendio para los comercios.
Esta reglamentación se discute desde la presentación de un proyecto de ley en 2013, que prevé la creación de la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, que dependerá de la Presidencia de la República y que presidirá la Junta Nacional de Drogas. Entre otras funciones, esta unidad será la que emita permisos a los comerciantes para vender bebidas alcohólicas, y la que fiscalizará una Tasa Preventivo-Sanitaria, un nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas que oscilará entre 3% y 10% en función del grado alcohólico.
Consultados por galería, Lez, Carrau e integrantes de la Comisión Especial de Adicciones en Diputados sobre este nuevo tributo, sostuvieron que si bien trabajan sobre el escenario, no hay novedades al respecto.