Las proyecciones dan como resultado, asumiendo que las ventas son 100, que cuando el “margen bruto” de una compañía —ventas menos gastos, depreciación y exploración— es 40, el “margen neto” que le queda es 28, cuando es 50, el “neto” es 29, cuando es 60 es 28,2 y cuando es 70 es 25,6. A partir de 70 el impuesto se mantiene estable, lo que le deja a la empresa 33,1 de “margen neto” cuando el bruto es 80 y 40,6 cuando es 90.
“Es decir, preferís que tu empresa tenga un ‘margen bruto’ de 50 porque si llega a tener 60 o 70, por los impuestos que te cobra el gobierno, te va a quedar menos ganancia. Es kafkiano”, afirmó Salazar a Búsqueda.
“Visto de otra forma, a partir de que el margen llega a 40 la empresa nunca se lleva más que 29 o 30 así el margen pase a 50, 60, 70. Recién lo hace a los 80. Eso es ridículo porque lo que se intenta es que a medida que se suba, el Estado se lleve un poco más pero no que se lleve absolutamente todo”, agregó.
Actualmente, la regulación minera vigente establece que para dichos casos el rédito que les queda a las empresas es superior. En el caso de un “margen bruto” de 40 a la empresa le queda 30. Cuando el margen es 50 le queda 37,5, cuando es 60 le queda 45 y cuando es 70 le queda 52,5.
“Ahora se les ha ido la mano”, remarcó Salazar.
Pese a ser “un desestímulo muy fuerte a la inversión”, el español dijo que “no es una cosa blanco o negro”.
“Hay un proyecto que se puede hacer en el peor sistema regulatorio del mundo porque la bonanza es muy importante, pero sí es un incentivo importante a no invertir”, añadió.
Salazar presentó estas apreciaciones al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman durante una reunión en la que también estaba el director de Minería y Geología, Pier Rossi, junto a asesoras económicas del Ministerio.
Consultado por Búsqueda, el ministro indicó que en el cálculo hecho por el gobierno “no da el mismo resultado”, pero que “el equipo económico lo está analizando”.
“Nosotros no teníamos ninguna discontinuidad en ese sentido de que te conviene quedarte un poco antes de la facturación porque si no la carga impositiva es tan grande que en verdad tenés menos ganancia. Eso es lo que ellos calcularon, pero a nosotros no nos dio lo mismo”, explicó.
Kreimerman agregó que “todos los sistemas tributarios tiene pros y contras” pero el “sistema mixto que eligió el gobierno, donde hasta cierto momento se le cobra el canon y a partir de cierto momento se le cobra a la ganancia, es un sistema bastante óptimo”.
“Es Aratirí”.
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, resaltó durante el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), que tuvo lugar a principios de diciembre de 2012, la importancia de desarrollar proyectos mineros.
“En el subsuelo, con las reservas ya probadas, estamos en condiciones de asegurar que hay el equivalente anual de U$S 1.500 millones aproximadamente. Y con las reservas que se dice que potencialmente están, estaríamos igualando en capacidad de generación de riqueza, en valuación de un capital con capacidad de generar producción y riqueza por el orden de los U$S 2.500 millones”, dijo Lorenzo.
Agregó que es una “transformación muy importante”, porque “Uruguay, con las reservas probadas y con las potenciales, pasa a formar parte del club de países mineros”.
Sin embargo, para Salazar “esto es una contradicción enorme”, porque si se aprueba el proyecto de ley tal cual fue redactado por el Poder Ejecutivo “nadie va a venir a invertir en Uruguay”. “No hay ningún pensamiento en fomentar al sector minero. Tienen en mente un proyecto que es Aratirí, pero no han pensado en todas las empresas que están haciendo exploración”, agregó.
“Premisas erróneas”.
El documento elaborado por las empresas mineras agrega que la normativa está “basada en premisas erróneas”, como considerar que se da un “incremento en la explotación de minerales metálicos”, cuando “de hecho ha venido decreciendo en los últimos cinco años”, o “en relación a las inversiones en exploración geológica, las cuales se han detenido”.
Utilizar el término minería de gran porte generó risas incrédulas entre los miembros, porque según indican, “en Uruguay apenas hay pequeña minería”.
“Si no comparate con Chile o Perú, como se supone que se hace en la ley. Es una vergüenza”, indicó a Búsqueda uno de los empresarios mineros.
“La definición de minería de gran porte no coincide con los parámetros internacionales” e incluso “se entremezclan parámetros que nada tienen que ver con el tamaño de la operación”, como “la utilización de productos químicos peligrosos”, se indica en el documento.
En este sentido, Kreimerman explicó que se le llama así porque “es relativo a Uruguay y fundamentalmente al tipo de producción, ya con un país cubierto de producción agropecuaria, agrícola, industrial y forestal”.
“Otros países tienen extensiones muy amplias vacías”, pero “para nosotros cualquier terreno importante ya es minería importante”, agregó.
El proyecto de ley establece que sean considerados minería de gran porte los proyectos que tengan una “ocupación de una superficie superior a 400 hectáreas”, una “inversión superior a 830 millones de Unidades Indexadas (UI)” —cerca de U$S 100 millones— y un “valor anual de comercialización” mayor a U$S 830 millones de UI.
Entre los proyectos mineros que están establecidos en el país, Orosur es el único que cumple con los parámetros de minería de gran porte. Anualmente exporta cerca de dos toneladas de oro, mientras que las empresas consideradas grandes a nivel mundial exportan alrededor de 100 toneladas por año.
Entre las principales productoras de oro se encuentran las canadienses Barrick Gold, con 218 toneladas anuales, Kinross Gold, con 74 toneladas anuales, y Goldcorp, con 71 toneladas anuales, las sudafricanas AngloGold Ashanti, con 122 toneladas anuales, y Gold Fields, con 99 toneladas por año, y la norteamericana Newmont Mining, con 150 toneladas por año.