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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó la semana pasada que “continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo” en Argentina, tras enviar por tres días a Buenos Aires una misión internacional de editores.
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“Después de haber escuchado en las últimas 48 horas a más de 100 personas con conocimiento de causa sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina (periodistas independientes o críticos y periodistas alineados con el gobierno, referentes de la cultura, hombres de Derecho, congresistas y editores de los periódicos socios)”, la misión concluyó que “continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo en el país”, denunció la SIP.
La misión, que estuvo en la capital argentina desde el miércoles 5 hasta el viernes 7, fue presidida por Claudio Paolillo (presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario uruguayo Búsqueda) e integrada por Elizabeth Ballantine (vicepresidenta primera de la SIP, “The Durango Herald”, Colorado, Estados Unidos), Fernán Molinos (vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, “La Prensa”, Panamá), Miguel Henrique Otero (presidente de la Comisión de Finanzas de la SIP, “El Nacional”, Caracas, Venezuela), Alejandro Miró Quesada (ex presidente de la SIP, “Cosas”, Lima, Perú), Marco Zileri (vicepresidente regional para Perú de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, “Caretas”, Lima, Perú), Ed McCullough (miembro de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, “Associated Press”, Estados Unidos), Alexandre Jobim (director del Comité Jurídico de la Associaçao Nacional de Jornais, Grupo RBS, Porto Alegre, Brasil) y Julio Muñoz (director ejecutivo de la SIP).
La misión coincidió con la fecha del 7 de diciembre (“7D”) en la que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner esperaba que cayeran la medida cautelar dictada por la Justicia para aplicar dos artículos de la “ley de medios”, impugnados por el Grupo Clarín por presunta inconstitucionalidad. La aplicación de estos artículos determinaría el desmembramiento del Grupo, crítico del gobierno kirchnerista.
El jueves 6, la Cámara de lo Civil y Comercial hizo lugar al pedido de Clarín de extender la medida cautelar hasta que se defina el tema de fondo, que es la constitucionalidad (o no) de la ley. El gobierno apeló el fallo pero para la resolución del caso habrá que esperar.
Reflexión en el Senado.
El viernes 7 por la mañana, la misión de la SIP, junto con las senadoras María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), Norma Norandini (Frente Amplio Progresista) y Laura Montero (Unión Cívica Radical), organizó en el “Salón Illia” del Senado argentino una jornada de reflexión sobre el estado de la libertad de expresión en el país.
Fueron invitados a disertar los periodistas Nelson Castro, Carlos Ares, Carlos Torrengo, Magdalena Ruiz Guiñazú, Alfredo Leuco, Pepe Eliaschev y Jorge Lanata.
“Sin el fallo judicial (de prorrogar la medida cautalear), hoy estaríamos a las orillas de quedarnos sin República. Y cuando no hay República, sufre la ciudadanía porque el periodismo libre y honesto es fundamental para la democracia”, dijo Castro.
“En los ‘70, la SIP habló de los desaparecidos mientras los Kirchner vendían departamentos en el Sur”, dijo a su vez Jorge Lanata. Agregó que “lo menos importante del ‘7D’ es Clarín. Lo que se discutió en los últimos días fue la libertad de prensa en la Argentina”.
Para Leuco, el gobierno “aplicó el apriete y las presiones a los anunciantes para que no pongan sus avisos en los medios enemigos y se generó un ataque feroz a los periodistas desde los canales públicos para desprestigiarlos”.
“Ellos vinieron a decir que iban a pluralizar la información, pero en sus propios medios impusieron un comisariato político. No hay una sola voz crítica en los medios oficialistas”, dijo Eliaschev.
Al final de la reunión, Montero, Morandini y Estenssoro entregaron a la comitiva de la SIP un documento de legisladores opositores en el que afirman que “Argentina camina peligrosamente hacia el control estatal de los medios de comunicación”.
“Hostigamiento”.
Al culminar su serie de entrevistas, la SIP dijo que “en Argentina la crítica no está criminalizada penalmente, pero el gobierno se ocupa de desacreditarla socialmente desde el poder, mediante el hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos, algunos de los cuales son mencionados explícitamente por la presidenta de la Nación en cadenas de radio y televisión”.
”La publicidad oficial continúa siendo distribuida para favorecer, en general, a los medios ‘amigos’ y castigar a los que el gobierno ve como ‘enemigos’, con dinero que es propiedad de todos los ciudadanos argentinos”, añadió.
Los delegados de la SIP recibieron “informes sumamente inquietantes” de periodistas, políticos opositores e intelectuales independientes sobre el futuro de la libertad de expresión.
La acometida gubernamental, precisaron, sobrepasa los intereses económicos y empresariales del Grupo Clarín y pone en juego la vigencia de la libertad de prensa. Si el kirchnerismo logra “desmembrar” al multimedios “los argentinos quedarían rehenes del ‘relato’ oficial porque el gobierno daría de oficio a sus ‘amigos’ los medios que eventualmente le quite a Clarín”.
La SIP manifestó además su “perturbación” por los ataques directos del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
