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Estudio revela inequidad en el acceso a fármacos de alto costo
Los medicamentos que sirven para tratar tres tipos de cáncer están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos; es la primera investigación cuantitativa sobre el tema
Un estudio médico sobre el acceso de la población uruguaya a medicamentos oncológicos de alto costo incluidos en la cobertura del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) demostró que existen “inequidades” entre los pacientes que se atienden en el sector público y el privado y entre usuarios de diferentes zonas geográficas del Uruguay. Se trata del primer estudio cuantitativo que determina el acceso a estos fármacos y que además cuenta con la opinión de 15 expertos que intentan explicar las causas que generan las diferencias entre las poblaciones.
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“El acceso equitativo a la canasta de prestaciones cubiertas por el SNIS sigue siendo un área que requiere de la definición de acciones para subsanar inequidades. El financiamiento de prestaciones de alto costo ofrece requerimientos igualitarios para todos los usuarios del sistema de salud, lo que no significa que sea equitativo”, dice el documento —al que accedió Búsqueda— en sus recomendaciones finales. Y señala que es “necesario” que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) “adapte los procesos y requerimientos de acuerdo a las características de las poblaciones y a las capacidades de instituciones específicas”. Los diferentes niveles de acceso fueron determinados para tres fármacos oncológicos mediante el cruzamiento de información epidemiológica y datos de reembolso. Los medicamentos son el bevacizumab para el tratamiento de cáncer de colon-recto metastásico en primera o segunda línea, rituximab para el tratamiento de linfoma no Hodgkin y trastuzumab para el tratamiento de cáncer de mama HER2+ avanzado. Según el informe, los tres tratamientos fueron seleccionados por su alto número de indicaciones por año y porque Uruguay cuenta con datos epidemiológicos en cáncer de buena calidad discriminados por departamento. Además porque los tres medicamentos se encuentran financiados en forma centralizada para todos los usuarios del sistema de salud.
Para determinar los niveles de acceso entre diferentes grupos se dividió al país en cuatro regiones que agrupan diversos departamentos: sur (Montevideo y Canelones), oeste (San José, Colonia, Soriano, Río Negro, Durazno, Flores y Florida), norte (Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó) y este (Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha). Los usuarios también fueron divididos según los que se asisten en el sector público y el sector privado.
Los datos del informe muestran que el acceso de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico al tratamiento con bevacizumab, es similar entre las diferentes regiones del país. Sin embargo, el acceso de los pacientes que se asisten en el sector público “parece ser menor” respecto a los del sector privado. Esto se evidencia en que se tratan 40 nuevos pacientes por año en el sector público en todo el país, y la estimación de pacientes a tratar es de 82 nuevos casos por año, se explica en el documento.
En el caso de rituximab para el tratamiento de linfoma no Hodgkin, los resultados “parecen mostrar un menor acceso” para los pacientes que residen fuera de la región sur, dado que se tratan 71 nuevos pacientes por año y la estimación que considera la región sur como mejor situación de acceso resulta en 97 pacientes a tratar. Acceden un 27% menos de los que tendrían que acceder. En el mismo sentido, los pacientes que se asisten en el sector público “parecen tener un menor acceso” al tratamiento. Actualmente se atiende a 61 usuarios del sistema público y deberían tratarse por año 107.
En pacientes con cáncer de mama HER2+ avanzado que requieren tratamiento con trastuzumab, los resultados “son similares a los casos anteriores”. En las regiones no sur se tratan 24 pacientes por año, y la estimación considerando la región sur como mejor alternativa de acceso resulta en 36 casos a tratar.
En tanto, los pacientes del sector público “parecen tener un menor nivel de acceso” respecto a los del sector privado. Allí se tratan 19 casos por año y la estimación de pacientes a tratar resulta en 54. “En las diferencias entre públicos y privados se hace la estimación suponiendo que la incidencia del cáncer se distribuye en forma directamente proporcional a los números de usuarios de cada subsector”, explicó a Búsqueda uno de los autores del informe.
Causas.
La investigación fue realizada de manera independiente por un grupo de profesionales, que contaron con el apoyo de la fundación Augusto Turenne del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Unos 15 expertos clínicos fueron consultados sobre las causas que generan inequidad en el acceso a estos medicamentos de alto costo. Las opiniones indicaron que las dos principales limitantes se vinculan, en general, al funcionamiento del financiador y a la comunicación entre este y los especialistas. El multiempleo de los especialistas y el pago por parte de los pacientes de estudios definidos en la pauta que no están incluidos en la cobertura, siguen en relevancia como limitante general en el acceso. Como ejemplo de esto se señala que algunos pacientes deben pagar hasta 400 dólares por un único estudio necesario para acceder al tratamiento. “Los resultados muestran que la mejora en el acceso podría lograrse mediante la reducción del impacto de los pagos y copagos al momento de acceder a un tratamiento de alto costo y durante su seguimiento”, sugiere el informe.
La principal barrera de acceso para pacientes que se asisten en instituciones o prestadores situados fuera de la región sur, es la dificultad de acceder a los estudios definidos en las pautas de cobertura en tiempo y forma. La calidad del diagnóstico, la disponibilidad de personal dedicado a coordinar la solicitud de financiación del tratamiento, y el momento del diagnóstico son las que siguen en relevancia.
Respecto a las causas que pueden generar inequidades entre los usuarios que se asisten en el sector público o privado, se indica como la más relevante el momento del diagnóstico, seguida del apoyo familiar para afrontar este tipo de tratamientos, los copagos que cobra el sistema de salud a los usuarios del sector privado y la diferencia entre subsectores en el estado de salud general de los pacientes.