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En una de las últimas medidas que tomó como fiscal de crimen organizado, Mónica Ferrero —quien el viernes 13 será sustituida por el fiscal Gilberto Rodríguez— pidió a la jueza Adriana De los Santos que cite a declarar para los próximos días como indagados a tres técnicos de UTE que están presuntamente involucrados en maniobras irregulares para adjudicar licitaciones a empresas privadas, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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La fiscal también pidió que se cite, pero en este caso en calidad de testigo, al ex vicepresidente de UTE Pedro de Aurrecoechea, quien posee un porcentaje menor del paquete accionario de la empresa Ciemsa, que fue la ganadora de una polémica licitación para el mantenimiento de centrales térmicas.
Si bien la indagatoria que se hizo en la Policía no encontró elementos como para involucrar a De Aurrecoechea, la representante del Ministerio Público considera que hay algunos episodios que no están claros y que deben ser precisados por el ex jerarca, como el hecho de que no declarara su participación en esa empresa privada en un comité interno de UTE que procura evitar los posibles conflictos de interés.
La denuncia en crimen organizado por estos episodios fue presentada por el propio presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, quien fue advertido de que en la compañía estatal podrían estar sucediendo hechos irregulares en las licitaciones. Ante esa sospecha y la posibilidad de que esos hechos tuvieran apariencia delictiva, el jerarca realizó la denuncia en crimen organizado, que dispuso escuchas telefónicas y otra serie de medios de prueba electrónicos.
Una investigación administrativa llevada a cabo por el abogado Álvaro Richino después de presentada la denuncia concluyó que debe iniciarse sumario a tres funcionarios de UTE que deben ser trasladados de sus cargos como medida cautelar.
La investigación encontró varias irregularidades en los procedimientos del ente en compras y licitaciones, entre las que figuran sobreprecios de más del 100%, falta de controles internos en los gastos, y procedimientos de decisión “discrecionales”.
La investigación se basó en decenas de testimonios y expedientes y analizó “al menos diez licitaciones”.
El documento reconoce la falta de controles efectivos de otras dependencias respecto a los gastos de los departamentos ejecutantes y advierte que los funcionarios de las áreas que solicitan las licitaciones tienen una influencia decisiva en la selección de las empresas adjudicatarias.
La investigación detectó una “debilidad muy importante” en los sistemas internos de control del gasto y en que en varios casos no existen documentos que respalden fehacientemente la solicitud de estudios complementarios que terminaron aumentando el costo de una licitación.
La auditoría “no descarta” que exista “colusión” entre los trabajadores de UTE y terceros, y por eso mismo dispone el sumario de los técnicos y la profundización de la investigación (Búsqueda Nº 1.700).