Datos por cable.
Respecto a la primera pregunta, acerca de pedidos para dar servicios de datos por cable terrestre, la Ursec presentó una “nómina de empresas con sus respectivos números de expedientes que solicitaron el otorgamiento de una licencia Clase B”. La licencia clase B, según la definición del propio organismo regulador, “habilita la prestación de todos los servicios de transmisión de datos que resulten técnica y jurídicamente factibles conforme a la legislación vigente, utilizando como soporte la red, medios o enlaces propios o de otro prestador, en las condiciones que se pacten libremente entre las partes”.
De acuerdo a la lista que elaboró la Ursec, 21 empresas pidieron entre el 2002 y el 2012 que se les otorgue esa licencia.
Se trata de Fray Bentos Video Cable, Horacio Corvo (Carlos Reyles), Durazno TV Cable, Cable Plus SA (Ciudad de la Costa), Riselco SA (Montevideo), Monte Cable Video SA (Montevideo), Korfield SA (Colonia), Canelones CV Color SA, Praiamar SA (Pando), TV Cable SRL (Sauce-San Jacinto), Marcel Latorraca (Florida), Tecnilo SA (Dolores), Anzomar SA (Cardona), Latinsol SA (Fray Bentos), Cablevisión Soriano, Trinidad Video Cable, Cable Color Maragato (San José), Consorcio La Paz-Las Piedras, Alditur SA (Mercedes), Cavi SRL (Treinta y Tres) y Consorcio San Fernando (Maldonado).
En la actualidad solo Antel está autorizado a brindar servicios de transmisión de datos por cable terrestre, ya sea de cobre o fibra óptica. En el caso de las empresas de televisión por cable que pidieron poder transmitir datos, la infraestructura que usarían es el cable coaxial por el que transmiten sus emisiones, que también tiene capacidad para brindar Internet.
TV satelital.
Como respuesta a la segunda pregunta, sobre televisión satelital, Ursec envió una “nómina de empresas con sus respectivos números de expedientes que solicitaron operar en el sistema TDH”, además de tres resoluciones. De esa información surge que en los últimos diez años por lo menos once empresas pidieron operar televisión satelital en Uruguay.
Según la lista del organismo regulador, las empresas Cable Plus SA (Canelones), Miguel Bidarte (Tacuarembó), TV Cable San Carlos SRL (Maldonado), Ruben W. Coutinho (Tacuarembó), Marcel Latorraca (Florida), Bruster SA (Canelones), Val SRL (Canelones) y Video Cable Rivera SRL (Rivera) pidieron autorización para desarrollar esa actividad entre el 2010 y el 2013. Sin embargo, la nómina entregada por la Ursec no especifica si esas solicitudes fueron aceptadas o negadas.
Además, en el 2004 se concedió a la empresa Ñande Tanga Ltda autorización para prestar el servicio de televisión para abonados y operar televisión satelital “a empresas agropecuarias ubicadas en zonas rurales del interior del país y en aquellas en que no existan otros servicios de televisión para abonados, excepto televisión satelital”.
Las dos principales multinacionales privadas de telecomunicaciones que operan en Uruguay, Claro y Movistar, también solicitaron autorización para dar el servicio. En el caso de Claro, la Ursec accedió al pedido en el 2008 pero fue revocado al año siguiente. Claro fue a la Justicia, que le dio la razón, pero en mayo de este año el presidente revocó el permiso por razones formales, ya que las acciones de la sociedad anónima que había hecho la solicitud, Flimay SA, no eran nominativas. La solicitud de Movistar fue denegada al mes siguiente por la misma razón.
“Va a haber alternativas”.
Durante las dos administraciones del Frente Amplio el gobierno intentó proteger a Antel de la competencia de empresas multinacionales que cuentan con más recursos, por lo que rechazó sistemáticamente la posibilidad de que empresas privadas transmitan datos por cable o instalen redes de fibra óptica. A su vez, para contemplar los intereses de las empresas uruguayas de televisión para abonados, se cerró el mercado a nuevos operadores de televisión satelital.
No obstante, desde el oficialismo ahora se abre una puerta a que esa situación pueda cambiar.
El martes 17 al mediodía la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, que reúne a las principales compañías privadas del rubro, celebró su reunión de fin de año en la sede de la Cámara de Comercio y Servicios, donde debatieron diputados de los cuatro partidos políticos que están en el Parlamento.
El presentador Aldo Silva moderó la discusión planteando preguntas que reflejaban las principales inquietudes de la Cámara.
“¿Consideran que debería permitirse ingresar a otros operadores para brindar servicios de datos en Internet?”, preguntó primero. El diputado colorado Walter Verri dijo que sí porque la competencia “hace muy sanos a los mercados” y “los privados están en perfectas condiciones de poder dar esa competencia”.
El frenteamplista Carlos Varela, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, sostuvo que su partido también cree en la competencia pero no en su “valor absoluto”. Dijo que ese principio “debe convivir” con otros, como “el derecho de todos a acceder a los servicios de telecomunicaciones” y “para eso la empresa nacional de telecomunicaciones juega un papel clave”.
Sin embargo opinó que “lo peor que podría pasar a cualquiera que tenga una responsabilidad de gobierno es tener una actitud dogmática o negar los posibles cambios en la dinámica de un mercado tan particular”. Por eso dijo que “es posible imaginar un camino hacia un sistema más flexible de participación de todos los actores, incluyendo la transmisión de datos (...) pero preservando la fortaleza y el papel estratégico de la industria nacional”.
Varela adelantó que “va a haber alternativas” porque “la vida no se congela en una realidad”.
“En un país que está esperanzado en tener un desarrollo muy importante en los próximos años (...) tenemos que estar abiertos a imaginar otras opciones”, sostuvo. “Hoy tenemos una posición definida. (...) Esa posición puede irse modificando si las condiciones así lo requieren”, agregó.
El moderador también preguntó si “debería permitirse el ingreso de nuevos operadores” para brindar televisión satelital.
La diputada blanca Verónica Alonso respondió “sin ninguna duda que sí” porque “no hacerlo implica un perjuicio para el país”, es “una pérdida social y los primeros afectados son los ciudadanos”.
Iván Posada, legislador del Partido Independiente, lamentó que en las telecomunicaciones haya “un problema de ejercicio monopólico de hecho, porque además no está consagrado por ley, en lo que tiene que ver con la transmisión de datos, y esto genera un perjuicio para el propio desarrollo económico del país”.
Al final del acto el presidente de la Cámara de Telecomunicaciones, José Pedro Derrégibus, opinó que “el gran beneficiario” de que haya competencia “es el destinatario de los servicios y no hacerlo atenta contra la libertad porque elegir cuando hay una sola opción no es elegir”.
