La directora de Planificación Estratégica de la IM, Ana María Martínez, explicó a Búsqueda que la instalación de un parque eólico implicaría que la administración “se transforme en un generador de energía”, rol que no está en sus cometidos básicos pero que tiene la facultad de asumir.
Si bien inicialmente la IM estudió la posibilidad de instalar un parque eólico en el departamento, a partir de la firma en 2010 de un acuerdo con las intendencias de Canelones y San José para desarrollar estrategias regionales “se empezó a trabajar la posibilidad de que el parque eólico pudiera ser un proyecto metropolitano”, añadió.
“Este es uno de los proyectos más complejos y más costosos” del plan de energía, puntualizó la jerarca, y por esa razón es “una de las decisiones mas delicadas”. En ese sentido señaló que la concreción final del proyecto depende, entre otras cosas, de los resultados del análisis de su viabilidad económico-financiera.
El objetivo es que el proyecto redunde en un ahorro para la administración, lo que dependerá del precio que pague la estatal de energía UTE por el megavatio (MW), el costo de la instalación y operación del parque y el rendimiento de los molinos.
De todas formas, “la intendenta ha sido muy clara al definir la continuidad del proyecto y se va a seguir trabajando en esto”, afirmó Martínez.
Eficiencia energética.
A partir de un acuerdo marco que firmó en 2006 con la Dirección Nacional de Energía, la Intendencia asumió un “fuerte compromiso con la construcción de una política energética departamental”, en consonancia con las metas que se planteaban desde el gobierno nacional: diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los derivados del petróleo y lograr mayor participación de las fuentes de energía renovables.
A continuación la IM creó una Comisión de Energía, integrada por técnicos de distintas divisiones, y le encomendó elaborar un plan estratégico de energía.
En la primera etapa del plan se realizó un diagnóstico del comportamiento energético de Montevideo, que evidenció que el sector residencial, seguido por el transporte público, son las áreas de mayor consumo de energía. Aquí se abrió un campo de acción para la IM, ya que tiene “un rol regulador respecto a los dos sectores”, explicó Martínez.
La administración adoptó medidas tendientes a disminuir el consumo de energía: reglamentó la instalación de colectores solares térmicos, aprobó una normativa de aislación térmica para reducir el acondicionamiento artificial de las viviendas y decretó la exoneración de la contribución inmobiliaria a las construcciones que incorporen criterios de eficiencia energética.
La Intendencia también es consumidora de energía: demanda unos 90 MW/hora por año. El 75% de este consumo se destina al alumbrado público. El resto de la demanda proviene de las estaciones de bombeo de la red de saneamiento y de los casi 300 edificios que posee la IM, entre policlínicas, teatros, museos y otros.
“Por eso importa que seamos eficientes”, dijo Martínez. El gobierno departamental sustituyó equipos de aire acondicionado y monitores por equipos más eficientes, gracias a un convenio con UTE. Cambió 3.000 luminarias en el alumbrado publico y está llevando a cabo un proyecto piloto con la instalación de solares térmicos para calentar agua en vestuarios de la comuna.
Con estas acciones ya estaba en marcha la segunda etapa del plan —que se aprobó en 2010—, en la que se definieron objetivos y estrategias. Y finalmente la Intendencia concretó la última etapa del plan, que define las acciones de corto mediano y largo plazo. El documento, que también crea un gabinete de energía, fue presentado al gabinete semanas atrás y se aprobó el lunes en el acuerdo semanal.
Parque eólico.
Además de reguladora y consumidora, la IM podría transformarse en generadora de energía. “Si bien no es un cometido básico, la Intendencia tiene la facultad de tomar la iniciativa”, señaló Martínez.
“Es un camino que se viene recorriendo desde hace algunos años”, dijo.
El primer paso fue la elaboración, en 2008, de un mapa eólico departamental para “evaluar la disponibilidad del recurso viento y la factibilidad para generar energía en distintos puntos del territorio”.
El resultado del estudio —que se hizo en convenio con la Facultad de Ingeniería— fue muy favorable: todo el territorio es apto para generar energía eólica. No obstante, se detectaron algunos puntos más idóneos, como la zona de Cuchilla Pereyra.
Luego se hizo un prediseño del parque y un análisis de factibilidad económico-financiera en función de los costos. El proyecto inicial requería una inversión de unos U$S 80 millones.
“Es una inversión muy importante, y también son importantes los costos de operación y funcionamiento”, explicó Martínez. “El objetivo es que en la medida en que el gasto inicial pueda ser recuperado en un período de tiempo menor a la vida útil de los molinos, se estaría generando un ahorro”.
Una vez que se determina el lugar exacto donde se ubicará el parque, hay que tomar “medidas de viento de larga duración”, explicó Martínez. Se instalan los medidores durante al menos un año para conocer el comportamiento del viento durante el día y las distintas estaciones del año, y así se determina la capacidad y el rendimiento de los equipos.
El siguiente paso es elaborar el proyecto ejecutivo. “Se haría un llamado a una consultoría para el análisis de las distintas alternativas del modelo de gestión”, dijo. “Está claro que la IM no va a gestionar en forma directa un emprendimiento de este tipo; puede haber una asociación público-privada, un fideicomiso, una concesión”, precisó. En el llamado se pediría también un estudio de impacto ambiental que contemple los efectos visuales, acústicos y la compatibilidad con las actividades del entorno.
Martínez explicó que ya estaba previsto hacer las mediciones en Cuchilla Pereyra, cuando la Intendencia comenzó a avanzar en la integración metropolitana y surgió la posibilidad de que el parque eólico sea un proyecto regional, lo que abre la posibilidad a otras localizaciones.
Canelones y San José son departamentos con una superficie mucho mayor, tienen una tasa de urbanización más baja y valores del suelo también más bajos, lo que resulta ventajoso para el proyecto, señaló.
El nuevo panorama “implica un montón de cosas, como resolver de qué forma participa cada intendencia y cómo se organiza el modelo de gestión. El parque sería para el consumo de las tres intendencias, tendría otros dimensiones y de pronto hay que instalar más de uno”.
Martínez explicó que todos estos aspectos serán evaluados por el gabinete de energía y en los ámbitos de integración metropolitana.
“Queremos seguir adelante por varios motivos: primero, porque podría resultar un ahorro en el consumo energético de la Intendencia —afirmó—. Por otro lado, es una señal importante a la población de que la Intendencia está en este camino, está promoviendo las energías renovables y da el ejemplo al sector privado”.