Gestionar un servicio, adquirir predios, financiar y refinanciar, subsidiar parte del pago, ofrecer descuentos para el que abone al contado y hasta condicionar el suministro del producto al pago previo. Estas y varias más son las medidas que aplican las empresas públicas que intentan lidiar con las millonarias deudas de varias de las intendencias departamentales.
Según un relevamiento de Búsqueda, las intendencias morosas le deben a la estatal de energía eléctrica UTE y a la petrolera Ancap unos U$S 160 millones. La que acumula más deuda es Canelones, con U$S 7 millones a Ancap y más de U$S 17 millones a UTE. Tacuarembó, Paysandú, Colonia y Rivera la siguen en la cantidad de deuda con UTE.
Búsqueda solicitó la información de la deuda que acumulan las intendencias con la empresa de telefonía Antel, pero la compañía estatal de telecomunicaciones respondió que esa información es “clasificada”. OSE tampoco aportó los datos pedidos.
Predios por la deuda.
En Ancap, los saldos de consumo que mantienen las comunas son por combustible, asfalto y portland, explicó a Búsqueda el gerente de Servicios Compartidos, José Coya.
Las intendencias de Canelones, Cerro Largo, Río Negro y Soriano son las que tienen una deuda “que no es del consumo del mes anterior” y que superan el millón de dólares.
“Todas las intendencias están en convenios de pago. Además el consumo actual está condicionado a su pago en el momento, si no lo paga se lo cortamos”, agregó.
Coya señaló que en el caso de Canelones, que debe $140 millones (U$S 7 millones) “se está en plenas negociaciones para cancelarla”.
Sostuvo que ese acuerdo implicará el pago de una parte con dinero y otra parte con bienes inmuebles o predios de la comuna. Los predios podrían ser usados por Ancap para instalar nuevas estaciones de servicio. Varios de los padrones comunales que se manejan están sobre la ruta 5 y en los accesos de ruta 8, según Coya.
Río Negro, que debía a finales de abril $ 25 millones, “está en un convenio en cuotas no menores a $ 500.000” y Cerro Largo, que debía $20 millones, “está pagando y le quedan $ 3 millones”, dijo el jerarca.
Subsidio alumbrado.
En UTE la situación es más compleja: varias de las intendencias arrastran deudas de decenas de años y por ello los montos a cobrar son muy superiores.
Así, del total de U$S 160 millones, 150 son deuda con UTE, que el ente aspira a cobrar aplicando una batería de medidas, aunque los jerarcas saben que tardarán más de 60 años en saldar todos los atrasos.
Hasta el 2011 el panorama se mantenía estancado, pero con la promulgación de la ley 18.860 todo cambió: es que en su capítulo II la ley establece una serie de subsidios para la “extensión y fomento de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado público departamentales”.
Fuentes técnicas de UTE dijeron a Búsqueda que hay dos tipos de facturación por alumbrado público: uno es el “medido”, que está integrado a la red de UTE y que ya está regularizado; el otro es “por conteo” y está relacionado a una serie de postes de alumbrado que no están regularizados en la red y por lo tanto su facturación se hace tomando un promedio.
La ley estableció que al 1º de enero del 2012 los subsidios del Poder Ejecutivo serían del 40% de la facturación de energía eléctrica medida de cada intendencia.
De este subsidio, el 10% se utiliza exclusivamente para pagar las deudas que tenga la comuna con UTE. Así, cuanto más porcentaje de alumbrado “medido” tenga la intendencia mayor será el subsidio y más, rápido saldará su deuda.
No obstante, debido al monto de algunas deudas (que superan los $ 400 millones) si solo se aplica esta forma de pago algunas comunas tardarán más de 60 años en repagar su deuda.
Los subsidios se aplican sobre la facturación medida para promover que las intendencias regularicen su alumbrado público. Hay comunas, como la de Lavalleja, que tienen un 93% del alumbrado “medido”, mientras que otras como Rivera tienen menos del 30%.
Montevideo, que es la que más consume, tiene un 60% en facturación medida y en Canelones, que es la que tiene más deuda, es del 50%.
Para beneficiarse de estos subsidios, las Intendencias debieron pagar todas sus facturas del 2011 y comenzar a pagar en fecha a partir del 2012, algo que se mantiene hasta ahora.
Además suscribieron un convenio con UTE para establecer la forma de pago de sus deudas por todo concepto anteriores al 2011.
Aparte del 40%, la normativa fija un subsidio de 10% para 2013 y otro igual en 2014 destinados “a mejorar la eficiencia energética”, totalizando un 60% de subsidios sobre la energía eléctrica medida que se les factura a las intendencias. Estos subsidios adicionales estarán supeditados a que las comunas cumplan con las condiciones de pago establecidas.
Por su parte UTE distribuirá un millón de dólares por año para la mejora de la eficiencia de los alumbrados.
Las intendencias de Lavalleja, Maldonado, Montevideo y San José no tienen deudas de ningún tipo. Entonces reciben el dinero correspondiente al subsidio y lo distribuyen como quieren, explicaron las fuentes.
Convenios y gestión.
Las autoridades de UTE están conformes con los convenios porque “organizaron” un complejo sistema de cobros y se “encaminó el pago” de todas las comunas deudoras.
De hecho, desde la firma del convenio las comunas de Durazno y Soriano ya regularizaron sus deudas. Estas intendencias también van a recibir los subsidios y los distribuirán como mejor lo estimen.
Además del pago con el 10%, la ley estableció que todas las comunas deudoras deberán traspasarle a UTE la tasa que pagan los ciudadanos por alumbrado público. El ente les hace la gestión de cobro de alumbrado a las intendencias y se lleva una parte de esa tasa para saldar las deudas.
En UTE impulsaron también tres opciones complementarias al convenio. Si la comuna quiere pagar la totalidad de la deuda, se le descuenta el 50%. Otra opción para obtener descuentos es pagar por encima del 10% fijado en la ley.
