Las operadoras privadas de telecomunicaciones no están de acuerdo con las subastas de espectro que se dispone a realizar el Poder Ejecutivo porque consideran que se privilegia a Antel, reservándole “la mejor parte” y dejando “migas” para el resto.
Las operadoras privadas de telecomunicaciones no están de acuerdo con las subastas de espectro que se dispone a realizar el Poder Ejecutivo porque consideran que se privilegia a Antel, reservándole “la mejor parte” y dejando “migas” para el resto.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáUna de ellas —la española Movistar— presentó un recurso ante el Ministerio de Industria contra los decretos que determinan las condiciones de las subastas, aprobados en noviembre del año pasado.
Además la empresa denunció a Antel por hacer uso de frecuencias sin tener autorización. La denuncia está en estudio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), que ya comprobó que la estatal está usando más espectro del que tiene autorizado, informaron a Búsqueda técnicos del organismo regulador.
Pese a ello, la Ursec todavía no resolvió si sancionará a la empresa estatal. “Se tiene que determinar si lo que está sucediendo es un tema técnico o es un problema hecho exprofeso por parte de Antel”, dijo el director nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, al ser consultado sobre la denuncia.
En caso que la Ursec “decida aplicar una sanción o entienda que hubo un accionar exprofeso por parte de Antel”, el tema se elevará a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) para que lo evalúe, explicó.
Por otra parte, informó que la Dinatel analiza la posibilidad de incrementar el espectro para subastar, luego de recibir reclamos por parte de Movistar y Claro.
El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones, como la radio, la televisión, Internet, la telefonía móvil, entre otros. Es un recurso escaso y es administrado por el gobierno, que asigna frecuencias —mediante procedimientos competitivos u otros mecanismos— a los operadores interesados en prestar esos servicios. Con el avance y la expansión de las telecomunicaciones, los prestadores necesitan cada vez más espacio de ese espectro para responder a la demanda y desarrollar nuevos servicios.
Ante el interés de las operadoras uruguayas de disponer de más espectro, el Poder Ejecutivo resolvió hacer nuevas asignaciones que reglamentó en dos decretos aprobados en noviembre de 2011.
Por una parte autorizó la asignación de frecuencias en las bandas 900 y 1900 Mhz a través de una subasta y por otra parte reservó espacio para Antel. También habilitó un procedimiento competitivo para asignar espectro en las bandas 1700/2100 y reservó a Antel frecuencias en esas bandas.
Para las empresas privadas de telecomunicaciones en la redacción de estos decretos el gobierno reserva “la mejor parte para uno y las migas para el resto”. Así lo planteó semanas atrás el presidente de la Cámara de Telecomunicaciones, José Pedro Derrégibus, en el Parlamento.
“Señores, no regalemos espectro a uno, mientras se lo retaceamos a otro”, dijo el 13 de junio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Según los datos que presentó Derrégibus ante los legisladores, en la actualidad el uso del espectro radioeléctrico está dividido entre los operadores de la siguiente manera: Antel tiene 115 Mhz, Movistar 45 y Claro 30 Mhz.
Para el empresario, los decretos no subsanan las diferencias sino que las acrecientan, porque otorgan a Antel el 80% del espectro a asignar y sólo disponen el restante 20% para subastar.
Movistar y Claro plantearon esta situación ante la Ursec y la Dinatel y solicitaron que se amplíe la cantidad de espectro para subastar.
En consecuencia, la Ursec realizó estudios técnicos para evaluar el pedido y concluyó que es posible acceder a la solicitud y aumentar la cantidad de frecuencias para asignar. El informe se elevó a la Dinatel para que resuelva si se accede a la solicitud. “Si hay factibilidad técnica no hay problema en agregar (frecuencias). Todo indica que es posible y vamos camino a eso”, informó De Cola.
También está a estudio de esa oficina el recurso presentado por Movistar contra los decretos sobre las subastas.
Derrégibus manifestó en la comisión que la reserva de espectro para Antel está “en contra de lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) estableció” que está permitido por las normas. En junio de 2011 el Tribunal resolvió anular el acto por el cual el Poder Ejecutivo otorgó frecuencias a Antel en la banda 900, al considerar que “el hecho de desconocer que existen otros operadores en el mercado que tienen interés en explotar la misma banda, vulnera los principios de igualdad y libre concurrencia”.
Luego de esa sentencia la Ursec intimó a Antel a abandonar esas frecuencias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, le reservó otras frecuencias dentro de la misma banda. Por lo tanto, Antel no deberá dejar de usar esa parte del espectro, sino que debe migrar de las frecuencias que usa a las nuevas que se le asignaron.
Ese procedimiento es criticado por Derrégibus, que califica la situación de “irregular y antijurídica, y que se laudó exactamente en forma contraria por el TCA en un caso anterior”.
“Estamos en ese largo proceso de presentación de recursos, durante el cual las frecuencias que indebidamente se autorizaron y que sin ningún tipo de permiso continúan utilizándose, generan un daño al mercado”, se lamentó.
Sobre este punto De Cola informó a Búsqueda que Antel presentó un plan para migrar a las frecuencias que el decreto le reserva, que fue aprobado por la Ursec. No obstante, aún no inició el traslado porque todavía no se concretó la subasta. “Cuando esté confirmado que la subasta se realiza en esas frecuencias y se apruebe el pliego de las bases” Antel comenzará a ejecutar el plan de migración con un plazo de 60 días.
“Este es un proceso que va a terminar con las asignación (de frecuencias en la banda 900), así que no tiene sentido hacer caer los servicios y afectar a la población cuando se va a resolver”, añadió.