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Cuatro personas recuperaron su libertad en los primeros días de setiembre de 1984 tras ser declaradas inocentes, luego de haber permanecido presas como culpables entre dos y ocho años. El hecho replanteó la vieja discusión acerca de los métodos empleados por la Policía para obtener las “confesiones” y los tremendos errores de la Justicia penal.
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Pese a que el ministro del Interior, general Julio César Rapela, expresó que ”el Poder Judicial está desarmado, puesto que si una persona confiesa el juez no tiene otro camino que procesar”, Héctor Clavijo, dirigente del Movimiento Nacional de Rocha, abogado defensor de presos acusados del delito de subversión, dijo que “sin apremios físicos, nadie normalmente confiesa un delito que no ha cometido”.
Abogó por la creación de una policía judicial que haga sus propias indagaciones sin perjuicio de las efectuadas por la Policía. En un editorial del semanario “Opinar”, su director y candidato a la Vicepresidencia Enrique Tarigo coincidió totalmente con el planteo de su colega nacionalista, diciendo que la policía judicial era “una necesidad imperiosa” y un largo reclamo ya desde antes del gobierno de facto.