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En círculo políticos y militares dominaba la impresión de que a medida que se sucedían las reuniones, el acuerdo estaba cada vez más próximo, y se esperaba que culminara en pocas horas, lo cual finalmente ocurrió el 3 de agosto. No obstante el miércoles 25 de julio, el comandante en jefe general Hugo Medina expresó su preocupación frente a ciertos hechos que podían actuar negativamente. Dijo que esas negociaciones y las anteriores realizadas en el Parque Hotel, “tienen una peligrosa semejanza. El objetivo primario no puede ser alcanzado a cualquier costo. Mucho me temo que declaraciones de la gente que no participa en el diálogo, a veces interesada y a veces mal informada, puedan estar ejerciendo una influencia negativa sobre los propios protagonistas”.
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En la quinta reunión celebrada al día siguiente y pese a estas declaraciones, un tanto amenazantes, el diálogo avanzó considerablemente. Los comandantes accedieron a varias propuestas aunque dijeron que debían conversarlas con el presidente de la República. El presidente de la Democracia Cristiana y delegado del Frente Amplio contador Juan Young admitió que por primera vez se había hablado de la situación del líder nacionalista Wilson Ferreira, preso en el cuartel de Trinidad y había sido reclamada su liberación. Los mandos militares contestaron que la respuesta para ese caso estaba en manos de la Justicia Militar, sobre la cual ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas tenían competencia.
Votar “bajo protesta”.
Sin perjuicio de la resolución adoptada por el Directorio del Partido Nacional, que dispuso no suscribir el acuerdo si Wilson Ferreira no era liberado, por trece votos a favor y los votos en contra de Jorge Silveira Zavala y Alejandro Zorrilla de San Martín, se comenzó a percibir en la mayoría nacionalista una tendencia a votar igual en noviembre “bajo protesta”, denunciando el pacto al que comenzaron a denominar “Medina-Sanguinetti” y comprometiéndose a no respetarlo en caso de que el Partido Nacional ganara las elecciones.
En medio de ese clima de tira y afloje, el Ministerio de Defensa notificó el lunes 5 de agosto, al general Líber Seregni, que había perdido su estado militar como consecuencia de la sentencia definitiva dictada en su contra por el Supremo Tribunal Militar. Al ser dado de baja, perdía también sus derechos jubilatorios.
“Disparate jurídico”
El Directorio del Partido Nacional le respondió al fiscal coronel aviador Jorge Martínez Levaggi, quien pidió que fuera interrogado Ferreira Aldunate sobre su responsabilidad en la redacción del proyecto que reclamaba la convocatoria a un plebiscito y especialmente sobre el tema de la amnistía. “Nos encontramos ante tres afirmaciones que no son un error sino una aberración, la mayor muestra de incultura jurídica que se ha dado en el tiempo” —decía el documento nacionalista—“Primero: ¿Cómo puede el fiscal presumir que Wilson haya sido el iniciador de la idea del plebiscito? Segundo: ¿Cómo puede presumir que un plebiscito es un delito? Tercero: ¿Qué duende maligno le dijo al fiscal al oído que pedir una amnistía era cometer un delito?”. Coincidiendo con esta opinión, el ex presidente de la Corte Internacional de Justicia Eduardo Jiménez de Aréchaga sostuvo que el dictamen del fiscal podía incluirse “en una antología del disparate jurídico”.
El ex presidente del gobierno español Adolfo Suárez llegará a Uruguay el domingo para expresar su solidaridad política con Wilson Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl y para sumarse a los reclamos por la libertad de ambos.
Martínez Levaggi se había desempeñado en los años previos como secretario de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo) de las Fuerzas Armadas.
Consejo de Estado, piadoso final
El Poder Ejecutivo analizaba a mediados de agosto la posibilidad de dictar un acto institucional para dar por terminada la gestión del Consejo de Estado y designar luego un grupo asesor del gobierno en materia legislativa integrado por quince miembros. Según se supo, la decisión a estudio se motivó en las numerosas dimisiones que habían dejado al órgano “legislativo” integrado parcialmente y a la preocupación y desagrado que habían causado en esferas del gobierno algunos planteamientos de varios consejeros que se disponían a participar como candidatos en la campaña electoral, planteos que fueron calificados de “demagógicos” y ”electoralistas”.
