La Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de los Medios (Fundamedios) denunció que 2014 fue el año en el que el ejercicio del periodismo y de las libertades enfrentó mayores dificultades en Ecuador desde 2008. Durante el año anterior se registraron 254 ataques contra la libertad de expresión, un 46% más que el anterior mayor registro en 2013, se señala en un informe de dicha Fundación.
El documento, titulado “Ecuador: la censura cabalga sobre lomo de una ley”, difundido el lunes 9, afirma que el periodismo, los medios de comunicación independientes y particulares enfrentaron desde 2008 un aumento sostenido y constante de las agresiones.
En 2013, indica el informe, hubo 174 agresiones, 80 menos que el año pasado. En los últimos siete años, destaca, los ataques constatados fueron 1.041.
“Los datos hablan por sí solos y cualquier previsión negativa que se podía establecer sobre la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación se cristalizó en 2014”, señala Fundamedios.
Previo a su aprobación en junio de 2013, la Ley de Comunicación fue denunciada como la peor legislación de América Latina contra la libertad de expresión por las relatorías de la ONU y la OEA, por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Internacional de Broadcasters (AIR), el Instituto de Prensa Internacional (IPI) y por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Ahora, destaca la Fundación, comienzan a reflejarse los resultados de la norma.
“Las constantes denuncias y sanciones a los medios han arrinconado aún más a la escasa prensa crítica ecuatoriana y las consecuencias de esta ‘asfixia’ ya son evidentes”, sostiene Fundamedios.
Entre julio y agosto pasado los periódicos “Hoy”, “La Hora en Manabi”, “El Oro” y “El Meridiano de Guayaquil” cerraron sus puertas luego de décadas de ser publicados.
“La Hora en Manabi” responsabilizó de su cierre a las “restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su reglamentación, así como la falta de libertad de prensa, la censura y la falta de anunciantes”. “Hoy” dio cuenta también de que “una de las causas para su debilitamiento” fue la normativa legal.
Uso arbitrario.
En el informe se afirma que, bajo la cobertura que brinda la Ley de Comunicación la administración del presidente Rafael Correa realizó embestidas contra la libertad de expresión de todo tipo. Castigos por caricaturas contrarias al gobierno acusadas de no verídicas, porque “la línea editorial sensacionalista de algún medio molesta a los recatados funcionarios”, hasta porque “en un segmento para mascotas de una radio revista se habla de ‘perras’ y eso puede tener doble sentido”, señala el informe.
La lista de casos en los que se aplicaron sanciones continúa y son los medios locales pequeños quienes más las sufren. Por ejemplo, destaca, el diario “El Nacional” de la provincia El Oro debió pagar U$S 8.840 por no difundir el tiraje de 26 ediciones.
Pero a la persecución contra los medios se suma “la criminalización de la protesta social con detenciones a jóvenes activistas en medio de protestas, cierre de dos organizaciones por el incremento del control estatal; así como descalificaciones constantes contra los periodistas por parte del presidente”.
En setiembre, añade, durante una manifestación sindical contraria a políticas aplicadas por el gobierno, 54 jóvenes fueron detenidos.
Luego de que el gobierno aprobara un decreto que incrementa los controles estatales sobre las organizaciones sociales, las fundaciones Konrad Adenauer y Crecer cerraron voluntariamente “para evitar que estos controles interfieran en el desarrollo de su trabajo”.
A todos estos hechos, se suma los ataques verbales del presidente que provocaron que el periodista Emilio Palacio se exiliara en Estados Unidos tras ser amenazado de muerte durante una alocución radial sabatina de Correa.
Las víctimas.
Los medios de comunicación en general fueron los más atacados durante 2014 protagonizando 125 casos, casi 50% del total de las agresiones. Fueron víctimas de la mayoría de ellas (110) los medios privados, aunque también los medios estatales vivieron episodios similares en diez oportunidades.
Los periodistas y trabajadores de medios, según el relevamiento, ocupan el segundo lugar con 60 casos, 19 de ellos contra periodistas de prensa escrita y 15 de radio.
Entre los medios de prensa que más sanciones recibió destaca el caso del diario “Extra”, en cinco ocasiones. Previo a su cierre, el diario “Hoy”, fue multado con U$S 57.800 por no difundir el tiraje de 17 ediciones.
“La Verdad de El Oro”, editado en la provincia de El Oro, en el litoral del país y vecina a Perú, tuvo cuatro multas económicas por U$S 8.000, el doble de su patrimonio.
El diario “El Universo” es el caso más emblemático por la persecución contra el caricaturista Xavier Bonilla “Bonil”, descalificado por el presidente y obligado a rectificar una de sus caricaturas por resolución del gobierno. Actualmente enfrenta otro proceso ante la Superintendencia de Información y Comunicación por otra de sus caricaturas en las que remarcó las dificultades de lectura que manifiesta el legislador y ex futbolista ecuatoriano, Agustín Delgado.
Resultaron también afectados varios ciudadanos (24 casos), activistas en redes sociales (16 casos), personajes públicos (15 casos) y otros seis en los que resultaron involucradas otras tantas organizaciones no gubernamentales.
Los agresores.
Las “decisiones fiscales, judiciales y administrativas arbitrarias” ocuparon el primer lugar entre las agresiones contra la libertad de expresión con 113 casos registrados. En esta categoría se encuentran las 61 sanciones impuestas por la Ley de Comunicación junto a los procesos penales, constitucionales, electorales y civiles, sostiene el documento de Fundamedios.
En segundo lugar estuvieron las agresiones verbales con 46 casos, de las cuales nueve fueron “amenazas” contra periodistas y 37 “declaraciones de autoridades y figuras públicas” que estigmatizaron a periodistas, artistas y líderes sociales.
Estos hechos colocaron al presidente Correa por sí solo como el autor de 33 agresiones.
Luego el informe destaca las agresiones (35) por “uso abusivo del poder estatal”. Entre las que se incluyen 15 cadenas estatales dedicadas a descalificar periodistas y 15 detenciones ilegales durante manifestaciones contra políticas de la administración Correa.
Las implicancias que tuvo la nueva normativa sobre los medios de comunicación llevó a que agresiones por censura y físicas queden relegadas al cuarto y quinto lugar. En total se registraron 22 censuras, cinco casos de censura previa y 17 de censura en Internet con suspensión de cuentas en Twitter o la quita de fotografías o videos publicados a través de la empresa española Ares Rights, “conocida por censurar contenido en Internet relacionado a temas que podrían resultar incómodos al poder”, indica el informe. Por último, hubo 15 casos de agresiones físicas, 13 de ellos de particulares contra periodistas y medios.
