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En su declaración conjunta anual, firmada la semana pasada, los relatores para la libertad de expresión de diversos organismos multilaterales expresaron su preocupación por el avance del fenómeno de la desinformación, la propaganda y las llamadas “noticias falsas” (fake news, en inglés).
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La declaración fue firmada por el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye; la representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatovi; el relator especial de la OEA para la Libertad de Expresión, Edison Lanza y la relatora especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula.
“La desinformación y la propaganda afectan intensamente la democracia: erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo, y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad”, dijo Lanza. “Por ello, reconocemos las iniciativas de la sociedad civil y los medios de comunicación para identificar noticias deliberadamente falsas, desinformación y propaganda, y generar conciencia sobre estas cuestiones. No obstante, resulta preocupante que los gobiernos utilicen el fenómeno de las llamadas noticias falsas o “fake news” como una excusa para censurar a la prensa independiente y suprimir el disenso”.
Los relatores especiales explicaron que los esfuerzos estatales y del sector privado para enfrentar la desinformación y propaganda corren el riesgo de suprimir la libre circulación de ideas y el disenso, de forma contraria al Derecho Internacional. La Declaración Conjunta identifica los principios generales, estándares y buenas prácticas que deben ser respetados y promovidos por los distintos actores al enfrentar la desinformación y la propaganda.