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Pese a ser uno de los principios consagrados en la Primera Enmienda constitucional, la libertad de expresión en Estados Unidos se encuentra en entredicho por la decisión de la Suprema Corte de obligar a un periodista de “The New York Times” a revelar quiénes fueron sus fuentes confidenciales.
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El polémico caso involucra al periodista estadounidense James Risen, quien en 2006 escribió un libro en el que describía varios actos de recolección de información sobre terroristas iraníes. El grado de detalle de la información puso en alerta al presidente Barack Obama ya que varios funcionarios de su gobierno consideraron que se aportaban datos específicos sobre los métodos de espionaje de Estados Unidos.
Tal fue la preocupación del gobierno que en 2010 el ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Jeffrey Sterling, fue acusado de ser la fuente de Risen y se le enjuició por la Ley de Espionaje.
En este marco, el periodista de “The New York Times” fue convocado por la fiscalía para que testificara y así dilucidar si efectivamente Sterling había sido o no la fuente del libro. Risen se negó a responder amparándose en su derecho a mantener reserva sobre la identidad de sus informantes.
En primera instancia la Justicia respaldó al periodista pero a partir de julio de 2013 su suerte y la del resto de quienes ejercen el periodismo, empezó a cambiar ya que un tribunal de Apelaciones falló dos contra uno que Risen deberá testificar en el juicio y revelar cuáles fueron las fuentes de su investigación.
Sin atenerse a lo que determina la Primera Enmienda, uno de los jueces indicó en el fallo que “claramente Risen es, sin lugar a dudas, el único testigo que puede ofrecer su testimonio, crítico para este caso”.
Inclusive, la justificación del juez, Roger Gregory, quien falló en contra de su citación, tampoco hace mención al derecho del periodista sino que argumenta que el gobierno “falló en demostrar una necesidad suficientemente imperiosa por el testimonio de Risen” ya que “el cuerpo de evidencia de la Fiscalía es fuerte aun sin él”.
Risen volvió a negarse a responder y presentó un recurso ante la Suprema Corte para que se le ampare en su derecho a proteger la identidad de sus fuentes.
Pero el lunes 2 la Corte rechazó el recurso de Risen sin dar las razones de su determinación, lo que deja en una situación límite al periodista que deberá elegir entre asistir a la Justicia o negarse con el riesgo de ir a prisión.
“Voy a seguir peleando”, dijo Risen a “The New York Times” el lunes 2.
A su vez, Joel Kurtzberg, abogado de Risen, dijo al periódico que “ahora la pelota está en la cancha del gobierno” que “si lo desea puede elegir no perseguir más el testimonio de Risen”.
“Solo podemos esperar que el gobierno no buscará tener el desacato del periodista por hacer nada más que publicar noticias y mantener sus promesas” con las fuentes.
El futuro de Risen aún es incierto. Consultado al respecto, el vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brian Fallon, dijo que se están “considerando los siguientes pasos en este caso”.
El peligro.
Tanto Risen como Sullivan creen que este caso puede ser un mojón importante que puede afectar la libertad de expresión en Estados Unidos.
Después de que se conociera el fallo del Tribunal de Apelaciones contrario a la posición de Risen, varios medios y reporteros emitieron declaraciones en las que expresaron su preocupación por el tema.
En un artículo publicado por el Comité para la Protección de Periodistas Scott Shane, encargado de las noticias de seguridad nacional en “The New York Times”, relató que existe un “problema real” en Estados Unidos a partir de la presión del gobierno para amedrentar a las posibles fuentes de información. “La mayoría de las personas están desalentadas por estas investigaciones”, relató Shane. “Están asustados a muerte. Existe una zona gris entre información clasificada y desclasificada, y la mayoría de las fuentes estaban en la zona gris. Las fuentes ahora tienen miedo de entrar en esa zona gris”.
La decana de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Maryland, Lucy Dalgish, resumió así el problema: “El público está en peligro de conocer solo lo que la administración quiere que ellos sepan”.
Secreto profesional.
En Uruguay también se están dando casos en los que la Justicia solicita a los periodistas que revelen quiénes han sido sus fuentes de información.
El derecho de un periodista a mantener resguardada la identidad de una fuente de información está garantizado en la Ley 16.099. “Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de prensa”, indica la citada norma.
Sin embargo, en marzo el juez penal de segundo turno Pedro Salazar relevó al periodista Roger Rodríguez del secreto profesional y pidió que identificara la fuente de una información en el marco de la investigación por el asesinato de María Claudia García de Gelman. El periodista se negó a identificar su informante, pero el magistrado no insistió en el punto (Búsqueda Nº 1.757).
Según el acta de la audiencia judicial, a la que accedió Búsqueda, durante el interrogatorio el abogado del ex policía Ricardo Medina, Bernardo Gzech, solicitó al periodista que proporcionara la fuente de la información “del secuestro de la señora Gelman y su hija”.
“Ante el pedido de la defensa se dispone el levantamiento del secreto profesional” por parte del juez Salazar, relata el acta.
“Yo no voy a dar ese nombre. Me mantengo en el secreto profesional, por más que sea levantado”, respondió Rodríguez.
En otro pasaje de la audiencia judicial se habló de las fuentes del periodista. “¿Por qué usted es creíble si no da la fuente de información?”, preguntó al periodista la defensa de uno de los militares retirados. Tras lo cual, el fiscal Cancela replicó, según lo consigna el acta de la audiencia, que a su juicio esa no era una pregunta sino “una especulación” de la defensa.
“La credibilidad mía creo que está dada en que las informaciones que yo he dado se han confirmado”, contestó Rodríguez.