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    UTE anuló millonaria licitación de mantenimiento de centrales térmicas para “enmendar el error” que cometió en la adjudicación

    La adjudicación de licitaciones millonarias forma parte de la rutina en las empresas públicas. En el caso de la estatal de energía eléctrica, UTE, los montos pueden variar desde miles de dólares a cientos de millones, dependiendo de la magnitud y características de las obras.

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    Sin embargo, en los últimos meses la adjudicación de proyectos ha sido un dolor de cabeza para el Directorio de UTE, que debe lidiar con denuncias penales, investigaciones judiciales, administrativas y sumarios por algunas de estas licitaciones.

    El último evento de este largo periplo de anulaciones e investigaciones en todos los niveles de UTE sucedió el jueves pasado, cuando el Directorio resolvió por unanimidad revocar la licitación que en junio del 2012 le adjudicara a la empresa Ciemsa-CSI Ingenieros, según informó “El Observador” en su edición del viernes 3.

    En 2011 UTE abrió una licitación para el mantenimiento de sus centrales térmicas y anunció que Ciemsa-CSI sería la adjudicataria. La decisión motivó la inmediata protesta del resto de los oferentes, entre ellos la empresa que ya prestaba el servicio: Tecnocyl SA.

    Esta compañía denunció varias irregularidades en la oferta presentada por Ciemsa-CSI pero sus observaciones fueron finalmente rechazadas por el Directorio en enero del 2012. El ex vicepresidente de UTE durante la administración Vázquez (2005-2010), Pedro de Aurrecoechea, posee el 4% del paquete accionario de Ciemsa.

    El 28 de junio del 2012, UTE le adjudicó a Ciemsa- CSI una licitación por un total de unos U$S 12 millones, según la resolución a la que accedió Búsqueda.

    Para su decisión el Directorio se basó en los informes de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y de la gerencias de Abastecimientos y Generación, las que ratificaron la idoneidad de la empresa para esa tarea, además de descartar las observaciones de los competidores.

    Sin embargo, en abril el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, había llevado a la Justicia las denuncias de Tecnocyl y por orden de la Justicia no había comunicado el tema a sus pares del Directorio.

    Cuando lo hizo, el 10 de setiembre, los directores resolvieron iniciar una investigación administrativa externa a cargo del funcionario de la Intendencia de Montevideo Álvaro Richino para constatar estas denuncias y otras que se habían acumulado al expediente.

    Los resultados de esa investigación salieron a la luz en febrero del 2013. La auditoría encontró irregularidades en varias licitaciones (entre ellas las que denunció Tecnocyl) y recomendó el sumario al subgerente de mantenimiento de Centrales Térmicas, Daniel Hirigoyen, y los jefes de Departamento Leonardo Paulerci y Martín Bassagoda (Búsqueda Nº 1.700).

    La investigación confirmó la falta de certificados de construcción nacionales y que a Ciemsa no se le exigió el respaldo de una empresa internacional (dos de las denuncias de Tecnocyl en esa licitación).

    Además reveló sobreprecios de más de 100% en otra licitación, falta o “debilidades muy importantes” en los controles internos de gastos y procedimientos de decisión “discrecionales”.

    La auditoría no descartó que, dadas las circunstancias en las que se realizaron las contrataciones, exista “colusión” entre los trabajadores de UTE y terceros. Uno de los aspectos más delicados de la investigación fue la constatación de irregularidades en una obra adjudicada a CSI-Soluziona en 2008, cundo De Aurrecoechea era vicepresidente de UTE.

    Con estos resultados, el Directorio inició los sumarios recomendados y una nueva investigación administrativa (que sigue en curso) mientras revisaba las decisiones que tomó en algunas de las licitaciones involucradas.

    Resolución revisada.

    Con este mar de fondo, el Directorio resolvió el 2 de mayo revocar la licitación a Ciemsa-CSI considerando que los reparos de Tecnocyl eran válidos.

    En la resolución, a la que accedió Búsqueda, el Directorio entendió que “luego de la prueba” presentada por la investigación interna surge que “la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente en el proceso licitatorio incurrió por lo menos en tres errores conceptuales de trascendencia” y que eso llevó al Directorio a adoptar “un acto administrativo erróneo por carecer de elementos suficientes para disponer de otra cosa”.

    Para “enmendar dicho error” resolvieron revocar la mencionada licitación.

    Búsqueda accedió a una redacción anterior de la resolución aprobada que contiene conceptos más duros sobre los procedimientos internos del ente. Fuentes de UTE dijeron que se prefirió omitir estos datos no porque no fueran ciertos sino en base a que “sigue el proceso de sumario” y “no sería conveniente hacerlos públicos”.

    Entre las frases retiradas de la resolución figura que la Comisión de Adjudicaciones validó e interpretó condiciones que contradecían “la exigencia expresa” del pliego.

    “Sin perjuicio de lo que pueda surgir del procedimiento judicial penal relativo a las denuncias mencionadas (que aún se encuentra en curso) puede concluirse afirmativa y claramente de lo que surge de la instrucción administrativa, que la operativa usual en los procedimientos de contratación no impide la posible colusión entre funcionarios de esta administración y terceros”.

    Responsables y conjunción.

    Consultado por esta decisión, Casaravilla dijo a Búsqueda que la investigación administrativa elaborada por Richino “detectó las fallas” en esta licitación y que el Directorio se basó en esto para anular la adjudicación.

    “Está dentro de nuestras competencias revocar una resolución y dejar sin efecto una licitación. Estamos en un proceso de sumario y de una nueva investigación administrativa. Es el momento de asignar las responsabilidades por lo que pasó”, agregó.

    La decisión del Directorio resultó “la adecuada”, según el director nacionalista en UTE, Enrique Antía. Sostuvo que cuando en junio del año pasado el Directorio votó adjudicarle la licitación a CSI “lo hizo debido a informes torcidos, erróneos”, de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y de varias gerencias y que ello quedó demostrado en la resolución del jueves pasado.

    Antía dijo a Búsqueda que la investigación administrativa vincula a “las mismas personas” encargadas de esta licitación con la realizada en 2008 y que también fuera adjudicada a CSI.

    “Esto me preocupa mucho y habrá que seguir investigando, ir hasta el fondo, porque se está haciendo un sumario y hay indicios de que puede haber conjunción del interés público con el privado, porque en 2008 había un director en UTE que integraba la empresa adjudicataria”, agregó.

    Historias contradictorias.

    Las diferencias internas en UTE sobre Tecnocyl llegaron hasta el Directorio. Con la licitación a Ciemsa en suspenso, era el momento de que el Directorio definiera si le ampliaba el proyecto a Tecnocyl o si resolvía darle el trabajo de una vez a Ciemsa CSI.

    Así, el 18 de octubre del 2012, llegó al Directorio un informe desde la Gerencia de Compras que recomendó la ampliación de la licitación con Tecnocyl por U$S 4 millones.

    La recomendación se basaba en que la empresa había cumplido “con entera satisfacción” los requerimientos del pliego y las condiciones del trabajo, además de ofrecer un “precio conveniente” por el mantenimiento de las centrales térmicas, según la documentación a la que accedió Búsqueda.

    Así, el Directorio resolvió ampliar el contrato con Tecnocyl. En esa misma sesión llegó otro proyecto de resolución desde la Comisión Asesora de Adjudicaciones y la Gerencia de Abastecimiento, en la que se recomendaba suspender por un año a Tecnocyl del registro de proveedores, ya que su actuación en varios de los recursos que interpuso fue “con notoria mala fe” y que este tipo de accionar de la empresa fue “con mero ánimo dilatorio en perjuicio de la Administración y del resto de los oferentes”.

    El Directorio no hizo lugar a esa recomendación.