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Esta semana, en el Palacio Peñarol, Aguada y Goes jugaron uno de los clásicos del básquetbol uruguayo. En la tribuna de Goes, uno o más débiles mentales llevaron una bandera con la inscripción “–2” (menos dos). La exhibían para que la hinchada de Aguada, ubicada en la tribuna de enfrente, recordara aquellos crímenes de hace ocho años.

Ocho años después de aquella terrible tragedia que acabó con la existencia de dos chiquilines que tenían todo el mundo por delante, hubo individuos que planificaron cómo burlarse de esas muertes y hacerlo en público, para que todos nos enteráramos de su desprecio por la vida. Y que no tienen los más elementales frenos de crianza, educativos, morales, para hacerlo de todas maneras.

Esos individuos —no importa si tienen más o menos de 18 años— son potenciales asesinos. Goes debería expulsarlos de su hinchada y no protegerlos, y un fiscal tendría que asumir la responsabilidad de ponerse al hombro una investigación para evitarle a la sociedad el padecimiento de convivir con unos malvivientes sueltos, confesos partidarios de matar a otros por una cuestión tan increíblemente menor como sus simpatías deportivas.

El problema es que esto no tiene nada que ver con el deporte. Este es el mayor problema multidimensional que enfrenta el presente del Uruguay. Y no importan nada las estadísticas comparativas con otros países latinoamericanos. Sí: en México, en Honduras, en Paraguay, en Colombia y en otras naciones se mata más gente que en Uruguay. Pero la comparación válida para el Uruguay es la que haga consigo mismo. No sigamos tragándonos la píldora de que “estamos mejor que Honduras”. ¿Cuándo Honduras o América Latina en general fueron el punto de comparación para la sociedad uruguaya? Nunca mientras la vara estuvo tan alta como para tratar de parecernos a los mejores del mundo. Ahora nos conformamos con bien poco.

Es uno de los signos de la degradación de valores que sufre esta sociedad desde hace un par de décadas. Conformarse con bien poco, compararse con los peores y bajar la vara para no perder elecciones es profundamente degradante.

La degradación aparece en todos los niveles. Arriba y abajo. En el costado derecho y en el costado izquierdo. Es general y casi nada ni nadie escapa a ella. Se ve en los políticos inmorales que malgastan los recursos públicos, renuncian obligados y luego aceptan subsidios del Estado para seguir currando. Se ve arriba, en los empresarios prebendarios que dicen pensar de un modo pero les importa mucho más cuidar la plata. Se ve abajo, en los sindicalistas que dicen luchar por los trabajadores y se tiran de cabeza a la piscina de la burocracia rentada. Se ve en la catástrofe de la educación pública.

Y se ve todos los días, en las expresiones más diversas de una sociedad autocomplaciente que, sin embargo, vive en un estado de podredumbre que, por supuesto, niega con un orgullo hipócrita. “Somos diferentes a los argentinos” es el karma. Pero es mentira.

Cuando el ministro del Interior dice después de cada “ajuste de cuentas” en los barrios más pobres de Montevideo que los enfrentamientos entre narcotraficantes “son un hecho constante”, producto de una guerra entre bandas que la Policía detectó años atrás, solo está confesando su propio fracaso. Si la Policía hace años sabe quiénes son los narcos y quiénes los responsables de que mueran otros chiquilines en tiroteos propios del far west, ¿qué hace la Policía? ¿Se limita a decir “sabemos quiénes son”? En un país de tres millones de personas, ¿no puede hacer algo más con relativa sencillez? Uruguay no es México (100 millones) o Colombia (50 millones), y el tamaño de su territorio habilita a pensar en estrategias mucho más manejables que las de esos gigantes.

Y encima el ministro nos pide que no nos pongamos “histéricos”.

Histeria legítima produce que los vecinos de Casavalle vivan constantes días de pánico a raíz de los tiroteos entre bandas de delincuentes, cuya identidad el ministro dice que la Policía conoce.

Histeria legítima produce que los vecinos de Casavalle tengan que salir antes de sus trabajos para volver a sus casas porque los ómnibus no ingresan al barrio por la noche.

Histeria legítima produce que los narcos que pelean en Casavalle pasen por las calles del barrio en una camioneta informando que después de determinada hora no salga nadie porque empezará la batalla.

Histeria legítima producen relatos como el que un vecino de ese barrio hizo a un periodista de Búsqueda: “Si te ven en moto te paran, te dicen que bajes las luces y te interrogan si sos del barrio, como si no tuvieras derecho a andar circulando en tu propio barrio. Ellos son la Policía acá adentro”.

Menos soberbia, ministro. Algo anda muy mal acá.

Y el fracaso no se limita al Ministerio del Interior. El Estado entero recibe un golpe en el mentón cada vez que muere uno de estos muchachos por el color de una camiseta o por 100 gramos de pasta base. Porque, ¿de dónde sale la “mano de obra” para engrosar la nómina de individuos dispuestos a matar o morir por 500 pesos? Del ejército de 7.000 niños que nacen cada año en el país de embarazos de madres adolescentes. En el Hospital Pereira Rossell nace, en promedio, un niño por hora. El 80% de las madres son adolescentes pobres, de entre 14 y 19 años.

Carmen Varela, profesora adjunta y directora del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad estatal, dice que el embarazo adolescente es una expresión de “desigualdad y segmentación social, porque no suele ser planificado y limita el desempeño y la inclusión”.

En el mundo, la “derecha” suele privilegiar la libertad por sobre la igualdad; y la “izquierda”, al revés: primero la igualdad y después la libertad. ¿Estamos en un gobierno de “izquierda” con estos resultados?

Sí. En la retórica el gobierno es “de izquierda”. Pero no —claramente no— en los hechos.

El “–2” de la bandera de energúmenos es producto de todo esto.