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    “Caja policial”: crece asistencia y actualiza planes sociales

    Hace casi 10 años la llamada “caja policial” implementó una reforma que todavía tiene funcionarios en transición, pero sus números aún precisan de una asistencia de Rentas Generales que ha ido creciendo. Para 2019 sus autoridades tienen previsto realizar nuevos estudios actuariales buscando conocer la trayectoria financiera a futuro del organismo.

    Por fuera de eso, la gestión apunta a actualizar algunas de sus prestaciones que se han ampliado en años recientes. Se necesitan “políticas sociales acordes a 2020”, dijo a Búsqueda la encargada de la subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial, Marisa Arizeta.

    “Tenemos prestaciones sociales que vienen de la década de 1970. Necesitamos asegurarnos de que todo esté funcionando bien, pero también pararnos frente a esa realidad para reciclarla o reacondicionarla para que sean políticas acordes a 2020. Hoy necesitamos otro acompañamiento”, explicó.

    Junto con el sistema de retiros de las Fuerzas Armadas —la “caja militar”—, la policial es uno de los institutos previsionales para sectores específicos de la población que funciona en la órbita estatal. Se financia con el 15% del Montepío de los policías que, tras la reforma de 2009, aportan por todos los servicios que brindan, incluido el 222.

    Pero, aunque en menor medida que el sistema previsional de los militares, la “caja policial” requiere apoyo de Rentas Generales para afrontar el pago de jubilaciones y pensiones. El año pasado recibió asistencia por US$ 223 millones, unos US$ 67 millones más que el ejercicio anterior. Para 2018 proyecta pedir US$ 266 millones.

    Este servicio, que tuvo su génesis en la Ley Orgánica policial de 1971, funciona como una dependencia del Ministerio del Interior.

    Según datos oficiales, un policía se retira a los 53 años, en promedio. La “caja” paga hoy 19.183 jubilaciones por un monto nominal de $ 39.296 y otorga 13.466 pensiones de unos $ 15.623, en ambos casos en promedio.

    Prestaciones

    Desde 2016 los efectivos en actividad aportan un adicional de 1% de sus salarios a un fondo que financia políticas de acceso a la vivienda y ayudas económicas que atienden diversas situaciones familiares.

    “Tenemos prestaciones diferentes según la población que abordamos. Y tenemos trabajadores sociales que se vinculan con los familiares de policías y nos hacen conocer distintas dificultades. En vivienda se está trabajando mucho. Pero también proporcionamos ayudas con tickets de alimentación, en el pago de un alquiler, becas por estudio. Es un elenco de prestaciones sociales”, detalló Arizeta.

    El año pasado se reglamentaron las condiciones de acceso para subsidios destinados a la compra, refacción, ampliación o construcción de vivienda. El organismo proyecta dar unas 10 asistencias mensuales con este fin, que está teniendo mayor acogida en el interior del país. Además, en el caso de siniestros en el hogar se estudia otorgar apoyos “con o sin costo, con o sin subsidio”, indicó la jerarca.

    “También en el caso de policías amenazados analizamos si corresponde un subsidio para su relocalización. Pero no es lo mismo quien está en su casa amenazado y tiene que venderla para alquilar otra, que el que está alquilando y tiene que mudarse. Pedimos informes para analizar si efectivamente el policía está amenazado y cómo es el núcleo familiar para respondernos si necesita toda nuestra ayuda o algo de nuestra ayuda. Y siempre es por un tiempo determinado”, informó.

    Algunos de los beneficios sociales que otorga esta “caja” están bajo estudio, y se apuntará a un rediseño.

    “Un ejemplo muy sencillo son las becas por discapacidad, que es como se le llama al pago de terapias con un fonoaudiólogo, una maestra especializada o la ayuda a un niño con dislexia, por ejemplo. Los padres policías no quieren solicitarla porque discapacidad es un rótulo que no les gusta. Eso lo tenemos que rediseñar. Además, hoy se otorga hasta los 18 años, pero hay terapias que requieren continuarse”, apuntó.

    Los apoyos son amplios. Explicó: “Si sacamos a un policía de un asentamiento y lo ponemos en una casa nueva, pero no lo acompañamos para que sus hijos vayan a la escuela, estén bien alimentados, tengan políticas de higiene en la casa, sepan cómo ordenarse con los gastos, esa familia va a fracasar. Eso es un funcionario que fracasa pero también una política, porque no logramos el objetivo de sacarlo de la situación de vulnerabilidad”.

    Números

    Tras la reforma de 2009 la “caja policial” modificó sus parámetros jubilatorios para equipararlos con el régimen general. Quienes se retiren con el nuevo sistema deben tener 60 años y 35 de servicio, para alcanzar así a un mínimo de 50% de su sueldo en actividad. Sin embargo, las jubilaciones que hoy paga el organismo corresponden aún al sistema anterior y al de transición, que permiten retirarse antes.

    “Todavía tenemos muchos efectivos que están configurando causal por el régimen de transición. Y eso va a llevar unos cuantos años, porque el policía se jubila joven”, apuntó la encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial.