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Una médica se levantó de su silla y le entregó una carta a la presidenta de la Caja de Profesionales (CJPPU), Virginia Romero, en nombre de un grupo amplio de colegas. El texto tiene una serie de preguntas, expresadas con “respeto”, que buscan encontrar por qué sus derechos han sido “vulnerados”. Otra profesional pide que se haga una auditoría en el instituto, lo que es “fundamental” para saber si hay responsables de la crisis financiera que atraviesa. “¿No podría haber una corrida?”, preguntó.
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Romero y el vicepresidente de la CJPPU, Daniel Alza, fueron a la sede del Sindicato Médico (SMU) a una asamblea informativa para explicar la compleja realidad que atraviesa esta entidad paraestatal y las reformas que se pretenden llevar adelante. Pero esa charla, realizada el martes 7 y organizada también por la Federación Médica del Interior (Femi), tuvo, además de los datos, muchas dudas y cuestionamientos de parte de activos de la caja y algo de “catarsis”, como algunos definieron.
La presidenta del SMU, Zaida Arteta, debió pedirles a los socios que dejaran terminar de exponer a Romero cuando la interrumpían, pero muchas veces no tuvo éxito. Las voces se superponían y eran inentendibles para los cerca de 140 que seguían el evento por Zoom y reclamaban que terminaran los “diálogos” entre los 20 asistentes presenciales.
Romero comenzó informando los números más actuales: en 2022, la CJPPU tuvo un déficit operativo de $ 1.055 millones, que, dijo, fue superior al de 2021. El “problema acuciante” es que no puede cubrirlo con sus ingresos, sino que debe vender capital, explicó.
Una médica presente en la sala quiso saber hace cuánto tiempo la caja tiene que vender patrimonio para poder pagar las pasividades. Como la presidenta no contestaba, insistió: creía que Romero debía saber todo acerca de la institución. “No me diga eso”, pidió la titular de la CJPPU, quien le recordó que asumió recién en diciembre de 2021. “No soy omnipotente. Hago el esfuerzo y, como todo en la vida, hay cosas que conozco y otras que no”, respondió.
Una médica del interior comentó que en esta gestión de la caja hay una continuidad. “Eso que desembarcamos y empieza todo de nuevo no está bueno”, retrucó. Cuestionó las “malísimas” decisiones de inversión tomadas por la caja, por las que responsabilizó al gerente general, a quien ella ya hubiera “echado”. Quienes estaban en la sala aplaudieron la intervención.
Al responderle, Romero defendió al instituto diciendo que las rentabilidades que tiene son “mejores” a las que obtienen las AFAP por sus inversiones. “No es cierto que sea desastroso y es lo que nos ha permitido seguir sobreviviendo”, alegó.
En su intervención, la médica también cuestionó el anteproyecto de “ley exprés” que redactó la CJPPU —tras negociaciones con el Poder Ejecutivo— para atender a su problemática específica con urgencia. Este texto lo único que permitiría es “sobrevivir un poco más”, criticó la profesional.
Romero contestó que las autoridades de la caja “siempre” dijeron que el proyecto proponía cambios paramétricos y no estructurales. Le aclaró que también están estudiando una reforma de fondo, pero que todavía no han diseñado un modelo porque falta responder algunas preguntas: “¿Cuál puede ser la aportación? ¿Por ingresos reales? ¿Hay que continuar con los sueldos fictos?”, ejemplificó.
Pero hasta ahora la única reforma redactada es la más inmediata. El anteproyecto “exprés”, que todavía debe ser ajustado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, propone el aumento del aporte de los trabajadores profesionales y establece una contribución de los pasivos. Además, plantea llevar la edad mínima de retiro a 65 años y eleva la escala de sueldos fictos de 10 categorías a 15. También prevé una mayor recaudación por los timbres profesionales.
“Bandera” que nadie agarra
El Directorio pretendió incluir en el anteproyecto de “ley exprés” un artículo que destine al instituto la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que pagan los profesionales. El gobierno se negó, y esta decisión fue incomprendida en la reunión del SMU y Femi.
Romero y Alza tuvieron que reiterar las explicaciones. “El IASS fue lo primero que solicitamos y en todas las reuniones lo retomamos. Y en todas las reuniones el Poder Ejecutivo dice que no va a dar el IASS”, dijo la presidenta, separando en sílabas la oración para enfatizar. “El argumento (del gobierno) es que son los dueños del impuesto”, complementó.
Cobrar parte de la recaudación del IASS “ayudaría” a las finanzas de la caja, aunque no cubriría todo lo necesario. La medida le permitiría obtener unos US$ 40 millones anuales, informó a Búsqueda el director Fernando Rodríguez.
Alza informó que se están reuniendo con distintas bancadas parlamentarias reiterando el planteo referido al IASS, pero ningún legislador ha “agarrado la bandera”.
Tampoco encontraron aceptación al aumento de los timbres profesionales. “Hay mucha resistencia del Ejecutivo y a nivel parlamentario, porque dicen que lo paga la gente”, explicó el vicepresidente y tuvo que pedir “un minutito” para seguir hablando.
A diferencia del IASS, el aumento de los timbres profesionales sí fue incluido en el anteproyecto de ley —pese a la negativa del Ejecutivo—, dado que es un “recurso genuino” de la CJPPU sobre el que puede disponer, argumentó Romero.
Una médica, que ya se jubiló por el Banco de Previsión Social (BPS), quiso saber sobre el “futuro” de la CJPPU para “terminar de hacer los aportes”: ¿está poniendo plata en una caja que “se va a fundir”? Otro planteó que puede estar la intención “expresa” de que las cajas paraestatales “desaparezcan”.
Alza, al ser consultado por un “plan B”, respondió que la CJPPU no va a terminar en el BPS: “No encontramos a nadie que quiera que las cajas paraestatales desaparezcan”.
