“Con los pies de barro”

Pero, a la vez, también hace propicia para el análisis la cuestión relativa a si la libertad de expresión —bajo cuyo amparo se ejerce la libertad de prensa y el periodismo informativo— es una actividad sin más atadura que los límites que impone la propia conciencia y ella, en tanto así sea, está exenta del marco jurídico gobernado por algo así como un principio emanado de otro principio: el deber de informar de modo veraz, como emanación del principio general de la buena fe.

Sobre lo segundo. Es verdad que la prensa es y debe ser libre.

Pero es verdad, también, que la prensa —en cuanto constituye un servicio, el de informar— no puede ni debe estar ajena a los mismos deberes que aquellos que suministran otros servicios; no se encuentran razones para asignarle a la prensa, en el ámbito relativo al servicio de información, un estatuto diferente al que rige la actividad de cualquier sujeto proveedor de servicios en cuanto, siendo un modo de ejercer la libertad de empresa o de trabajo, constituye el ejercicio de un mismo derecho madre: la libertad de expresión.

La época contemporánea es testigo del notable desarrollo y la notable difusión que tiene el deber de informar, por lo menos en este pedazo de la tierra en el que vivo —como dice Ferraris: Occidente (2013, Manifiesto del nuevo realismo)—. El derecho de los contratos y el derecho de la salud (particularmente en el llamado “consentimiento informado”) han sido, muy probablemente, los lugares más fructíferos en el análisis del problema; ello se explica porque, tanto en uno como en otro, se pone en juego la libertad de determinación del individuo, la información se constituye en piedra angular sobre la cual se construye la voluntad que da forma al contrato o al consentimiento a partir del cual el paciente se somete a un determinado tratamiento.

Tal es la relevancia de la recopilación de datos y circunstancias que influyen en la contratación —pues ella permite tomar una decisión más libre y fundada a los sujetos que van a estipular la relación negocial (Gamarra, 2006)— que, como expresión de general de la buena fe, el deber de informar recibe consagración expresa por la legislación universal, particularmente en el derecho de los consumidores. Y, establecido como deber, no son pocas las ocasiones en que, por ejemplo, se juzga como antijurídica por culpable la conducta del empleado del banco que no suministra de modo completo la información sobre cuyas bases se determina la voluntad del cliente, quien, si la hubiera conocido en su totalidad, no habría contratado; del mismo modo que ocurre cuando el paciente se determina a someterse a un tratamiento sin haber contado con información suficiente respecto de su contenido o sus secuelas, al punto que, aun sin que mediara violación de la regla del arte en la ejecución de aquellos, igual se juzga como culpable la conducta del médico por haber violado el derecho a la libre determinación individual.

Entonces: ¿pesa sobre el periodista informativo (y la empresa periodística) un deber de informar igual al que tiene el resto de los mortales cuando ejercen sus respectivas profesiones? Y, si así fuera: ¿en tanto profesional de servicios de la información le es aplicable la regla del arte o el deber de actuar sin culpa frente a quienes son sus consumidores: el lector, el que compró el diario, la revista o el semanario?

No se encuentra ninguna razón como para contestar que no; una repuesta afirmativa se impone sin la más mínima duda por dos órdenes de razones. Una primera viene dicha por Suárez Villegas cuando expresa: “La función de los medios de comunicación es mediar y prestar un servicio público que tiene por objeto atender el derecho de los ciudadanos a estar informados y a favorecer la libertad de expresión. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se trata de un bien muy sensible y del que depende la calidad de la libertad pública. Por ello, entre otras exigencias, las noticias deben ser fieles a los hechos y ser narradas de manera honesta, con el propósito de desvelar sus claves interpretativas, evitando cualquier injerencia exterior que condicione su estricto tratamiento informativo” (Suárez Villegas, 2014, La verdad informativa como garantía del periodismo de calidad). La segunda viene dada por De la Torre y Téramo (2015) cuando expresan: “Comunicar no es simplemente producir y distribuir información, es también ser sensibles a las condiciones en las que el receptor la recibe, la acepta, la rechaza, la remodela en función de sus elecciones filosóficas, políticas, culturales. La comunicación es una cuestión del receptor. El receptor es la caja negra de la comunicación (…), nunca es pasivo, es siempre más o menos crítico de los mensajes que recibe (…)” (La calidad de la información periodística: estrategias para su observación. Coincidencias y divergencias entre los medios y el público, https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2015.v21.50666).

El tema que constituye el motivo de inspiración artículo de Raúl Ronzoni pone a la luz dos cuestiones de singular envergadura: la exposición al juicio del público de la historia de los muertos o de una historia cualquiera, por un lado, y los deberes que tiene la prensa (o el periodismo informativo) frente a sus propios consumidores, los lectores, por el otro; dos cuestiones que se unen de modo indisoluble cuando el juicio se construye, o eventualmente se formará, con base en informaciones de cuya certidumbre no hay otra prueba que la sola afirmación, cuando la información es parcial o es directamente falsa. Y pone en juego, además, otra cuestión: si el servicio de información puede ser llamado a responsabilidad civil por el incumplimiento del deber de informar de modo veraz, sin culpa y de acuerdo con las reglas del arte, por aquel que compra el diario, el semanario o la revista: el consumidor (o lector), que guste o no guste es tan cocontratante como aquel que compra un servicio de transporte, un servicio de energía eléctrica, un servicio cualquiera.

Luis Acosta Pitteta