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Para la Dirección General Impositiva (DGI) es un “dato bien llamativo” que el 48% de las más de 3.000 empresas del agro que presentaron declaraciones juradas por el impuesto a la renta entre 2008 y 2011 manifestaron una pérdida fiscal, dijo el titular de esa oficina, Pablo Ferreri.
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Un operativo de fiscalización en el agro lanzado recientemente que abarca a un centenar de empresas derivó en un entredicho con la Federación Rural (FR), cuya directiva presume que se trata de una persecución a productores por haber presentado recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) vigente desde este año.
“Cuando se hablaba de venganza, de revanchismo o incluso incurrir en la frivolidad de decir que hay terrorismo de Estado”, son cosas que “uno no entiende”, afirmó Ferreri ayer miércoles en radio Uruguay.
Agregó que la DGI “no tiene ni idea de quién presentó recursos” contra ese tributo ante la Suprema Corte de Justicia y que ese “no es un dato” relevante para sustanciar los operativos de fiscalización en el agro.
Fuentes de la FR dijeron a Búsqueda que no tienen información respecto a si alguna de las cerca de 80 empresas que recurrieron el ICIR han sido abarcadas por el operativo de fiscalización.