“Desarrollismo mágico” en Ancap

Para el Frente Amplio no hubo irregularidades ni ilicitudes. Por tanto, no hay razones para que la Justicia “pierda tiempo” en estos menesteres. Conclusión que, cabe recordar, la bancada del Frente Amplio había anticipado aun antes de admitir, a regañadientes, la creación de la investigadora.

Para los tres partidos opositores con representación en el Senado se confirmaron las irregularidades y la presunción de ilícitos denunciados. Adelantaron que pasarán los antecedentes a la Justicia para que esta amplíe la investigación y determine responsabilidades si las hubiere.

La oposición destacó que hubo una pésima gestión, altamente deficitaria, con inversiones fuera de control, desentendidas de todo criterio de rentabilidad y sin previsión de esquemas de pago. Y denunció el empleo de cuantiosos recursos públicos para financiar proyectos políticos (“construcción de hegemonía de poder”) y catapultar candidaturas. Las conclusiones de la oposición, como se ve, eran también previsibles de antemano.

Cabe advertir que cuando se habla de irregularidades se alude al incumplimiento de una norma, mientras que el ilícito implica su contravención. Corresponderá ahora a la Justicia determinar si hubo hechos ilícitos.

Pero independientemente de si hubo o no delito, al ciudadano también le importa saber si las autoridades de Ancap administraron bien los recursos que la sociedad les confió. Si su gestión fue eficiente y útil socialmente.

No alcanza con decir que “nadie metió la mano en la lata” o que “nadie se llevó un peso” para su casa. Esa es la exigencia mínima. Es lo que se espera: la probidad de quienes ejercen cargos de dirección en la función pública.

El acierto o el desacierto en las decisiones que se adopten es harina de otro costal y muchas veces ello se aprecia recién con la perspectiva que da el tiempo transcurrido.

Lo positivo es que la denuncia opositora y la actuación de la investigadora puso luz sobre un conjunto de hechos y situaciones irregulares, nada inocentes, que habían pasado inadvertidos para el grueso de los ciudadanos y que solo eran conocidos —y discretamente manejados— en reducidos ámbitos del oficialismo.

Las aisladas voces que denunciaban estos hechos eran sepultadas por un gobierno con mayoría legislativa propia y la euforia consumista a la que se abocaron muchos compatriotas producto de un tiempo de bonanza económica sin par.

Por ello, para quienes realmente creen en las virtudes de vivir en democracia, el trabajo de la investigadora ni fue una pérdida de tiempo ni un circo político. Más bien, una prueba del buen funcionamiento de las instituciones y de que el Parlamento ha cumplido uno de sus cometidos principales: el contralor de los actos de la administración.

Cuesta entender que una empresa estatal, que desarrolla su principal actividad industrial y comercial en forma monopólica, sufra cuantiosas pérdidas durante cuatro años, que su pasivo se haya multiplicado por más de seis y que por tanto deba ser recapitalizada urgentemente en U$S 800 millones. No puede ser considerada un ejemplo de buena administración. Cuesta también entender que el sobrecosto de las inversiones realizadas por un total de U$S 1.300 millones haya superado lo estimado inicialmente en U$S 500 millones (un plus de 60%).

Cuesta entender la forma en que se contrató el servicio de una agencia publicitaria, la fiestita que costó 360.000 dólares o la concesión de una pauta publicitaria a una emisora de un “correligionario” que ni siquiera estaba en el aire. La lista es más extensa…

El descontrol en Ancap fue enorme, tal como lo señalaron en su momento en ámbitos del gobierno, el actual ministro de Economía, Danilo Astori, y su antecesor, Fernando Lorenzo. Así acaban de reiterarlo ante la propia investigadora del Senado.

Se trata de situaciones indefendibles. Hubo un manejo dispendioso y negligente por parte de las autoridades de Ancap. Consecuencia de la tranquilidad que sentían al contar con el respaldo de un presidente desentendido de los riesgos que tomaba la empresa mientras peroraba aquí y allá, filosofando sobre todos los problemas de la humanidad, fascinado por el éxito y la popularidad internacional de su “ejemplo de vida” y de un discurso políticamente correcto. Alentado por la claque que le rodeaba y gestionaba con Kusturica y el Premio Nobel.

Resulta paradójico que quienes impulsan la intervención del Estado en actividades productivas hayan actuado con tanta ligereza y desaprensión en el manejo de recursos públicos. Y que lo hicieran, particularmente, a través de una serie de sociedades regidas por el derecho privado y, por tanto, no sometidas a los contralores institucionales habituales. Pero resulta patético que los responsables de tal daño acusen a quienes cuestionan su gestión de estar motivados por su oposición a las empresas públicas y de perseguir fines privatizadores.

Al tratar de explicar la “tormenta perfecta” que terminaron produciendo las autoridades de Ancap, que se precipitó en el último quinquenio, el senador colorado Pedro Bordaberry aludió, en su informe final, a una concepción “desarrollista” (“desarrollismo mágico”, la rotula) según la cual “las empresas públicas como Ancap no tienen necesariamente que dar ganancias”. Una concepción que sostiene “que no es malo que exista déficit”, que “muchas veces es necesario que los balances reflejen pérdidas”, que “hay inversiones en las que se tienen en cuenta elementos que no son de rentabilidad”.

Todo, por supuesto, con dinero ajeno aportado por “los nabos de siempre”, acertada expresión que desde estas páginas impusiera Tomás Linn.

Es imposible no identificar este “desarrollismo mágico” con la corriente del Frente Amplio que reclama soltar amarras, “profundizar los cambios” y “avanzar en la construcción del socialismo”. Que quiere financiar a través del Fondes más y más “velitas encendidas al socialismo”.

Es imposible no identificar este “desarrollismo mágico” con las políticas seguidas por el chavismo en Venezuela, por los gobiernos K en la Argentina, cuyas consecuencias económicas —y políticas— están hoy a la vista.