Una auditoría en la Unidad de Apoyo Tecnológico de la Policía Nacional del Ministerio del Interior comprobó que todas las intercepciones de teléfonos a requerimiento del Ministerio del Interior, efectuadas entre el 1º de noviembre de 2016 y el 30 de abril del 2017, contaban con una orden judicial que la ampare. Las operadoras telefónicas (Antel, Claro, Movistar), que hacen la intervención, redirigen la información captada al sistema informático “El Guardián”, que centraliza los datos.
miércoles 11 de febrero de 2026
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