“Escraches”

He buscado por todos lados argumentos legales que sustenten los escraches.

En los casos analizados se discute si este hostigamiento sin violencia física forma parte del derecho de expresión cuando en general responden a la reprobación por tal o cual posición política.

En el peor de los casos podría considerarse delito cuando estas acciones constituyen la limitación de movimientos de las víctimas, e incluso así hay quienes lo justifican atribuyendo a la policía la responsabilidad por no garantizar a la víctima el libre desplazamiento sin afectar el derecho de expresión de quienes lo escrachan.

Pero repito, no encontré ningún análisis en Uruguay referente a los escraches organizados contra los militares.

No soy abogado pero vivo día a día el tormento al que están sometidos algunos militares y sus familias en nuestro país.

Estas no son acciones amparadas por el libre ejercicio a la expresión pública por muchas razones.

No son la libre expresión. Son orquestadas y dirigidas por organizaciones de extrema militancia ideológica que explícitamente, a través de todas las formas de comunicación disponibles, declaran impunemente su objetivo de venganza y persecución, constituyéndose así, entre otros, el delito de amenaza.

En el caso de escraches a personalidades públicas siempre existirá la opción de respuesta.

En el de los militares queda clara la asimetría entre quien en la mayoría de los casos está sometido a disciplina o proceso judicial sin capacidad de respuesta, contra la de una organización que cuenta con todos los recursos de comunicación pública, en donde se incluyen campañas de agravios y difamación escritas y orales, con amenazas explícitas y casi siempre con un plan de calumnias e insultos bien orquestados.

En adición, es imposible desvincular este tipo de acosos de las consecuencias personales, laborales y psicológicas, no sólo para la víctima sino también para su familia, que debe soportar este acoso muchas veces en sus propios domicilios, frente a sus hijos y nietos y todo su vecindario.

El “bullying”, cuyo derivado del inglés es del verbo “intimidación” o del sustantivo “matón” o “bravucón”, es un fenómeno social que, detectado entre los jóvenes, ha probado sus nefastas consecuencias. Por tal motivo ha atraído la preocupación de los gobiernos y organizaciones sociales en todo el mundo. Esta es una de sus formas.

Según la definición académica, “el bullying consiste en la práctica de actos violentos o intimidatorios constantes sobre una persona. Puede ser realizado por una o varias personas, con el propósito de agredir o de hacer sentir insegura a la víctima”.

El escrache no es otra cosa que “bullying” aplicado a supuestos enemigos ideológicos. Ataca a todo su entorno familiar, social y profesional.

Este tipo de bravuconadas multiplican su acción ofensiva apoyadas en la impunidad de grupos militantes de dudosa legalidad. Organizados y financiados expresamente para perseguir, vengarse, difamar y acosar psicológicamente a sus enemigos del pasado, cuentan, ademas de dudosos antecedentes, con la complicidad de una parte del entramado político.

Este tipo de linchamientos, avalados legalmente hasta ahora, son supervisados por la fuerza pública, que más que garantizar el orden, parecen mandatados para avalar con su presencia la ilegitimidad de estas acciones de linchamiento psicológico réprobas.

Para rematar, estas patotas han creado la figura de la “condena social”, entelequia que pretende justificar de alguna manera su accionar por encima de lo que en cualquier estado de derecho democrático corresponde a la justicia. Bajo esa consigna alientan todo tipo de asonadas como la de la Suprema Corte de Justicia.

En mi opinión, está llegando el tiempo de volver las cosas a su lugar.

O condenamos el “escrache” iniciando las acciones legales a través de los órganos pertinentes o renunciamos a uno de los últimos reductos de los derechos que van quedando no sólo para los militares, sino para la sociedad: su dignidad, su honor y sus familias.

Cnel. Arquímedes Cabrera