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“No puedo hablar de conformidad con un ahorro. Voy a estar conforme cuando haya más empleo en el país; lo que tuvimos en 2020 fue destrucción de puestos de trabajo”, señaló a Búsqueda la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ante la pregunta de si está satisfecha con la baja del gasto “estructural” en US$ 660 millones que, según informó, se consiguió el año pasado.
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Esa y otros jerarcas de su ministerio machacaron en los últimos días en varias entrevistas con medios de comunicación en la diferenciación de dos “cajas”: una de carácter transitorio —el llamado Fondo Coronavirus— para atender los gastos sanitarios, sociales y económicos por la pandemia y otra “estructural”, es decir la referida a los egresos normales del sector público, que son históricamente mayores a los ingresos (lo que provoca el déficit fiscal). Arbeleche informó que se previeron US$ 540 millones a utilizar este año a través de ese fondo especial por el Covid-19, y fue enfática en cuanto a que se buscará seguir bajando gastos de la “caja” que llama estructural.
La lógica por detrás del intento de hacer más eficiente el funcionamiento del Estado es que ello debería redundar en una disminución de costos para el sector privado, además de permitir darle sostenibilidad a largo plazo a las políticas sociales. Ese fue uno de los ejes de la campaña electoral del hoy presidente Luis Lacalle Pou que se plasmó, pocos días después de asumir el cargo, en un decreto ordenando recortes diversos y otras medidas de austeridad posteriores.
Arbeleche dijo a Búsqueda que una de las prioridades para el 2021 será avanzar en esa dirección. “Este año estamos abocados especialmente a que los procesos sean más eficientes”, porque la situación actual implica “mayores costos” para empresas y familias, explicó. Se trata de un trabajo que llevan adelante en su ministerio junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “identificando solapamientos y trámites innecesarios”, buscando que lo burocrático se torne “más sencillo y eficiente”. La ministra interpreta este tipo de acciones como parte de las “reformas estructurales” que son “fundamentales para el crecimiento” económico del país.
Una nueva institucionalidad relacionada con la eficiencia del gasto fue prevista en la cuestionada Ley de Urgente Consideración, pero que aún está tomando forma: la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp). Será un sustituto de la unidad de asesoramiento en esa materia que funciona en la órbita de la Presidencia de la República desde el primer mandato de Tabaré Vázquez. “Todavía no se conformó y es uno de los aspectos que estamos revisando este año. Sí se empezó a trabajar en los cometidos que tiene la agencia, que son estas simplificaciones y (búsqueda de) mayores eficiencias”, indicó Arbeleche. “Esta agencia es también, de alguna manera, seguir profundizando en los ahorros, como los US$ 660 millones” logrados en 2020, subrayó. “Entendemos que tenemos mucho para hacer” en este aspecto.
Según dijo la ministra, todavía no hay una persona designada al frente de la Amepp, en etapa de constitución.
Compromisos
Una herramienta concreta, implementada en los gobiernos del Frente Amplio con el propósito de administrar de manera más eficiente los recursos, fueron los “compromisos de gestión” suscritos por el Poder Ejecutivo con las dependencias públicas, los entes y otras instituciones beneficiarias de subsidios o subvenciones estatales por encima de los $ 20 millones anuales.
El decreto de austeridad firmado por Lacalle Pou enseguida de asumir la Presidencia los aludió. Dio plazo hasta el 30 de abril de 2020 para que los organismos presentaran los proyectos de acuerdos de gestión, con la exigencia, además, de apegarse al tope de 85% de gasto establecido como parámetro general para toda la administración.
Pero las anteriores autoridades y las nuevas coinciden en que se trata de un instrumento perfectible.
La Comisión de Compromisos de Gestión, integrada por un representante de la OPP —que la preside hoy Graciela Pérez Montero—, otro de Economía y un tercero de la Oficina Nacional del Servicio Civil, es la encargada de pronunciarse sobre estos compromisos que fijan metas. Una asesoría técnica le da apoyo en el intercambio y negociación con los jerarcas de las distintas reparticiones; el ministerio de referencia debe dar el visto bueno final antes de elevarse el compromiso para su aprobación. Luego, ya en vigencia, se hace un seguimiento; un informe desfavorable sobre el cumplimiento supone, para el organismo involucrado, impedimentos para hacer efectivos desembolsos de fondos.
Un informe de transición de gobierno fechado en marzo del 2020 consigna que 35 reparticiones habían remitido una versión preliminar de sus compromisos de gestión a esa fecha.
“Dada la gran cantidad de trámites que ingresan a la comisión se hace difícil el seguimiento manual del estado de situación de cada uno de ellos. Por tal razón una de las prioridades ha sido estudiar la viabilidad técnica y financiera de implantar un sistema para el seguimiento de las distintas etapas del trámite”, evitando hacerlo por medio de expedientes, explicaba el documento.
Valoraba que, a partir de estos compromisos, se logran mejoras en los procesos internos, además de “dar mayor trazabilidad y trasparencia a distintos procesos de la administración pública”.
Pero, al mismo tiempo, advertía varias “debilidades” en la implementación de esta herramienta, como el hecho de que las metas “no siempre están enmarcadas en una planificación estratégica” de los organismos involucrados. Por otro lado, existe una “baja prevalencia en la definición de metas institucionales” y la existencia de un elevado número” de objetivos a cumplir.
Otro problema son los recursos. En la secretaría técnica, los funcionarios trabajan a tiempo parcial y no todos tienen una capacitación previa específica en planificación estratégica, ni en la herramienta de compromisos de gestión. En cuanto a las capacidades de los ministerios, salvo algunas excepciones —como Salud Pública—, “tampoco cuentan con equipos dedicados a tiempo completo al seguimiento de los compromisos de gestión”, señala.
Una debilidad significativa advertida en el informe de transición es que el cumplimiento de los compromisos era hecho por funcionarios de los propios organismos y que, por tanto, “están directamente afectados por los resultados de la evaluación”. La recomendación en tal sentido es que los análisis estuvieran a cargo de equipos externos para “asegurar la independencia y la oposición de intereses”.
Asimismo, indica que si la totalidad de los subsidios o subvenciones para una institución quedan supeditados al cumplimiento de las metas, se pueden generar “incentivos inadecuados a la hora de definir los compromisos de gestión”.
