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“Falta voluntad política” para terminar con los asentamientos
Para la directora ejecutiva de Techo Belén González, una ONG que lleva 16 años de trabajo en Uruguay y más de 3.500 viviendas instaladas, es necesario que desde el Estado “realmente haya una decisión de invertir recursos”
imagen de “Falta voluntad política” para terminar con los asentamientos
Las lluvias y los vientos intensos no pararon durante buena parte del sábado 12. Algunas bocas de tormenta se desbordaron y hasta una calle en el barrio Pocitos se hundió luego de que colapsara la red de saneamiento. En la periferia de Montevideo la situación fue peor. Varias de las casas precarias que forman los asentamientos que rodean la capital del país fueron desbordadas por el agua y algunas cedieron ante la fuerza del viento.
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“Decir que Uruguay no tiene situaciones de emergencia climática es relativo, depende de dónde vivís”, afirmó la directora ejecutiva de Techo, Belén González. Techo es una organización que trabaja en 19 países y que provee viviendas de emergencia a personas que se encuentran en situaciones de extrema pobreza, generalmente instaladas en asentamientos.
González dijo a Búsqueda que para quienes viven en asentamientos, lluvias y vientos como los del fin de semana pasado generan situaciones de emergencia porque “ponen en riesgo” a las familias y las viviendas en las que habitan.
Previo al inicio del temporal, Techo recibió a dos candidatos presidenciales, el frenteamplista Daniel Martínez y el colorado Ernesto Talvi, y a la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Beatriz Argimón.
A cada uno le presentaron las instalaciones de un nuevo prototipo de vivienda de emergencia que Techo espera comenzar a instalar en los asentamientos. “Todos fueron muy receptivos”, valoró González, y destacó que los equipos de los tres partidos políticos se comprometieron a hacer una devolución de sus impresiones sobre la nueva casa, que es más amplia y utiliza materiales mejores que las viviendas de emergencia anteriores.
Luego de 16 años trabajando en Uruguay y habiendo instalado más de 3.500 viviendas, González entiende que “claramente falta voluntad política y presupuesto” para buscar soluciones de fondo al problema de los asentamientos. “Podemos discutir legislación e institucionalidad, pero lo que hace falta es que realmente haya una decisión de invertir recursos y que llegue a la gente que lo necesita”, afirmó.
En 2018 el presupuesto del Ministerio de Vivienda fue equivalente al 0,6% del PBI, unos US$ 362 millones. Dentro de ese ministerio está el Programa de Mejoramiento de Barrios, que atiende la situación de los asentamientos irregulares; el Plan de Relocalizaciones, que apunta a trasladar a las familias que habitan en zonas inundables y contaminadas, y el Plan Juntos —impulsado por José Mujica cuando fue presidente—, que promueve la autoconstrucción y la ayuda mutua entre familias que viven en la extrema pobreza.
“Hace falta definir políticas e invertir de forma importante. En nuestras recorridas vemos que es muy grande la problemática y si no hay decisiones grandes, es difícil que lleguen a resolverlo”, afirmó la directora de Techo.
González dijo que una de las líneas de acción de Techo es diseñar una política de integración socioterritorial que apunta a buscar soluciones de fondo al problema.
La otra línea de acción está vinculada a las viviendas de emergencia. Hasta ahora, Techo construía viviendas de madera. A los partidos políticos se les presentó la semana pasada el Modelo Habitacional de Emergencia 2.0, con el cual se busca responder “mejor a las necesidades de las personas” que se encuentran en emergencia. El nuevo modelo mantiene las características básicas del módulo original: solución rápida, de fácil implementación, que puede ser construida por mano de obra no calificada y que es económicamente factible.
El sistema es modular, progresivo y adaptable a cada familia y terreno y se le puede agregar un módulo húmedo para baño y cocina. La casa está compuesta por material ignífugo, impermeable, utiliza placas ecológicas y posee un kit eléctrico mínimo. Si bien aún falta calcularlo con precisión, la estimación primaria es que el costo de cada vivienda es de $ 150.000.
Para atender la situación de emergencia habitacional Techo utiliza dos mecanismos. Uno se realiza mediante el trabajo en el territorio específico, donde las familias priorizan los problemas a trabajar. En las situaciones de riesgo se asigna un módulo habitacional de emergencia que es construido en una jornada con voluntarios.
Un segundo mecanismo es cuando un organismo público solicita la intervención de Techo. En ese caso se provee una vivienda de emergencia ante situaciones donde la integridad y la vida de la persona se encuentra en riesgo inminente: abuso intrafamiliar, violencia basada en género, desplazamiento forzoso por riesgos asociados al narcotráfico, actividades delictivas y controles territoriales o materiales de las viviendas muy precarios.
A comienzo de este año, Techo presentó un relevamiento con una metodología propia sobre la cantidad de asentamientos que hay en el país. El informe registró 656 asentamientos, el 75% de ellos ubicados en Montevideo y Canelones. La organización estimó que en esos asentamientos vive una población de entre 182.000 y 219.500 personas.
A nivel oficial, el último dato conocido es de 2011 (cuando se realizó el censo), que contabilizó 589 asentamientos habitados por 165.271 personas.
