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    “Jueces rebeldes contra el Fondo Solidario”

    Sr. Director:

    El filósofo francés Paul Valéry ha sostenido que la sintaxis es un valor moral porque todo lo crea o limita al igual que la ética. Cuando se violan esos principios cualquier argumento se vuelve del revés por carecer de valores. “Es el espacio en el que la lengua se vuelve contra ella misma y se revuelca en sus taras (…). La lengua de siempre con los conceptos de nunca”.

    Espero que los lectores disculpen esta digresión, pero la opinión de Valéry me asaltó con fuerza luego de leer la semana pasada en Cartas al Director de Búsqueda un comunicado de la llamada Unión Iberoamericana de Jueces (UIJ). Lo tituló: “Pronunciamiento internacional sobre la ley de fondo coronavirus que grava las remuneraciones de los jueces uruguayos y los dichos agraviantes para los colegas uruguayos y argentinos en la nota titulada Jueces rebeldes contra el fondo solidario”. Presuntuoso y capcioso.

    Con “dichos agraviantes” se refiere a las declaraciones que recogí de algunos magistrados y a mi propia opinión sobre lo ocurrido con la aplicación del Fondo Coronavirus a los salarios de los jueces (Búsqueda Nº 2071).

    El comunicado lo firman el juez brasileño José Eduardo de Resende Chavez Júnior, como presidente, y la jueza paraguaya y vicepresidenta general, Teresita Ricardi Arce. Obviamente, no son sus autores. Amanuenses obedientes de quien lo escribió en Uruguay.

    Cubro información judicial desde hace 35 años y nunca se me había atribuido mala intención o tergiversaciones dolosas. No se debe a que haya sido complaciente con el sistema judicial o sus integrantes, sino a que me ceñí a principios profesionales. La UIJ insinúa que mis fuentes son inexistentes porque son anónimas y me atribuye intenciones aviesas. Varios/varias de quienes impulsan esa reacción olvidan convenientemente que en el pasado en forma personal, telefónica o por mail me han proporcionado información de interés público para publicar con el compromiso de mantener en reserva sus nombres. Lo cumplí a rajatabla.

    Señala el comunicado que un grupo de 112 jueces (25% del total) socios de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) le solicitaron por escrito a su presidente, Alberto Reyes, que convocara a una asamblea extraordinaria antes de que el gobierno efectuara la retención del impuesto para discutir esa situación y que no ocurrió con la premura que pretendían. Debido a las restricciones por el coronavirus la asamblea fue citada para el 6 de junio y se hará por Zoom.

    Por otra parte, 56 socios y la UIJ le pidieron a Reyes que AMU enviara a Búsqueda una nota para desagraviar a los jueces de las declaraciones de sus colegas citados como fuentes y sobre mi opinión.

    Algo debe quedar claro para no resultar sorprendidos en su buena fe: la UIJ no es un organismo gremial ni local ni internacional. Es una organización privada. No es vocero de los jueces uruguayos, a quienes solo los representa la AMU a través de sus autoridades elegidas democráticamente. Las manifestaciones o solicitudes que la UIJ formule en los ámbitos judicial y político tienen el mismo peso que las de un club de barrio. Tal vez menos.

    En el ámbito internacional AMU está afiliada desde su creación a la Unión Internacional de Magistrados (UIM) y a la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), ambas integradas por decenas de asociaciones formales de magistrados.

    Algunos jueces ironizan con que la UIJ es una organización especializada en organizar viajes y reuniones sociales, y que lo hace con eficiencia. Seguramente. Pero también irrumpe con declaraciones públicas que, debido a su rimbombante nombre, induce en error a periodistas y público sobre su papel, incidencia y representatividad

    La UIJ tiene un presidente y 18 vicepresidencias, una de las cuales la desempeña la ministra uruguaya de un tribunal de apelaciones penal, Gabriela Merialdo.

    El 21 de mayo la directiva de AMU consideró “improcedente la petición” de los 56 socios para que enviara una nota de desagravio a Búsqueda. La rechazó con el argumento de que “las opiniones vertidas por los socios entrevistados por el periodista autor de la nota, y su crítica personal, no constituye sino una manifestación democrática de la libertad de expresión y de prensa”.

    Sería bueno explicarles a esos jueces los significados de “manifestación democrática” y “libertad de expresión y de prensa” para que lo apliquen cuando en sus tribunales deban juzgar el trabajo de algún periodista.

    Por eso es conveniente conocer quiénes fueron los 56 jueces que promovieron el desagravio censor: Ma. Alejandra Álvez, Claudia Valetti, Ma. José Camacho, Rossana Ortega, Erika Armendano, Elisa Echevarría, Constanza Farfalla, Alejandra Gutiérrez, Gonzalo Silva, Pura Book, Estela Jubette, Florencia Ferreyra, Gabriela Merialdo, Mariela Tejera, Yanir Pérez, Ma. Eugenia Ferrer, Isabel Rodríguez, Roberta Licciardi, Ivon Olivera Kamaid, Jimena Rosas, Adriana Navarro, Paulo Aguirre, Yamel Tabárez, Hugo Rundie, Blanca Griselda Santoro, Ana Virginia Salaberry, Natalia Sereda, Javier Gandini, Darío Willebald, Rossana Martínez, Dany Atahides, Silvana Pintos, Bettina Duter, Pablo Rochón, Stefania Vittori, Giovana Díaz, Ma. Del Carmen Illanes, Rodrigo Maciel, Fabricio Cidade, Alejandra Gutiérrez Benítez, Florencia Vizcaino, Vivianna Barloco, Natalia Alessandre, Alicia Olivero, Ma. Aurora Larramendi, Rodolfo Souto, Rosemarie Flores, María Elbia Merlo, Fernando Moreno, Marcelo Bonavota, Patricia Techera, Maiara Bopp, Adriana de los Santos, Liliana Brusales, Andrea Cayeux y Virginia Bajac.

    El 21 de mayo AMU también rechazó un pedido de Merialdo para que difundiera el comunicado de la AIJ. El gremio lo rechazó porque: “a) AMU no integra esa asociación internacional; b) su pronunciamiento ya tomó estado público por la prensa escrita y mediante chats de los socios”.

    Al día siguiente, el 22 de mayo, al no lograr sus objetivos, Merialdo reaccionó y por mail le comunicó a Reyes y a otros jueces: “Por la presente cumplo en comunicarles mi desvinculación de la lista 1”.

    La lista 1 es la mayoritaria en AMU con seis integrantes en la directiva. Tres de la minoría corresponden a la lista 2.

    ¿Se está gestando una lista 3?

    Raúl Ronzoni