¿La “mochila” se liberará de peso?

Los ahorros, dicen las autoridades, surgirán de mejorar la eficiencia en el gasto, de reorganizar y coordinar políticas y programas que se duplican o triplican dentro de la burocracia estatal. Si es eso, nadie podría estar en desacuerdo. Y en cuanto al siempre polémico asunto de los funcionarios públicos, las medidas anunciadas están dirigidas a reestructurar las reparticiones si es necesario, identificar a quién se precisa y quién no, y reubicar a los excedentarios si hace falta cubrir alguna vacante en otra oficina. Es un proceso que llevará tiempo y habrá resistencias desde los sindicatos —para eso están—, pero algunas situaciones actuales parecen indefendibles. Por ejemplo, en declaraciones a Búsqueda que se publican en esta edición el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, asegura que hoy “nadie sabe” cuál es la tarea exacta de cada empleado público, que no hay carrera administrativa y que por eso se terminan asignando “a dedo” los cargos de responsabilidad. Nada del todo nuevo, salvo que ahora parece haber voluntad política de demoler ese “terreno clientelar” que, asegura el jerarca, existe en varios ámbitos del Estado. También admite que es posible que haya personas que llegan a funciones por vínculos partidarios y no por sus competencias técnicas en un número mayor al conveniente; la coalición multicolor debería cuidarse de no caer en esto.

La polémica en el ámbito político a propósito de estas medidas ya mostró su orientación en la comparecencia, el lunes 7, del equipo económico encabezado por Arbeleche ante la comisión parlamentaria que trata el proyecto presupuestal. Los diputados del Frente Amplio dispararon contra ese “modelo económico y filosófico” que apunta a darle más espacio al sector privado. Otra vez, nada nuevo. La novedad es, quizás, el contexto: con el nivel actual del déficit fiscal, el margen de acción del Estado que defiende la izquierda quedó restringido al mínimo. Enfocar la discusión con miradas ideológicas puede llevar a empantanar las reformas postergadas, lo que ancla la economía, desalienta la inversión y hace perder empleos —ya se vio en los últimos años, sin que hubiera pandemia—. Al final del camino, todo debería conducir a menores impuestos, tarifas y costos de producción en general, y a que la ciudadanía reciba buenos servicios públicos de educación, salud o seguridad.