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Aunque es uno de los problemas actuales del gobierno, la conflictividad en la educación es una preocupación a futuro dentro del Frente Amplio, ante una hipotética próxima administración, ya que el tema está lejos de solucionarse. Al evaluar esa situación durante una charla organizada el miércoles 28 de agosto por el Movimiento Alternativa Socialista, la senadora Constanza Moreira (MPP) afirmó que en el oficialismo “se cuecen habas” sobre la participación y la actitud de los gremios docentes. “Hay todo un terreno de disputa y de controversia ideológica que vale la pena dar, porque si no lo damos los gremios defeccionarán hacia otro lado como ha pasado en otras áreas del movimiento sindical”, advirtió.
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Consultado por Búsqueda, José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), coincidió con la preocupación al señalar que “la unidad del movimiento sindical está en peligro”, porque el movimiento sindical “no puede ser” el amortiguador de las contradicciones del Frente Amplio, a las que describió como “un conjunto de elementos definidos en términos de política que no tienen nada que ver con una concepción de izquierda”.
Según el dirigente, esas contradicciones en algún momento “le van a pasar factura” al Frente Amplio, porque su objetivo central es ser gobierno y no plantear cambios profundos en Uruguay. “¿Hasta cuándo van a seguir sin discutir la política educativa en serio? Esto va a quedar patente en el 2015 porque no lo resolvemos con un punto más del PBI”, cuestionó, asegurando que ese año será de “conflictos muy pesados” y que el futuro gobierno recibirá una “herencia pesada” porque el actual aplicó políticas “tan cortoplacistas que no se pueden sostener en el tiempo”.
Olivera indicó que luego de la dictadura y con el objetivo de “ganar el gobierno”, el Frente Amplio inició un proceso de modificación de su programa fundacional, el “elemento aglutinador” que lo vinculaba a los gremios. Ese proceso hoy tiende a “cerrar un ciclo”, ya que el oficialismo abandonó concepciones programáticas y transformaciones estructurales que llevaron a un “claro desprendimiento y confrontación con la base social y política que lo acompañaba”.
A partir de ese divorcio es que para Olivera el gobierno pretende someter a los sindicatos a sus acciones, incluso vigilando a aquellos que no se prestan a su “intencionalidad” cuando elogia a algunos gremios y descalifica a otros. “Yo tengo el teléfono pinchado hace mucho tiempo. No te puede durar siete u ocho horas una batería cuando la cargaste toda la noche. Yo llamo a alguien y suena dos veces el teléfono y alguien levanta del otro lado pero sigue sonando el teléfono. Esas cuestiones marcan que parte del movimiento sindical, sobre todo aquel que no se subordina (al gobierno), está vigilado”, afirmó.
Para el dirigente el problema es mayor porque existe una nueva generación de gremialistas a la cual “no le importan” valores y códigos fundamentales del movimiento sindical, que desconfía de la fuerza política pero también “de los propios sindicatos”.
“Acá se parte una brecha. Los que fundaron el sindicalismo ya se fueron. Los que tomamos la posta ya estamos rondando los 40 y 50 años. ¿Qué viene detrás?”, se preguntó, y dijo que las posturas gremiales “más duras” de los últimos meses corresponden a esa generación que ronda los 30 años.