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El gobierno va “limpiar las calles y encerrar gente”, rebajando las “garantías” de circulación de las personas y sin la intervención directa de un juez. Ese es el análisis que realiza la organización Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) para fundamentar su oposición a una de las principales ideas del gobierno en materia de seguridad.
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El miércoles 27, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que habilita la internación compulsiva de los adictos al consumo de estupefacientes. El objetivo es ayudar al consumidor y “salvaguardar la seguridad y el orden público de la población”.
La iniciativa, que comenzará a ser analizada en la Comisión de Salud del Senado, crea “brigadas” especializadas que abordarán a las personas que se encuentren consumiendo estupefacientes en la vía pública o se presuma que acaban de hacerlo. Los consumidores serán conducidas a un centro donde los atenderán médicos, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales. Una vez ingresadas y registradas esas personas, se dará cuenta al juez competente para que disponga qué medidas tomar.
Gianella Bardazano, de Ielsur, denunció que con esta medida el gobierno quiere “limpiar las calles y encerrar gente”. La especialista indicó que ya existe en la normativa uruguaya un mecanismo que habilita la internación de consumidores de drogas.
Bardazano sostuvo que con la propuesta que ahora impulsa el gobierno se “rebajan las garantías” de las personas, porque el proyecto “separa cada vez más” la consulta al juez del momento en que se priva de libertad al individuo.
Además, cuestionó el “discurso” del gobierno según el cual los consumidores son “un peligro para la sociedad”. “¿Quién va a decir eso? ¿La brigada que va por la calle?”.
Otro integrante de Ielsur, Martín Fernández, dijo el viernes 29 en Océano FM que si se aprueba la ley tal cual está redactada, se va a “estar internando gente por teléfono”.