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El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, opinó la semana pasada en Búsqueda que el proceso de negociación con UPM ha sido “transparente” y que algunos cuestionamientos a esa empresa han sido “de mala fe”, ya que “fueron aclarados” por el gobierno.
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Esta semana, en una carta enviada a Búsqueda, Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), le respondió a Rucks. Afirma que el gobierno y la empresa “evitan contabilizar los casi siete mil millones de litros de agua que son indispensables en la operación de la planta para diluir sus efluentes”, agua que al pasar por los vertederos “se saturará de elementos contaminantes”. El volumen de agua necesario para que la planta pueda operar es el equivalente al consumo de agua de casi sesenta millones de personas, más que la población de Argentina, Paraguay y Uruguay sumadas.
En relación con la supuesta transparencia del proceso, “no es necesario aclarar nada pues es pública y notoria la sucesión de negociaciones secretas, documentos no publicados o declarados confidenciales con que viene actuando el gobierno en este proyecto”. Para Viñas, hay una “opaca transparencia” porque solo tras reiteradas solicitudes de acceso a la información pública se conocieron modificaciones al contrato que “comprometen por décadas” al país con UPM.