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El calendario electoral marca que faltan nueve meses para el fin de la administración del presidente Tabaré Vázquez, mientras el panorama económico aparece complicado, especialmente en lo que tiene que ver con el nivel de actividad y de empleo, así como en materia fiscal.
En marzo, el desempleo trepó a 9,5%, al tiempo que la tasa de empleo se redujo al 56,2% (1,1 puntos porcentuales menos que un año atrás). Hay que remitirse a enero de 2007 para encontrar registros más negativos en ambos indicadores. Y en abril, el número de beneficiarios del “seguro de paro” tuvo un fuerte aumento —de 11,8%— respecto a un año atrás, totalizando 39.520 personas.
Asimismo, en enero-abril la recaudación impositiva bajó 3,2% en términos reales con relación a igual período del año pasado, con bajas en prácticamente todos los tributos relevantes. Salvo algún tema contable vinculado a los movimientos del stock de crudo de Ancap, es posible que los números fiscales de abril —que se conocerán mañana, viernes 31— muestren una nueva ampliación del desequilibrio anual en las cuentas públicas, que ya están en un nivel preocupante equivalente a 4,5% del Producto Bruto Interno (sin considerar el efecto de la ley de “cincuentones”).
En definitiva, parece cada vez más claro que la economía no está creciendo, y la consecuencia es que caen los ingresos del Estado y se destruyen puestos de trabajo.
Como ni la región ni el mundo van a ayudar mucho a corto y mediano plazo (más allá del bienvenido repunte de la soja de los úlitmos días ante los problemas climáticos en Estados Unidos y de la firmeza de los precios de la carne ante “fiebre porcina” en China), la actual dinámica negativa tiende a perpetuarse y a profundizarse en la medida en que no se toman medidas correctivas en lo interno. Pero, lamentablemente, el proceso electoral implica que difícilmente el gobierno actúe ante lo que parece necesario desde el punto de vista técnico para intentar revertir eso.
Así las cosas, el sector privado no tiene más remedio que “jugar al achique” por una cuestión de sentido común y de supervivencia, a la espera sea de que cambie de manera muy favorable el contexto externo (algo poco probable), o que un nuevo gobierno se ocupe de reducir el actual nivel de “costo país”, devolviéndole rentabilidad y competitividad a la producción nacional.
Ni el consumo ni la inversión privada tendrán mucho dinamismo en los próximos trimestres. En el caso del consumo, por el estancamiento del poder adquisitivo salarial y, sobre todo por el temor e incertidumbre que genera la situación del mercado laboral, tanto para los que han perdido su empleo como para los que temen que ello les vaya a ocurrir en el futuro. Reducir el consumo y aumentar el ahorro precautorio es lo más lógico en las actuales circunstancias.
Y en el caso de la inversión, la falta de rentabilidad, el alto nivel de capacidad instalada, los elevados costos domésticos y la incertidumbre que causa el propio proceso electoral respecto a cómo se va a salir del actual atolladero, son motivos más que suficientes como para que se mantenga en la misma tendencia de los últimos trimestres. El único factor de dinamismo en el futuro cercano es el aumento de la inversión pública por el propio proceso electoral, así como el comienzo de la construcción del Ferrocarril Central y alguna otra obra en modalidad de participación público-privada.
Todo parece indicar que seguiremos inmersos en esta lenta agonía al menos hasta marzo del año que viene. Y lamentablemente, continuar en “piloto automático” va a hacer que mucha gente y muchas empresas más queden por el camino. Porque nueve meses es mucho tiempo, especialmente teniendo en cuenta que muchos sectores arrastran situaciones complicadas desde hace bastante.
