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El compromiso asumido por el presidente Tabaré Vázquez con el Poder Judicial y el sistema político para financiar la implementación del Código del Proceso Penal, por un lado, y la disposición a considerar un apoyo de recursos adicional transmitida a los intendentes, por otro, generó “preocupación” entre jerarcas del área económica, afirmaron a Búsqueda fuentes oficiales.
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Es que, según dijeron, esos anuncios de Vázquez, de concretarse, generarán más egresos en un momento en que el equipo económico debe pensar dónde hacer recortes presupuestales para abatir el desequilibrio fiscal. De hecho, ante este panorama —que sorprendió a algunos jerarcas— empezaron a evaluarse posibles alternativas para financiar estos gastos, como no devolver los aportes en exceso realizados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Ese trabajo está siendo coordinado desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), informaron.
Con el argumento de que la devolución de aportes al Fonasa beneficia sobre todo a sectores de la población de altos ingresos, durante el gobierno de José Mujica ese camino llegó a considerarse seriamente, así como su legalidad. Finalmente, tal opción fue descartada.
El reintegro del Fonasa corresponde cuando al trabajador activo y a los pasivos se les retienen aportes mayores a lo debido. Lo efectúa una vez al año el Banco de Previsión Social u otros institutos especiales de seguridad social.
En 2015 unas 126.800 personas tuvieron derecho a cobrar la devolución. El monto anual reintegrado ronda los U$S 70 millones.
Compromisos.
El martes 3, luego de una reunión con representantes de los partidos políticos y del Poder Judicial para tratar la problemática de la seguridad pública, Vázquez informó que se acordó adelantar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, para lo cual se deberán prever los fondos necesarios en la próxima Rendición de Cuentas. Tiempo atrás la Suprema Corte de Justicia había estimado en U$S 50 millones el costo de la implementación de esa reforma.
Mientras, ayer miércoles 4 el presidente recibió al Congreso de Intendentes. Vázquez informó allí que se instrumentarán una serie de medidas para apoyar la reconstrucción de la caminería afectada por las inundaciones. También se habló de implementar un Plan Estratégico Vial en coordinación con los gobiernos departamentales.
El presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, aseguró a la prensa que el mandatario “no cerró la puerta” a que el gobierno central habilite fondos adicionales a las comunas, de ser necesario, pero aclaró que según Vázquez no es el momento más oportuno para que el país incremente su endeudamiento. “Todo esto será un proceso”, acotó el jefe comunal de Cerro Largo.
Por su parte, el director de la OPP, Álvaro García, recalcó que “ya hay importantes recursos para ejecutar” en manos de las intendencias y que “no hay posibilidad ni la va a haber en el corto plazo de recursos adicionales”.
Todo esto tiene lugar en un momento en que las cuentas públicas muestran un desequilibrio relativamente alto. En los 12 meses cerrados en marzo el déficit fiscal se ubicó en el equivalente a 3,6% del Producto Bruto Interno si se depura la distorsión que produjo el anticipo de sueldos y pasividades de las cajas especiales de policías y militares efectuado en ese mismo mes de 2015, informó el Ministerio de Economía.
La caja del gobierno viene acusando el impacto de la desaceleración de la actividad económica. Los ingresos se contrajeron 4,3% en términos reales en marzo, debido a la menor recaudación de la Dirección General Impositiva, de tributos al comercio exterior y de apuestas de loterías.
Interna frentista.
El lunes 2 un grupo de legisladores y otros dirigentes del Frente Líber Seregni (FLS) se reunieron por espacio de una hora con dirigentes del PIT-CNT en la sede de la central obrera. En esa instancia, pedida por los integrantes del FLS —el grupo que tiene como principal referente al ministro de Economía, Danilo Astori—, hubo coincidencia en que el contexto de desaceleración de la economía es preocupante y que los planteos sindicales deben tener en cuenta eso, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
Paralelamente, en el FLS generaron inquietud algunas ideas lanzadas en los últimos días por el Partido Socialista.
El diputado Gonzalo Mujica, de Asamblea Uruguay, declaró al respecto a Búsqueda que “ninguna de las propuestas apuntan a atacar el tema medular” e incluso algunas “son proactivas con el problema; no van en contra de la crisis sino que la acentúan”.
Por ejemplo, afirmó que la propuesta de los socialistas de aumentar el salario mínimo “es una contradicción flagrante con la preservación de los puestos de trabajo” y que ninguna experiencia internacional de control de precios en la economía ha sido exitosa. “Argentina creó hasta supermercados del Estado y el resultado fue escasez e inflación”, enfatizó. (Más información en páginas 5, 10, 24 y 25).
