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Alrededor de 3.500 personas se dedican en la actualidad a la clasificación y reutilización de residuos, y unas 5.000 (contando a las familias) viven de esa actividad, según un estudio del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (Búsqueda Nº 1.986).
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Fabián es uno de ellos. Tiene 41 años y vive en un asentamiento (al igual que más del 62% de las personas que declararon dedicarse a la clasificación) junto a sus cinco hijos. Además, se transporta en bicicleta, como lo hace el 22,4% de los clasificadores.
Comienza su tarea a las 6 de la mañana y no sabe cuál será su hora de regreso, pero sí que le espera una jornada de no menos de 10 horas en la calle. Uno de los problemas principales, comenta, son las zonas de exclusión creadas en el gobierno de Ana Olivera, espacios de la ciudad donde está prohibida su circulación.
Según Patricia Gutiérrez, presidenta de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), la instalación de contenedores que no permiten abrirlos desde el exterior —denominados por los propios clasificadores como “contenedores antipobres”— les arruinaron su trabajo diario. “Con esos contenedores no podemos trabajar, vivimos de eso y no podemos sacar la materia prima”, dijo Gutiérrez a Búsqueda.
“Estamos clasificando prácticamente en nuestros propios barrios, que son pobres. ¿Qué podemos sacar de ahí? Ni la comida para los animales”, se quejó.
Las zonas de exclusión, donde pueden encontrarse estos contenedores, incluyen desde el Centro y Ciudad Vieja hasta Parque Batlle, Buceo, Pocitos y Carrasco. “Los barrios ricos”, resalta Gutiérrez.
Para la sindicalista, el objetivo de los contenedores cerrados es “esconder a los clasificadores, que cada vez son más, en los barrios pobres”. “Te hablan de la inseguridad social y de los robos. Pero cuando querés trabajar para no delinquir, no te dejan. Y uno tiene que darle de comer a la familia”, dijo.
La intendencia anunció en su momento que los contenedores cerrados buscaban, precisamente, evitar que se pudieran sacar los residuos, debido a que se trata de una actividad informal, y su estrategia es que los clasificadores trabajen en plantas de reciclado.
Consultada sobre los programas que tanto la comuna como el PIT-CNT ofrecen para ayudar a los clasificadores a encontrar otro tipo de trabajos formales, Gutiérrez dijo que “si sos clasificador y te quieren hacer trabajar en cosas que no sabés, los cursos no tienen sentido”.
La intendencia anunció en su momento que los contenedores cerrados buscaban, precisamente, evitar que se pudieran sacar los residuos, debido a que se trata de una actividad informal, y su estrategia es que los clasificadores trabajen en plantas de reciclado.
“Además, lo menos que hacen después es conseguirte un trabajo de eso. Si somos clasificadores, no me des un curso de albañil. Si soy clasificadora, por algo es”, afirmó. Para la mujer, la mayoría de la gente no quiere dejar de clasificar, le gusta ser independiente y no tener horarios fijos.
Hoy hay en Montevideo cuatro plantas de clasificación, gestionadas por la Cámara de Industrias, donde trabajan 128 clasificadores. Fabián asegura que no funcionan. “Trabajás en las peores condiciones y las organizaciones se llevan todo el crédito”, afirmó. También mencionó el cambio de carros tirados por caballos por motocarros eléctricos, que según había anunciado el intendente Daniel Martínez al lanzar la propuesta, para fines de 2019 habría 100 circulando en la calle. “Hay solo 13”, aseguró el clasificador.
“Todo lo que hace la intendencia es un fracaso. No le buscan la vuelta al tema residuos”, opinó Gutiérrez.
Si tiene suerte, hoy un clasificador consigue juntar la cuarta parte de lo que reunía antes de las zonas de exclusión. Tras venderlo a un depósito clandestino —no pueden venderlo a las grandes empresas porque compran por tonelada— llega a ganar en un buen día entre $250 y $300. “Es vivir el día a día”, dijo Fabián, que se dedica a la clasificación hace más de 25 años y es su principal fuente de ingresos.
Soluciones
Para el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano, los programas sociales tienen que ser mas abarcativos que el apoyo a la reconversión de los clasificadores, algo que, según opinó, ha tenido un impacto bajo.
“Es positivo que muchas personas se hayan formalizado, pero es insuficiente. Además, al ver que hay al menos 5.000 personas que viven de la clasificación, pensar que van a empezar a trabajar en plantas de clasificación aún cuando tenemos pensado aplicar nuevas tecnologías, es una ilusión. No hay un mercado para tanta gente”, aseguró. Según el jerarca, esa población es parte del desempleo estructural, por lo que es necesario adaptarla a nuevas salidas laborales.
“Cuando los clasificadores dicen que está todo peor, es verdad. A las plantas llega todo el material contaminado”, reconoció.
