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En su nota del jueves próximo pasado “Quieren echar a las AFAPs”, Claudio Paolillo hace múltiples afirmaciones que podríamos subdividir en dos grupos: uno, las opiniones que le merece un gobierno que tiene que pagar “peaje” a los “jefes sindicales para contemplar su visión retrógrada del mundo”. Al respecto, me limito a señalar que lo que sostiene no se corresponde con la política del gobierno y es agraviante para el movimiento sindical, pero no voy a ocupar su tiempo ni el mío en esa discusión; dos, las supuestas virtudes del sistema mixto respecto a una hipotética situación en la que, según Paolillo, “el país no sabía si el gobierno iba a poder seguir pagando las jubilaciones en tiempo y forma” debido a que “el viejo sistema previsional, hasta entonces únicamente controlado por el Estado a través del Banco de Previsión Social (BPS), estaba prácticamente fundido”.
Comencemos por aclarar que en noviembre de 1989 se aprobó una reforma constitucional que desde entonces obliga al Estado a actualizar las pasividades de acuerdo a la evolución del Índice Medio de Salarios. El apoyo popular a tal iniciativa superó el 82% de los votos emitidos. Dicha medida se tomó con el objetivo de evitar que las pasividades se utilizaran por los gobiernos como variable de ajuste de las cuentas públicas; en efecto, el poder adquisitivo de las pasividades se reducía cuando se ajustaban por valores menores a la inflación expresada en el Índice de Precios al Consumo. Parecería, por tanto, que para la mayoría de “el país” el tema era el poder adquisitivo de las jubilaciones y no un supuesto cese de pagos de las pasividades. Aquella reforma constitucional permitió mantener el valor real de las pasividades.
Me adelanto a señalar que hoy, al igual que ayer, el problema para los trabajadores, activos y pasivos, sigue siendo el valor real de las pasividades y que el sistema de AFAPs no contribuye a aumentar ese valor. Por el contrario, lo disminuye. Aclaremos también que el movimiento sindical nunca apoyó el régimen vigente anterior a 1995 que era, nada menos, el Acto Institucional Número 9 de la dictadura. Siempre cuestionamos sus múltiples inequidades e injusticias, y el deterioro sufrido por las pasividades a lo largo del período de facto que llegó al 74% del valor real de aquellas.
Tampoco desconocemos las injusticias del sistema de seguridad social que administra el BPS, el cual castiga a los trabajadores que se jubilan con bajísimas tasas de remplazo, topes jubilatorios heredados de la dictadura e impuestos a las pasividades.
Paolillo cuestiona el proyecto de ley del gobierno porque cambia el régimen de las AFAPs y “pone en riesgo lo mucho que se ha conseguido en esta materia” y afirma que se “estimula la desafiliación de las AFAPs de personas mayores a 40 años de edad, lo que cambia las reglas de juego para las empresas de un modo potencialmente grave. ¿Por qué? Porque si este proyecto resulta sancionado, automáticamente entre 400.000 y 480.000 trabajadores estarían en condiciones de salir de las AFAPs”.
En primer lugar, no sabemos de dónde sacan Paolillo, y el gobierno, que los potenciales beneficiarios serán “entre 400.000 y 480.000”: de acuerdo a la información que nosotros manejamos apenas superarán los 300.000. En segundo lugar, nosotros tampoco compartimos íntegramente el proyecto, pero por razones muy diferentes a las suyas. Aún así, debemos reconocer que este proyecto es resultado del Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social en el que participaron empresarios, trabajadores, jubilados, dirigentes políticos de todos los partidos y representantes de las AFAPs. El resultado de ese Diálogo, para nosotros insuficiente, no pone en riesgo ni real ni potencialmente al sistema de ahorro individual. ¿Por qué? Primero, porque asegura que todos los jóvenes deberán seguir aportando a las AFAPs hasta los 40 años, por lo menos. Segundo, porque no les permite la opción de elegir a los trabajadores que fueron afiliados obligatoriamente, aquellos que al menos un mes ganaron más del mínimo exigido, actualmente $ 31.618. Aun así, compartimos la valoración del PIT-CNT en el sentido de que este proyecto es un avance respecto a la situación actual.
Luego Paolillo señala que “cientos de miles de trabajadores reciben hoy de sus AFAPs, semestralmente o con una periodicidad mayor, prolijos estados de cuentas donde ven con sus propios ojos cuánto llevan ahorrado”. El tema no está en la prolijidad de los estados de cuenta, supuesto que lleguen a destino y que puedan ser comprendidos por los trabajadores. El problema es lo poco que van a cobrar esos trabajadores cuando se jubilen. Como muestra Vargas Llosa, destacado columnista de Búsqueda, en su admirable “Pantaleón y las visitadoras”, se puede ser muy eficiente en el manejo de los instrumentos… para lograr objetivos y resultados que pueden ser socialmente inconvenientes e injustos.
Veamos un caso real que puede ejemplificar el escaso valor de un “prolijo estado de cuenta” respecto a los nefastos resultados del sistema: una trabajadora que ganaba más del mínimo exigido y que tenía menos de 40 años en abril de 1996 ingresó obligada al sistema mixto de seguridad social y por ello perderá $ 9.160 por mes durante toda su vida como pasiva. Obligada a jubilarse por dicho régimen recibirá $ 17.983 por el BPS reformado (una parte de su aporte debe ir a las AFAPs) y $ 6.457 por la AFAP que le corresponde. Si ella hubiera tenido más de 40 años en abril de 1996 se jubilaría solo por el régimen de transición del BPS y cobraría $ 33.600 por mes.
Dice Paolillo que el sistema tiene “problemas e imperfecciones subsanables en el marco de una economía de mercado”. En el caso señalado anteriormente, ¿cuál es la opción de mercado disponible para esa trabajadora que perderá mensualmente el 27% de su jubilación? Deberá reconocer que en el sistema actual no hay ninguna alternativa, salvo la que promueve el sindicato que asesoro, es decir, también ella debería tener la libertad de elegir si quiere continuar en el sistema mixto u optar el por régimen de transición del BPS. Los trabajadores que ingresan obligados al sistema pierdan lo que pierdan al jubilarse no tienen ninguna posibilidad de elegir: son prisioneros del sistema y esa es la enorme carencia del actual proyecto de ley del gobierno. Obviamente, mayor es la diferencia con su posición en la medida que no le reconoce la libertad de desafiliarse a ningún trabajador.
Estimado Sr. Director, aquí hay un problema real que afecta a miles de trabajadores, especialmente los que hoy andan por los 50 años, al que se debería responder habilitando una discusión racional y fundamentada que busque soluciones al mismo. Su editorial, lamentablemente, no brinda elementos para avanzar en esa dirección.
