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    “Reglas claras para que los privados tomen riesgo” en la “segunda ola de inversiones”

    —En el mercado eléctrico mayorista, el gobierno busca facilitar la competencia entre privados y proyecta algunos cambios en la regulación que tienen resistencia entre gerencias y directores de UTE por la eventual pérdida de grandes clientes. ¿Usted cómo lo evalúa?

    —El mercado mayorista de energía eléctrica fue creado por ley en 1997 y fue reglamentado en 2002. Sin embargo, hoy, 20 años después, no se ha logrado implementar con el espíritu con el que fue diseñado.

    Conceptualmente, opino que los reglamentos vigentes son buenos. Como es natural, hay que hacer ajustes debido a la evolución del sector y al desarrollo de nuevas tecnologías a lo largo de este tiempo. Avanzar en la aplicación del marco vigente con las adecuaciones necesarias puede brindar beneficios para el sector en su conjunto. No debemos perder de vista que las empresas públicas en Uruguay son sólidas y están en buenas condiciones de competir.

    —¿Cree que la competencia podría significar mayor eficiencia y atraer nuevas inversiones?

    —Hay quienes creen en que la competencia en un mercado provee eficiencias y hay quienes creen que no. Yo pertenezco al grupo de los primeros. Recordando que, ante casos de monopolio natural, como lo son las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, no es la competencia la que introduce eficiencia, sino la regulación económica.

    Cuando se produce la primera transición energética, UTE invirtió en parques eólicos propios y otros fueron construidos por inversores privados, quienes suscribieron contratos con UTE, que se comprometió a comprar la energía generada. En definitiva, la inversión de los privados no implicó la competencia con UTE.

    Ahora se avecina una segunda ola de inversiones asociada a la segunda transición energética. Personalmente, creo que sería inteligente diseñar reglas claras para que los privados tomen riesgo y hagan las inversiones y que el desarrollo de estos nuevos sectores no dependa de las decisiones centralizadas del Estado, que tiene otros tiempos y otras restricciones presupuestales.