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Algunos procesos de adhesión al Comité de Inversiones de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son complejos, como el de Kazajistán que se completó en 2017. Otros, por el contrario, son en línea recta, como el de Uruguay, porque el aspirante reúne ciertos atributos y respaldos políticos. Y aunque el contexto de Covid-19 puede dilatar algo las cuestiones formales, el país tiene prácticamente en sus manos la membresía número 50 en ese foro.
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“Uruguay es visto como un país sólido dentro de Latinoamérica, con instituciones sólidas y continuidad en las políticas de atracción de las inversiones que favorecen la economía. Lo otro valorado es que el proceso de adhesión al comité se empezó en el gobierno anterior y hubo continuidad” con la nueva administración, declaró a Búsqueda la chilena Ana Novik, a cargo de la División de Inversiones de la OCDE. “Es un caso claro y con mucho apoyo” de los países latinoamericanos que forman parte del foro, pero también de europeos, añadió.
Aunque faltan etapas por cumplirse, ella parece no tener dudas de que en cuestión de pocos meses Uruguay redondeará la media centena de miembros del comité, ganándole de mano a Bulgaria, cuyo proceso de adhesión se cerraría avanzado el 2021. Su convicción se sustenta en lo positivo que a su juicio fue el examen técnico de sus políticas de inversión efectuado la semana pasada en París, que concluyó con un pronunciamiento del propio comité a favor de la adhesión de Uruguay como miembro. La revisión de políticas tuvo al otro lado de la plataforma Zoom, en Montevideo, al subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza y al abogado Santiago Gatica. La decisión final es política: primero deberá ser sometida al comité de relaciones exteriores de la OCDE y después a su Consejo General. Ahí se cierra un proceso que empezó la administración de Tabaré Vázquez, en marzo de 2018.
Burocracia y Estado “fuerte”
En el intercambio virtual de la semana pasada se desmenuzó el documento de revisión sobre la política de inversiones en el país (y habrá otro sobre el “clima” de inversiones), que incluye recomendaciones; no todo es perfecto. Se habló por ejemplo de la burocracia que rodea las inversiones en Uruguay. “Hay mucho procedimiento en facilitación de inversiones que se puede trabajar un poco más”, contó Novik. Otro es que la participación del Estado “es fuerte; eso puede ser bienvenido, no hay un prejuicio negativo en la medida en que funcione sin distorsionar las otras actividades”. En la sesión por Zoom se preguntó también “cómo se asegura de que sea así” y sobre el “gobierno corporativo de las empresas estatales”. Acerca de los incentivos a las inversiones también hubo algún planteo en el sentido de que pueden ser “confusos” y es posible darle “más claridad”, según relató la funcionaria de la OCDE. “Son puras cosas arreglables. No son el core”.
Dos gobiernos.
Novik reconoció como un dato positivo el hecho de que el trámite para adherir al Comité de Inversiones de la OCDE comenzó en el gobierno de Tabaré Vázquez y sigue ahora, con otros partidos políticos en el poder.
Este comité persigue la libertad para el flujo de capitales transfronterizos y la actividad de las empresas multinacionales, así como la cooperación para promover mejores políticas en esa área. Uno de sus cometidos es monitorear que se cumpla con las “reglas de juego” establecidas en el “Código de Liberalización” y en su “Declaración” y las “decisiones sobre inversión internacional y empresas multinacionales”. Esos documentos son un compromiso de apertura y transparencia frente a las inversiones al que adhirieron los 36 países de la OCDE y otros no miembros (incluidos Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica), que hacen un total de 49. Su más reciente revisión, completada en 2011, estableció recomendaciones de los gobiernos a las compañías multinacionales que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos, algunas generales (como abstenerse de cualquier injerencia indebida en actividades políticas locales, respetar los derechos humanos y las leyes nacionales, mantener un sistema de gestión medioambiental adecuado o fomentar la formación de capital humano) y otras más específicas (cumplir “con la letra y el espíritu” de las normas tributarias, aplicar prácticas “leales” frente a los consumidores, transparentar información sobre las propias compañías, respetar los derechos de las organizaciones sindicales o luchar contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de extorsión, por ejemplo).
La inversión extranjera directa en Uruguay alcanzó niveles históricamente altos a comienzos de este siglo —impulsada por los megaproyectos forestales y la pasta de celulosa—, pero en años recientes volvió a lo normal o incluso menos. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou se propone atraer capitales privados al país y varios jerarcas que hablaron con Búsqueda dijeron que es posible que más adelante se anuncie algún proyecto grande.
Para la funcionaria de la OCDE, “se vienen tiempos difíciles” en términos de inversiones en el mundo y habrá “flujos restringidos”. En ese contexto, desde el Comité de la OCDE que ella encabeza, los países deben enfocarse en cómo captar esos capitales en un “contexto distorsionado por el Covid” y qué hacer para “mejorar su impacto”. Para Uruguay, ser parte del grupo le permitirá participar de discusiones en torno a estos temas, “aprender entre pares” y recibir cooperación técnica. Otra ventaja es que lo pone “en el mapa” de las inversiones de otra manera: “A los países más chicos, como Chile o Uruguay, estos ámbitos internacionales los hacen más visibles” ante aquellos que son “exportadores de capital”.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ponderó la recomendación del Comité de Inversiones de darle entrada a Uruguay. “Es una muy buena noticia, porque muestra que estamos deseosos de recibir inversiones”, y que el país ofrece un entorno “amigable” y cumpliendo con estándares internacionales de calidad, dijo en una presentación por la plataforma Zoom convocada el viernes 10 por el American Council, una organización empresarial estadounidense a favor de los mercados libres y abiertos.
Uruguay ya integra el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y otro foro vinculado, el Centro de Desarrollo, a los que se sumó en los años recientes. Eso formó parte de una estrategia de “aproximación por etapas sucesivas” y “así hasta poder ser miembros de la organización. Ese es el camino que estamos procurando seguir”, afirmó el entonces ministro de Economía, Danilo Astori (Búsqueda Nº 1.980). Adherir al Comité de Inversiones no es lo mismo que ser socio pleno OCDE, pero “es acercarse más”, aclara Novik. Y “en el día futuro, si un país quiere ser miembro, estas cosas van a ayudar”.
Búsqueda formuló una consulta a Arbeleche acerca de si el gobierno tiene la intención de promover la incorporación de Uruguay como miembro de la OCDE, pero al cierre de esta edición no tuvo una respuesta.