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Una carta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) firmada por su presidente, Rolando Vomero, y su secretaria, Mónica Bórtoli, comenta la semana pasada en esta sección una columna de mi autoría, sin identificarla, que fue publicada en Búsqueda el 19 de setiembre bajo el título: “Sr. Juez: puede y debe rendir más”.
Cuando, como en el caso, se genera un debate sobre un tema central para la sociedad uruguaya (la formación y capacitación de sus jueces) no se deben expresar verdades a medias y mucho menos descalificar difamando o injuriando.
En primer lugar, los comentarios de AMU apuntan a desvirtuar el contenido de esa columna apelando a un espíritu corporativo que antepone a los intereses de la sociedad, a cuyos integrantes están llamados a juzgar con la mejor calificación posible. Esa vocación corporativa se manifiesta al reafirmar su tesitura de que, en el caso de que se establezcan cursos obligatorios de capacitación para jueces, los participantes no sean evaluados por los docentes del Centro de Estudios Judiciales (CEJU) para conocer el eventual aprovechamiento de esos cursos, su rendimiento y calificación comparativa, la cual seguramente como también es tradicional y presumible no se haría pública.
La carta expresa algunos argumentos razonables pero también verdades a medias. Por ejemplo, omite dar detalles sobre el proyecto que prevé que en caso de disconformidad con la evaluación, el alumno (el juez) podrá recurrirla. En cambio, dice que esa evaluación carece de “garantías suficientes de revisión” sin especificar a qué garantías se refiere. No aclara si se debe a desconfianza en los docentes (en algún momento pusieron el ejemplo que un juez de Paz podría evaluar a jueces de superior categoría, cuando ningún juez de Paz es docente), a que consideran que la Corte o el CEJU, por falta de idoneidad o rigor, no les ofrece esas garantías, o a que suponen que los evaluadores tendrían menor calificación y conocimientos que ellos.
Los términos de la revisión establecidos en el proyecto (como detallé en mi columna) parecen haber sido omitidos a propósito por AMU en su carta. No es algo menor, porque los jueces examinados tendrían —como sucede en el desempeño de la magistratura cuando sus fallos son cuestionados— la oportunidad de una segunda instancia. Recurrir el resultado de una evaluación les daría trato privilegiado y excepcional del que no dispone en su carrera ningún estudiante en cursos oficiales o privados.
Al final, la carta pasa al terreno personal y, gratuita y conscientemente, me descalifica al expresar que en forma “recurrente” utilizo la muletilla “me dijo” para referirme a dichos de fuentes no identificadas. Insinúan ante el lector —especialmente el lego o el ajeno a los temas judiciales— que utilizo esa expresión como una excusa para escribir falsedades.
De sobra lo saben varios de los actuales dirigentes de AMU, de las anteriores directivas y muchos jueces de todas las categorías que durante más de dos décadas me han informado solicitando reserva de la fuente, que escrupulosamente he cumplido ese principio. Del mismo modo he actuado cuando algunos/as de ellos me han confiado espontáneamente cuestiones institucionales y aun personales. Insisto, bien lo saben.
Es la primera vez desde que en 1991 comencé en Búsqueda la cobertura de temas judiciales que se me imputa una transgresión profesional de esa entidad sin aportar antecedentes ni prueba alguna. Para un gremio de jueces es grave.
En beneficio de todos los ciudadanos, pero especialmente de la República, bueno sería que AMU canalizara similares energías descalificatorias a defender con coraje la independencia del Poder Judicial y de su colega Gabriela Merialdo a quien las hordas fascistas prenden hoy arrinconar. Eso es lo que hizo respecto del fiscal Ricardo Zubía el gremio de los fiscales y sobre Merialdo la Red Latinoamericana de Jueces.
Pero así es la libertad: cada uno elige quiénes son sus aliados y con quiénes transita.
