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    Terremotos en Venezuela: rescates con las manos mientras la ayuda estatal se hace esperar

    Tras los dos terremotos que dejaron cientos de víctimas y una amplia destrucción, los habitantes del estado venezolano más golpeado denuncian la lentitud de la respuesta oficial. Países de distintos continentes envían equipos de rescate a un país que llega a la emergencia con su red humanitaria desgastada

    “Le pedimos a nuestra presidenta Delcy Rodríguez que por favor se acerque por aquí. Necesitamos ayuda urgente”, contó uno de ellos a France 24, después de pasar la noche buscando sobrevivientes sin maquinaria ni equipos.

    El balance oficial es provisorio. Al menos 235 personas murieron y más de 4.300 resultaron heridas. La presidenta encargada declaró el estado de emergencia y describió a La Guaira, el estado más afectado, como una zona de desastre.

    Los dos sismos ocurrieron con apenas segundos de diferencia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El primero, de magnitud 7,2, se registró sobre las 18.04, hora local (17.04 de Uruguay), cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy. Treinta y nueve segundos después ocurrió el segundo, de magnitud 7,5, con epicentro cerca de Yumare.

    Los especialistas explican que se trató de un doblete sísmico, un fenómeno poco habitual. Los temblores afectaron el aeropuerto de Maiquetía, el más importante del país, y obligaron a suspender las clases, el servicio de metro y el suministro de gas en la capital.

    Mientras las cifras de muertos, heridos, desaparecidos y damnificados siguen aumentando, los equipos de rescate todavía no llegan a La Guaira. A esa demora se suma la falta de una red de atención de emergencias, otra muestra de las carencias que arrastra un país precarizado en casi todos los aspectos.

    Embed - La tragedia en imágenes: desesperación por falta de ayuda en Venezuela tras el doble terremoto

    Los vecinos, solos ante los escombros

    En las zonas más afectadas, el reclamo se repetía. La ayuda oficial no llegaba o demoraba demasiado.

    Bomberos y policías no daban abasto. Advertían sobre el riesgo de nuevas réplicas y reclamaban lo más básico, maquinaria pesada y agua potable. En videos publicados en redes sociales se los veía pidiendo celulares prestados para iluminarse al llegar a edificios derrumbados en Caracas, ante la falta de insumos tan elementales como linternas.

    Por la autopista que une La Guaira con la capital, vecinos en moto bajaban con herramientas para sumarse a las tareas de rescate.

    Detrás de esa parálisis hay un Estado vaciado. El periodista Luis Carlos Díaz, defensor de los derechos digitales, contó a France 24 que un bombero venezolano cobra unos diez dólares al mes y que un profesor de ingeniería puede ganar cerca de un dólar mensual, en un país donde los salarios perdieron casi todo su valor.

    La tragedia también atraviesa las fronteras. En Venezuela viven unos 240.000 colombianos registrados ante su consulado, aunque Bogotá estima que podrían ser hasta 1,5 millones. La Cancillería colombiana informó que al menos tres colombianos podrían estar desaparecidos bajo los escombros y que tuvo que cerrar su consulado en Caracas, que sufrió daños por el sismo.

    Embed - Informe desde La Guaira: ciudadanos piden maquinaria tras 24 horas sin recibir ayuda • FRANCE 24

    Una red humanitaria desmantelada

    La emergencia golpea a un país que ya estaba en una situación de vulnerabilidad extrema.

    Antes de los terremotos, cerca de 12,4 millones de venezolanos necesitaban algún tipo de ayuda humanitaria, según la plataforma HumVenezuela.

    A esa larga lista de necesidades se suma un marco legal ligado a una estructura represiva creada durante el gobierno de Nicolás Maduro para limitar el margen de acción de actores humanitarios y de organizaciones percibidas como opositoras.

    Desde noviembre de 2024 rige una ley que obliga a las organizaciones no gubernamentales a pedir autorización del Estado para funcionar. Sus críticos la conocen como la “ley antiONG”, mientras que la Misión de Investigación de la ONU la describió como un posible punto de no retorno en el cierre del espacio cívico.

    Un año antes, el Tribunal Supremo de Justicia había intervenido la Cruz Roja Venezolana para reestructurarla. El gobierno defendió ambas medidas. Presentó la ley como una herramienta contra el lavado de dinero y atribuyó la intervención de la Cruz Roja a una investigación por presunto maltrato a voluntarios.

    Luis Carlos Díaz sostiene que esa política dejó al país sin buena parte del personal técnico e independiente que hoy sería necesario para actuar sobre el terreno.

    Después de que un informe parlamentario sobre presuntas irregularidades en la petrolera Citgo, filial estadounidense de PDVSA, fuera presentado en octubre de 2024 y salpicara a varias ONG, distintas organizaciones humanitarias abandonaron el país o retiraron a su personal.

    La oficina de derechos humanos de la ONU registró que al menos tres dejaron de operar en medio de denuncias de vigilancia y represalias. Las que resistieron, agrega Díaz, fueron confinadas por el chavismo a unos pocos estados, por lo que ni siquiera estaban presentes en zonas como La Guaira.

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    El cerco a quienes ayudan

    Uno de los casos más conocidos es el de Manuel Tique, trabajador humanitario colombiano del Consejo Danés para los Refugiados. Fue detenido en septiembre de 2024 al cruzar la frontera para dar un taller sobre el reparto de alimentos y medicinas. Pasó 17 meses preso sin juicio y recuperó la libertad en febrero de este año, después de que la presión de Estados Unidos y la caída de Nicolás Maduro forzaran la liberación de varios extranjeros detenidos.

    Human Rights Watch, que documentó torturas en las cárceles durante la ola represiva posterior a las elecciones de 2024, llegó a contabilizar decenas de extranjeros presos.

    Para Díaz, el daño alcanza incluso la capacidad de dimensionar la tragedia. Venezuela no tiene un registro de viviendas que permita saber cuántas personas viven en cada edificio, explica, por lo que el balance oficial terminará muy por debajo de la cifra real.

    A eso se suman los controles cambiarios, que impiden que las remesas de la diáspora lleguen de forma directa y obligan a recurrir a mecanismos indirectos, que no están disponibles para montos elevados.

    Aun así, aclara que todavía quedan actores confiables para canalizar la ayuda, como Cáritas y el Programa Mundial de Alimentos.

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    El mundo manda rescatistas

    La respuesta del exterior, en cambio, fue rápida.

    Los primeros equipos en ponerse a disposición llegaron desde la región.

    El Salvador alistó a 300 rescatistas y paramédicos con 50 toneladas de equipos y medicamentos. Colombia, por su parte, envió un primer contingente de 63 rescatistas entrenados para trabajar en estructuras colapsadas, con perros de búsqueda y dos aviones militares.

    México envió personal militar y sanitario. España sumó un avión con efectivos de su Unidad Militar de Emergencias y bomberos de Madrid. Francia anunció el envío de 85 rescatistas y Portugal de alrededor de 50.

    A ese primer despliegue se sumó una larga lista de ofrecimientos.

    Estados Unidos envió equipos de búsqueda de Virginia y California, otra señal del acercamiento entre Washington y Caracas desde la detención de Maduro a comienzos de año. Alemania puso seis aviones de transporte a disposición.

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    Otras ofertas siguen pendientes. Ucrania, en plena guerra con Rusia, propuso enviar a sus equipos de emergencia y espera una respuesta de Venezuela y de los europeos. China se declaró preparada para brindar “toda la ayuda posible”. Turquía, que enterró a decenas de miles de personas tras el terremoto de 2023, prometió seguir colaborando después de una llamada entre cancilleres.

    En el plano institucional, la ONU activó sus equipos de búsqueda urbana, la Unión Europea hizo lo mismo con su sistema satelital Copernicus y el Banco Mundial dijo que evalúa cómo colaborar con asistencia técnica y coordinación.

    Toda esa movilización abre una pregunta. Si la ayuda llegará a quienes la necesitan.

    El líder opositor Edmundo González Urrutia pidió que ingrese “sin condicionamientos ni intermediarios” y se distribuya directamente entre los afectados. Mientras tanto, en La Guaira, los vecinos seguían cavando.

    Con EFE, Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24