El abogado uruguayo Santiago Pereira Campos preside desde comienzos de enero el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo con sede en Santiago de Chile que fue creado en el ámbito de la Organización de Estados Americanos para apoyar a los estados en los procesos de reforma de los sistemas de Justicia.
Pereira Campos es especialista en Derecho Procesal y socio del estudio Rueda Abadi Pereira, y ha trabajado como consultor para varios organismos internacionales sobre procesos de reforma judicial. A su juicio, el sistema uruguayo es “raro” en la región por varios aspectos; algunos positivos, como su independencia de las injerencias políticas, y otros más problemáticos, que deberían ser discutidos y reformados.
Por ejemplo, el proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un tema que en estos días ocupa titulares en la prensa debido a las críticas que ha generado el “secreto” con el que se negocian los nombres para integrar el máximo tribunal. “En casi todos los países de América Latina hay una tendencia a transparentar los procesos de designación de los ministros, y a permitir la participación de la sociedad civil”, dijo el abogado.
El especialista señaló que el país se diferencia también por tener una Corte integrada solo por cinco miembros que además resuelven sobre todas las materias y se encargan de los asuntos administrativos.
En ese sentido, la ausencia de un Ministerio de Justicia que coordine a los distintos operadores del sistema es un tema que a su criterio los uruguayos deberían reevaluar. Hay que “discutir si tiene sentido que un tribunal superior como la Corte tenga que concentrar en sí mismo absolutamente todas las funciones administrativas y no tengamos que crear otro órgano a esos efectos”, planteó.
Además, Uruguay es casi el único país donde todos los ministros son jueces. “Es muy interesante que a nivel de los máximos tribunales pueda haber distintas visiones sobre la resolución de los temas”, y es un tema que “en algún momento va a haber que analizar, porque si bien la Constitución lo permite, hay como una especie de acuerdo tácito de que en la práctica eso no se da”, afirmó. Por otra parte, dijo que se debe “quebrar ese principio tan uruguayo de que el único mérito es la antigüedad”.
—En las últimas semanas el proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte fue cuestionado desde distintos ámbitos, debido a que los legisladores negocian en secreto y no transparentan las razones por las cuales eligen a los candidatos. ¿Qué opina?
—En casi todos los países de América Latina hay una tendencia a transparentar los procesos de designación de los ministros de la Corte, y a permitir la participación de la sociedad civil. Creo que es un proceso que tarde o temprano en Uruguay se va a dar, más allá de las discusiones, porque es un proceso natural. Ahora se está cuestionando cómo se alcanzan los acuerdos políticos: si se alcanzan mediante intercambios de currículum, de discusión de la aptitud de la persona para el cargo, o simplemente se dice “yo pongo uno y vos ponés otro”. Si la respuesta es esa, lo que estamos haciendo en realidad es una forma un poco oblicua de politización de la justicia. Me parece que hay que llegar a un acuerdo en que las dos partes coincidan en que esas personas son los mejores candidatos, y eso, si no se transparenta, uno nunca sabe qué fue lo que ocurrió.
El gran riesgo de todo esto es la politización de la justicia. Hay experiencias en algunos países que han sido nefastas en ese sentido. Uruguay tiene un gran prestigio por la independencia de sus jueces. Es una fortaleza que hay que proteger logrando en contrapartida tener una mayor apertura y participación de la sociedad civil. Ahí están los desafíos.
—El Frente Amplio quiere que las designaciones se traten en audiencias públicas y con participación de la sociedad civil ¿Es común eso en los países de la región?
—Sí, e incluso en algunos países la sociedad civil puede postular personas. También es cierto que Uruguay es uno de los poquísimos países en que todos los miembros de la Corte son jueces. En casi todos los países hay miembros que vienen de la abogacía, o que fueron abogados del Estado, o fiscales. En Uruguay, como no tenemos esa tradición, todo esto llama mucho la atención.
—¿Por qué no se consideran candidatos fuera de la carrera judicial?
—Es un tema que en Uruguay ha sido siempre difícil de tratar, y que en algún momento va a haber que analizar, porque si bien la Constitución lo permite, hay como una especie de acuerdo tácito que en la práctica esto no se da. Me parece que es muy interesante que a nivel de los máximos tribunales pueda haber distintas visiones sobre la resolución de los temas. En esto hay que ser muy cuidadoso para evitar los conflictos de intereses, porque el problema que puede ocurrir es que las personas que se postulen que no sean de la órbita judicial tengan compromisos anteriores, lo que no ocurre en principio con los jueces porque desde que inician la carrera tienen la regla de independencia e imparcialidad.
También me parece que hay que quebrar este principio tan uruguayo de que el único mérito es la antigüedad. Me parece muy bien que lo respetemos como un elemento más, pero no es un buen criterio que solo se llegue por ser el más antiguo. La Constitución es sabia en ese sentido: dice que los legisladores tienen que ponerse de acuerdo, y si no se alcanza la mayoría requerida, para evitar que la Corte quede desintegrada por más de 90 días, establece que ingrese el ministro más antiguo. Pero la idea inicial de la Constitución no es esa.
—Quienes se oponen a transparentar el proceso de selección dicen que si los candidatos revelan sus posiciones en ciertos temas, comprometen su imparcialidad. ¿Cómo se evita eso?
—Ese es otro tema muy delicado: si se le puede preguntar a los postulantes sobre sus criterios, si esto afecta o no la imparcialidad. La idea que se maneja en algunos proyectos es que no se les puedan hacer preguntas sobre casos específicos sino temas generales, por ejemplo, cuál es su visión sobre la interpretación del Derecho, si tiene una interpretación más apegada a la letra o más contextual, o cuál es la manera que interpreta los fallos de la Corte Interamericana y el valor que tiene la jurisprudencia de la Corte.
—La Suprema Corte uruguaya tiene la particularidad de que concentra todas las funciones, incluso las administrativas, en solo cinco miembros. ¿Qué le parece ese sistema?
—Cuando uno cuenta en otro país que la Corte uruguaya está integrada por cinco miembros es muy difícil de creer. Que además tratan todos los temas y que además no hay un Ministerio de Justicia ni Consejo de la Judicatura. Eso es una cosa muy curiosa que cuesta entender en otros lugares. Primero porque la tendencia va a la especialización. No puede ser que los mismos ministros resuelvan los temas de Civil, Laboral, Penal, Constitucional, y que además atiendan todos los asuntos administrativos del Poder Judicial.
—¿Cree que sería conveniente que haya un Ministerio de Justicia?
—Uruguay es un país raro en dos cosas: no tiene ni Ministerio de Justicia ni Consejo de la Judicatura. Casi todos los países de la región lo tienen. Sabemos que acá hablar de Ministerio de Justicia es una mala palabra, porque la experiencia fue durante la dictadura y fue una muy mala experiencia. Siempre se vio como un valor de la independencia judicial no disponer de un Ministerio. Pero creo que en algún momento Uruguay va a tener que dar esa discusión. Quizás hay que cambiarle de nombre, pero vamos a tener que rediscutirlo. Discutir si tiene sentido que un tribunal superior como la Corte tenga que concentrar en sí misma absolutamente todas las funciones administrativas y no tengamos que crear otro órgano a esos efectos. Acá tenemos un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un Poder Judicial, una Corte Electoral, órganos que resuelven recursos administrativos, la Policía, la Fiscalía… A todos estos elementos les está faltando un elemento articulador. Lo delicado es dónde está el límite para evitar una invasión de la política en el sistema de Justicia. Pero vamos a ser realistas: hoy no tenemos un articulador, pero tenemos un Poder Judicial que no tiene autonomía presupuestal. No hay que ser ingenuos de decir que si no tenemos un Ministerio articulador de estas cuestiones, tenemos la independencia total. Sería mejor quizás tener autonomía financiera del Poder Judicial y sí tener un elemento articulador, y la autonomía sería mayor. Son temas complejos, pero que tarde o temprano vamos a tener que discutir.
—Mencionó varios aspectos en los que el sistema uruguayo se diferencia de los de la región. ¿Por qué ocurre eso?
—Uruguay ha tenido ese valor esencial, que está en nuestro ADN republicano, de que el principal defensor de nuestros derechos es el juez, y que por lo tanto tiene que estar absolutamente separado de toda injerencia política. Nuestro sistema de designación de ministros de Corte también es muy original en el contexto latinoamericano. Habitualmente en la Corte las designaciones tienen mucha vinculación con el período de gobierno, por lo que el gobierno que llega al poder postula a sus candidatos. Nuestro sistema es muy original porque las designaciones van totalmente defasadas de los períodos políticos, ya que los ministros tienen que irse cuando cumplen 70 años o 10 años en el cargo. Es muy bueno para la independencia, pero tiene ciertas dificultades. Hay ministros excelentes que se han ido a los 60 y pocos años... no es muy lógico no aprovechar todo ese conocimiento y que a su vez haya ministros que llegan para estar un año. Ningún sistema es perfecto, pero el nuestro ha sido bastante sabio para protegernos de la injerencia política. Sobre todo porque en los últimos 20 años en América Latina se ha ido dando otro fenómeno que es el de la judicialización de la política, una respuesta que se da cuando el sistema político no logra resolver por sí mismo los problemas. Hace 40 años atrás, para resolver muchos conflictos los políticos se sentaban en una mesa y dialogaban. Hoy una cantidad de asuntos que no se pueden resolver con el diálogo político terminan judicializados. Algunos lo ven como un problema, yo no creo que lo sea. Lo que sí me parece una patología inaceptable es la politización de la justicia, que es la injerencia política en las decisiones de la Justicia. Ese es uno de los problemas que tienen algunos países y que por suerte Uruguay ha sido un ejemplo, por algo está primero en todos los rankings internacionales de independencia judicial y bajo índice de corrupción.
