“Todos lo están haciendo mal”: un poderoso flujo de dinero sucio inunda a los burócratas

El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. El libre flujo del dinero sucio sostiene bandas criminales, desestabiliza naciones, y fomenta la desigualdad económica global. A menudo, los fondos lavados pasan en cuentas de oscuras sociedades fantasmas registradas en paraísos fiscales opacos, lo que permite a las élites esconder grandes cantidades de dinero de las autoridades.

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Por ICIJ

En enero de 2014, el banco pagó otros 2 mil 600 millones de dólares para cerrar investigaciones sobre su papel en el esquema de Madoff. Tan solo en ese trimestre, JPMorgan registró más del doble en ganancias y ese año sus beneficios rondaron los 22 mil millones de dólares. Madoff se declaró culpable y cumple una sentencia de 150 años en una prisión federal.

Después de estas acciones delictivas, JPMorgan siguió moviendo dinero para personas envueltas en supuestos delitos financieros, según muestran los FinCEN Files.

Fue el caso de Jho Low, un banquero acusado por las autoridades de varios países de diseñar un fraude de 4 mil 500 millones de dólares a partir de un fondo de desarrollo económico de Malasia, llamado 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB. Low movió mil 200 millones de dólares a través de JPMorgan entre 2013 y 2016, según muestran los archivos.

En un primer momento, Low ganó popularidad por salir de fiesta con Paris Hilton, Leonardo DiCaprio y otros famosos. Una noche, en un club de la Costa Azul francesa, participó en una puja por un lote de champán Cristal, y ganó la subasta con una oferta final de 2 millones de euros, según ‘Billion Dollar Whale’, un libro sobre la estafa de 1MDB.

A principios de 2015 salió por primera vez en los medios de comunicación, como figura clave del escándalo 1MDB, también conocido como “el atraco del siglo”. Singapur emitió una orden de arresto en abril de 2016. Autoridades de Estados Unidos, Malasia y Singapur todavía tratan de capturarlo.

JPMorgan también movió dinero de empresas y personas relacionadas con escándalos de corrupción en Venezuela y participó en una las peores crisis humanitarias del mundo. Uno de cada tres venezolanos no tiene acceso a comida suficiente, según informó la Organización de las Naciones Unidas este año, y millones han huido del país.

Uno de los venezolanos que recibieron ayuda de JPMorgan fue Alejandro ‘Piojo’ Isturiz, un exfuncionario acusado en Estados Unidos de participar en un esquema internacional de lavado de dinero. Los fiscales alegaron que, entre 2011 y 2013, Isturiz y otros cobraron sobornos para manipular los contratos de energía del gobierno. El banco movió más de 63 millones de dólares para empresas relacionadas con Isturiz entre 2012 y 2016, según muestran los FinCEN Files.

Los archivos confidenciales también muestran que JPMorgan proveyó de servicios bancarios a Derwick Associates, una empresa energética que ganó miles de millones de dólares en contratos públicos para reparar la defectuosa red eléctrica de Venezuela. Un análisis realizado en 2018 por la oficina venezolana de Transparencia Internacional concluyó que esta empresa falló a la hora de suministrar la potencia eléctrica esperada, y además sobrefacturó al gobierno de Venezuela al menos 2 mil 900 millones de dólares.

Alejandro Betancourt gozaba de sus veinte años cuando fundó Derwick con un primo más jóven. 

Desde 2011, notas periodísticas acusaban a los primos y Derwick; posteriormente, la empresa presentó una demanda en la cual alegaba que era víctima de una campaña de difamación que la identificaba falsamente de ser parte de un “grupo criminal”. La demanda se resolvió en términos no revelados.

Los FinCEN Files muestran que Derwick utilizó cuentas en JPMorgan para mover al menos 2.1 millones de dólares entre 2011 y 2012 y que el banco procesó otras transacciones de cantidades no detalladas para Derwick y sus directivos al menos en 2013.

Un abogado de Betancourt afirmó: “Mi cliente niega cualquier mala práctica”.

En un comunicado genérico, JPMorgan señaló que, en 2014 había reconocido que necesitaba mejorar sus controles antilavado, y que desde entonces invirtió “numerosos recursos” en ese sentido.

“Hoy, se dedican miles de empleados y cientos de millones de dólares para apoyar los esfuerzos de las fuerzas de la ley y orden y la seguridad nacional”, afirmó el banco.

Jho Low. Foto: AFP

“Jefe de jefes”

Los documentos confidenciales muestran cómo los bancos que manejan transacciones internacionales a menudo desconocen con quién están tratando, incluso cuando mueven cientos de millones de dólares.

Es el caso de una misteriosa sociedad fantasma llamada ABSI Securities, que movió más de mil millones de dólares en transacciones a través de JPMorgan entre enero de 2010 y julio de 2015, según muestran los FinCEN Files.

Esta cantidad incluía transacciones realizadas a través de una cuenta bancaria abierta en JPMorgan --que ABSI cerró en 2013--, y de cuentas intermediarias con las cuales JPMorgan procesa transacciones en dólares para bancos extranjeros.

En 2015, los supervisores del banco con sede en Columbus, Ohio, decidieron averiguar quién era el beneficiario real de ABSI, después que un medio de noticias ruso informara que la sociedad estaba vinculada a un personaje oscuro llamado Semion Mogilevich, descrito como el “Jefe de jefes” de los grupos mafiosos de Rusia.

En 2009, cuando el FBI colocó a Mogilevich en su lista de las 10 personas más buscadas, afirmó que su red criminal estaba involucrada en el tráfico de armas y drogas, extorsión y asesinatos. La señal distintiva que este ucraniano corpulento, y fumador empedernido, utiliza para neutralizar a un enemigo es el coche bomba, según informó The Guardian.

Los archivos muestran que los empleados del banco buscaron en vano en sus documentos sobre la sociedad de papel, incapaces de determinar quién se escondía detrás o cuál era su verdadero propósito.

Mientras estos detalles todavía son poco claros, JPMorgan tuvo otras razones para poner la lupa sobre ABSI años antes: operó como una sociedad fantasma en Chipre, una jurisdicción considerada como uno de los principales centros de lavado de dinero en aquel momento, y que movía cientos de millones de dólares a través de JPMorgan.

Mogilevich apareció en ‘Los más buscados del mundo’, una serie documental de Netflix publicada en agosto. A través de un vocero, dijo que no tenía conocimiento sobre ABSI. no pudo ser contactado para dar su punto de vista. Anteriormente había dicho: “No soy el líder o un participante activo de ningún grupo criminal”.

El poderoso dólar

Con base en informes de actividades sospechosas, en 2018 BuzzFeed reveló una serie de pagos secretos a sociedades de papel controladas por Manafort, quien como resultado de estas revelaciones está cumpliendo una pena de arresto domiciliario.

Una antigua funcionaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Natalie Mayflower Sours Edwards, fue acusada de conspirar y divulgar ilegalmente documentos del FinCEN a BuzzFeed.

BuzzFeed no ha realizado ningún comentario sobre su fuente.

FinCEN y las otras agencias americanas juegan un papel importante en el combate global contra el lavado de dinero, en gran parte porque los lavadores y otros delincuentes comparten el mismo objetivo que otros muchos clientes bancarios que operan entre fronteras: convertir su dinero a dólares, la moneda global ‘de facto’.

Un pequeño grupo de bancos con importantes operaciones en Nueva York, en su mayoría estadunidenses y europeos, amasan fortunas en comisiones por realizar este truco, aprovechando su privilegiado acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos.

La ley de Estados Unidos confía a los bancos la responsabilidad de ser la primera línea en la prevención del lavado de dinero, y ello a pesar de que su mayor interés es que el dinero –sucio o limpio-- se esté moviendo. Aunque los bancos están autorizados a detener una transacción si parece sospechosa, no están obligados a hacerlo: simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa al FinCEN.

El FinCEN, con aproximadamente 270 empleados, recopila y analiza más de 2 millones de nuevos informes de actividad sospechosa cada año, procedentes de bancos y otras firmas financieras. Comparte información con otras agencias estadounidenses y con unidades de inteligencia financiera de otros países.

Perdido lejos

Dentro de los grandes bancos, los protocolos de detección de los flujos ilícitos de dinero dependen de personal con exceso de trabajo y falta de recursos. En general, trabajan en oficinas internas lejanas de la sede central y con poca influencia dentro de sus organizaciones.

Documentos de los FinCEN Files muestran que las investigaciones que realizan los empleados de cumplimiento de los grandes bancos para determinar quién está detrás de transferencias de cientos de millones de dólares se limitan generalmente en búsquedas básicas de Google.

Así, a menudo envían reportes de actividad sospechosa después que una transacción o un cliente aparecen en una nota periodística negativa, o de una investigación del gobierno. En general, el dinero ya ésta lejos en ese momento.

En entrevistas con el ICIJ y BuzzFeed, más de una docena de antiguos empleados de cumplimiento en HSBC cuestionaron la eficacia de los programas antilavado del banco. Algunos dijeron que el banco solo les daba herramientas para pasar una mirada superficial sobre los grandes flujos de dinero, y que las oficinas de HSBC fuera de Estados Unidos los ignoraban cuando solicitaban información sobre quién se escondía detrás de las grandes transacciones.

“Ellos decían: ‘Claro, te volveremos a contactar’. Pero nunca se ponían en contacto de nuevo”, recuerda Alexis Grullon, quien supervisó la actividad sospechosa internacional para HSBC en Nueva York entre 2012 y 2014.

En una demanda presentada en diciembre de 2019 en un tribunal federal de Nueva York, empleados del Standard Chartered Bank quienes se opusieron a dejar pasar transacciones ilegales denunciaron amenazas, acosos y despidos.

Los demandantes, Julian Knight y Anshuman Chandra, afirman que debieron abandonar sus trabajos de gestión en el banco después de que los directivos se enteraron de que habían cooperado con una investigación del FBI sobre transferencias de dinero que Standard Chartered había realizado a través de empresas de Irán, Libia, Sudán y Myanmar sancionadas por Estados Unidos.

Según la demanda, Standard Chartered participó en un “esquema de lavado de dinero altamente sofisticado”: alteró los nombres de las partes sujetas a sanciones en Estados Unidos en los documentos de las transacciones y creó una artimaña tecnológica que permitió que estas transacciones ilegales pasaran desapercibidas ante el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Chandra, que trabajó en la filial del banco en Dubai entre 2011 y 2016, concluyó que la evasión a las sanciones ayudó a financiar ataques terroristas “que mataron e hirieron a soldados que servían en la coalición liderada por Estados Unidos, así como a muchos civiles inocentes”.

La demanda plantea que el esquema permitió al banco beneficiarse de la “prima alta” que Irán y sus agentes estaban dispuestos a pagar para convertir los riales iraníes –la moneda del país, depreciada y bajo una sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos-- en dólares.

“Puedes ejecutar un programa como este probablemente durante unos pocos meses sin ser detectado si se trata de un grupo pequeño el que lo coordina dentro del banco”, manifestó Chandra en una entrevista con BuzzFeed, socio del ICIJ. “Pero algo como esto sucedió durante años y generó miles de millones de dólares – alguien en la cúpula debió haberse preguntado: ¿Cómo estamos ganando este dinero?”

Chandra y Knight afirman que, cuando asumió las sanciones como parte de su acuerdo de procesamiento diferido de 2012 con las autoridades de Estados Unidos, el banco admitió sólo una parte de sus incumplimientos y mintió sobre la fecha en la que se detuvieron las transacciones ilegales.

La agencia prorrogó el periodo de prueba del banco una y otra vez durante varios años. Finalmente, en 2019, el banco pagó mil 100 millones de dólares más por sus reiterados incumplimientos de sanciones contra Irán y otros países, y acordó ampliar su pacto de procesamiento diferidos por dos años más.

Standard Chartered no contestó a las preguntas remitidas por el ICIJ y sus socios sobre las declaraciones de sus antiguos empleados. En documentos judiciales, Standard Chartered afirmó que estas alegaciones son inverosímiles y sin mérito.


FinCEN Files
2020-09-20T18:01:00