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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáTres hechos ocurridos en los últimos días han desnudado la ineficiencia del Estado: DGI, Ministerio de Turismo, Dirección Nacional de Bomberos, Intendencias, etc., todas ellas implacables al estilo Marco Porcio Catón, el censor, siempre y cuando se trate de empresas o personas que actúen acatando en sus actividades disposiciones y reglamentos. Veamos brevemente.
Un sindicalista argentino lleva una vida abiertamente ostentosa, desde sus mansiones, vehículos, zoo privado, y nadie percibe nada. Todo se descubre por una solicitud de la AFIP argentina a Interpol, requiriendo su extradición por presuntos delitos cometidos en ese país.
Más allá de cómo ingresó el dinero, lo curioso es ¿cómo abrió su cuenta en un banco, o cómo obtuvo tarjeta de crédito?, ¿cómo pagaba las construcciones accesorias? Por ejemplo: el muro perimetral de su chacra. ¿Pagó a los obreros o empresa al contado? ¿A la barraca también?
Todos sabemos que la DGI cruza información, por ejemplo: si una familia tiene varios hijos en un colegio privado, observa si el costo mensual al que hace frente condice con los ingresos declarados. Si no condice, agarrate. A todos nos habrá pasado depositar un cheque por la venta de un vehículo y tener que presentar al banco certificados que acrediten dicha operación. En este caso movía miles de dólares diariamente y nunca llamó la atención de nadie.
Curioso, ¿no?
Se incendia una fábrica de grasa de lana refinada y muere un operario. Según la vocera de Bomberos, “no contaba con certificación de seguridad; tramitaron algo en 2015 pero quedó ahí”. Tiempo atrás ocurrió algo similar con una fábrica de fuegos artificiales.
Pregunte el amigo lector a quien haya tramitado las certificaciones y permisos —incluidos municipales— para registrar una pequeña empresa. Ni que pensar en la construcción de un simple galpón para guardar mercadería, no solo en la aprobación de planos. En efecto, si se contrata a más de 4 obreros o construcciones en altura, debe contratar un técnico prevencionista debidamente autorizado, y realizar diversos trámites adicionales (incluido Bomberos) para obtener la habilitación final. En este caso, aparentemente, todo era irregular. Nadie percibió nada.
A raíz de una denuncia por presunto acto de racismo es denunciado penalmente el propietario de un hostal en Valizas (Rocha).
El hostal no contaba con las habilitaciones correspondientes y parte o todo el predio está construido en terrenos municipales. Sin embargo, hacía publicidad, aceptaba y cobraba reservas en páginas web. ¿El Ministerio de Turismo? Bien, gracias. Se ufana de la cantidad de turistas que ingresaron al Uruguay, pero no habla de las colas en los puentes con Argentina, en los cajeros automáticos sin funcionar y en el descontrol de los precios en algunos lugares del este del país y menos aun de construcciones privadas con fines de lucro, irregulares desde la base (la construcción).
En definitiva, el Estado es eficiente con aquellas empresas o personas que intentan desempeñar su actividad en “blanco”—cualquier error le costará muy caro. Recordemos tiempo atrás, la persecución, por un error contable, a una cadena de supermercados. El Estado actúa con los otros, “los en negro”, cuando ocurre una tragedia, cuando la denuncia viene desde el exterior o cuando se entera, por una denuncia de racismo, de que hay una construcción con fines de lucro en terrenos municipales.
Eso sí, los jerarcas de las dependencias involucradas cuentan con beneficios de privilegio, desde sus sueldos, vehículos y chofer, compra de viviendas en condiciones muy especiales (caso quienes trabajan en el control de lavado de activos) y otros y despiertan de su larga y cómoda siesta cuando ocurre algo de lo relatado anteriormente.
Jorge Ciasullo
CI 793.978-7