• Cotizaciones
    viernes 11 de julio de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    A las gremiales de productores les “preocupa” propuesta de Mujica de modificar conceptos sobre propiedad de la tierra y otros aspectos tributarios en una reforma de la Constitución

    En sus últimos años de reclusión durante la dictadura, pese a estar totalmente incomunicado y en pésimas condiciones, José Mujica pudo escribir en un papel ensayos políticos sobre la producción ganadera y agrícola del país, con especulaciones y cálculos, según relata el periodista Walter Pernas en su libro “Comandante Facundo”. Mucho antes de eso, Mujica tuvo contacto con la actividad del campo a través de su familia materna, que tenía un pequeño establecimiento de doce cuadras de tierra fértil —con plantíos, animales y un viñedo— en Colonia Estrella, donde él pasaba sus vacaciones cuando era niño.

    En ninguna de esas dos etapas de su vida Mujica imaginó que iba a llegar a asumir la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) durante el primer gobierno del Frente Amplio (FA), primero, y la Presidencia de la República, después.

    El presidente José Mujica prevé impulsar cambios desde su banca en el Senado. Foto: Nicolás Der Agopián

    Su gestión en este último cargo, que comenzó a ejercer en 2010, culminará el 1º de marzo del 2015. Pero, lejos de pasar a retiro, a partir de esa fecha Mujica asumirá como senador. De hecho, en los próximos cinco años él y la fuerza política que dirige, el Movimiento de Participación Popular (MPP), tendrá como prioridad discutir una nueva Constitución que, de ser aprobada, cambiará la realidad de la actividad rural en Uruguay.

    Una de las transformaciones que el actual presidente quiere introducir en la Carta Magna está vinculada con la propiedad de la tierra. “Hay que precisar bien de quién es la tierra. En Inglaterra es del Rey, por ejemplo. Ese es un tema a discutir”, planteó el presidente en diálogo con Búsqueda (Nº 1.794). “Hay un sentimiento sagrado de que la tierra no se puede tocar desde el punto de vista impositivo. Se puede tocar la comida, subir el IVA, pero las grandes concentraciones de tierra no. Ese criterio no puede existir y para eso es necesaria una modificación constitucional. (...) La tierra es un bien de la nación y es un bien escaso. Su uso está regido por el mercado, pero ¿nada más que por el mercado? ¿Cuáles son los factores que influyen en el precio de la tierra?”, se preguntó Mujica. Y agregó: “La ciudad crece y los terrenos baldíos de por acá, cerca de mi casa, que tenían muy poco valor, ahora valen mucho más. ¿Quién es el autor de ese valor? ¿El propietario del suelo, que no hizo nada, o la sociedad? Algo le tenés que transferir a la sociedad”.

    Derecho de propiedad

    El presidente de la Asociación Rural, Ricardo Reilly, declaró a Campo que una reforma constitucional es un tema muy complejo, que condicionará a la próxima administración de gobierno y generará una “incertidumbre muy grande” para las inversiones de los privados, sobre todo en el marco de un escenario internacional más desfavorable para el sector agropecuario.

    Además, apuntó que es un error pensar que la tierra subió mientras que sus propietarios no hicieron nada, como a veces siente que sugiere el gobierno. “Los productores locales y también extranjeros que ingresaron al país ante un marco adecuado y amigable para invertir, junto al trabajo de muchos uruguayos, fueron los que generaron la revolución productiva de los últimos tiempos”.

    “Cuestionar de quién es la tierra es cuestionar el derecho de propiedad”, dijo, y destacó que es inoportuno discutir “temas tan básicos en los tiempos modernos”. Los países serios que han progresado son aquellos que dan garantías y fomentan la inversión de los privados. Las empresas son las que invierten, arriesgan y producen, generan fuentes de trabajo y distribuyen ingresos para beneficio propio y de la sociedad en su conjunto, incluyendo el Estado, dijo el dirigente rural.

    “Es curioso que se diga que la Constitución vigente es un impedimento para gravar la tierra, porque es una fuente de generación de riqueza que está gravada de innumerables formas”, insistió. El Impuesto al Patrimonio, la Contribución Inmobiliaria Rural, los aportes patronales al Banco de Previsión Social, el Impuesto a las Transacciones Patrimoniales, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas son algunos de los impuestos que pagan los productores rurales mencionados por Reilly. Además, agregó, está previsto gravar el incremento patrimonial generado por la suba del precio de la tierra por el ordenamiento tributario que entró en vigencia a partir de la reforma impositiva de 2007 y también en la segunda parte de la ley del Impuesto a las Concentraciones Rurales (ICIR).

    Impuesto “tímido”

    El ICIR fue un impuesto diseñado por asesores cercanos a Mujica y cuestionado desde el comienzo por productores rurales. El MPP consideró incluso que ese impuesto es “tímido” y que se necesita añadir medidas para recaudar más de la actividad agropecuaria y evitar la “concentración de la tierra”. De todas maneras, la primera parte del ICIR —los artículos 1 y 2— fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justica en febrero del año pasado. Por ese motivo, como forma de sustituirlo, el Frente Amplio decidió reinstalar el impuesto al patrimonio. La segunda parte del ICIR, en tanto, fue observada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que el Poder Ejecutivo tiene que volver a reglamentarla para que entre nuevamente en vigencia. Esta parte de la ley asegura parte del financiamiento del Instituto Nacional de Colonización.

    Lo que busca el MPP es promover la discusión en torno a los posibles cambios en la Carta Magna, aunque todavía no hay propuestas concretas respecto al tema y no se habla de implementar ningún impuesto en particular, dijo a Campo el dirigente del MPP y suplente de Mujica en el Senado —a partir del 1º de marzo de 2015—, Andrés Berterreche. En cualquier caso, las modificaciones que se impulsen no deben quedar “trancadas” anta la posibilidad de una eventual declaración de inconstitucionalidad, dijo.

    Sólo comentarios

    Para el director del Instituto Nacional de Colonización por el Partido Nacional, Julio Cardozo, la intención de subir impuestos y modificar el régimen de propiedad de la tierra “no pasa de comentarios”, según dijo a Campo. De todas formas, consideró que no existe margen para aumentar los impuestos al campo. “Creo que la carga tributaria es más que suficiente, incluso en el algunos casos está atentando contra una mejor producción”, evaluó, y precisó que las ganancias de los productores ganaderos son “muy pequeñas” en relación con el precio de la tierra y los insumos.

    No obstante, opinó que en algunos casos excepcionales, en determinadas zonas, un impuesto puede ser una herramienta para mejorar la producción, aunque la regla general es que ese estímulo debe de ser implementando otros instrumentos. La lógica debe ser al revés: cuanto mejor sea la producción, mayores deben ser los “descuentos” aplicados a esa actividad, razonó.

    El presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte, coincidió con aumentar la carga impositiva pero sólo a quienes poseen propiedad que no utilizan para producir y especulan con el valor de la tierra. “Aquellos que entran y salen del negocio y sólo buscan una renta, un beneficio de precios, tienen que ser mucho más solidarios que el resto”, dijo a Campo. De toda maneras, destacó que “poner en duda algo tan salvaguardado en la Constitución nacional como es la propiedad de la tierra es preocupante”, en referencia a la intención del MPP.

    A la vez, el dirigente cuestionó que el gobierno benefició económicamente —a través de la ley de promoción de inversiones— distintos emprendimientos extranjeros que invirtieron en el campo, pero no a los empresarios rurales locales de menor tamaño. “A muchos productores medianos y pequeños esa posibilidad (de beneficio) no les ha llegado”, lamentó, y dijo que la ayuda brindada por el gobierno a los “grandes capitales” aumenta las “asimetrías” de competencia.

    Todo lo atinente a la imposición a la propiedad inmueble rural se encuentra regulado por la Constitución nacional. En el artículo 297, numeral 1, y en el artículo 298, se establece que esos impuestos son una fuente de recursos de los gobiernos departamentales y no del gobierno nacional y cuya postestad tributaria pertenece al Poder Legislativo, quien puede crearlos, modificarlos o extinguirlos. Pero sólo los gobiernos departamentales pueden exigir su cobro coactivamente, recaudando y administrando esos fondos en forma autónoma. La única fuente de generar recursos nacionales es a través de los “adicionales”, que son también competencia del Poder Legislativo.

    Agro
    2014-12-31T00:00:00