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Colonización rescindió contrato con el exintendente Pablo Caram, que deberá entregar tierras en Artigas
La “condena penal” en 2024 resulta “incompatible con el estándar ético” que “el INC exige a sus colonos”, argumentó el ente
La División Jurídica del INC asegura que a Caram “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato.
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“La condena penal (de 2024) resulta incompatible con el estándar ético que el INC exige a sus colonos, máxime considerando que usufructúan tierras y recursos públicos”, conforme con ese informe.
Advirtió que eso “impone mayores exigencias de transparencia y probidad en quienes reciben apoyo estatal” y, a su vez, cumplen un “rol de servidores públicos, que conlleva deberes de ejemplo y compromiso comunitario”.
Por lo que, “ajustado a la normativa vigente y proceder en casos similares por el directorio, se rescinda el contrato de arrendamiento, sin más trámite”, sugirió.
Esta recomendación fue aprobada por el directorio del INC en la reunión realizada este miércoles 13, coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento del expresidente José Mujica, conforme con la información recabada por Agro de Búsqueda.
Indica que el directorio del INC resolvió, además, el inicio de “medidas tendientes a la libre disponibilidad” de las dos fracciones arrendadas por Caram en la colonia José Artigas, que en conjunto abarcan una extensión de 707 hectáreas, y comunicar estas determinaciones al Poder Ejecutivo, en cumplimiento con el decreto 321 de 2016.
Instituto Nacional de Colonización
El caso Caram
Caram, quien estuvo a cargo de la Intendencia de Artigas entre 2015 y 2024, fue condenado por la Justicia a mediados de 2024 por la omisión en el caso del pago irregular de horas extras en la comuna de ese departamento. En ese momento el exintendente renunció al Partido Nacional, y además quedó inhabilitado por la Corte Electoral para ejercer cargos públicos y presentar candidaturas en las elecciones.
La División Jurídica del INC en su informe asegura que al colono (Caram) “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato de arrendamiento” y “resolvió iniciar el juicio de entrega de la cosa en el juzgado competente” en razón de territorio.
En esos otros casos, “los excolonos no recurrieron la resolución” y “entregaron la fracción, en forma casi inmediata, y en algún caso sin necesidad de realizar el juicio” por parte de Colonización, advierte.
Y al respecto alude a situaciones en las que el directorio rescindió el contrato de arrendamiento con “colonos que fueron condenados por la Justicia” por delitos diversos, como “contrabando”, “cultivo de cannabis sin la autorización” correspondiente, “violencia doméstica”, entre otros.
Los argumentos legales concretos en los que se fundamenta la decisión de rescindirle el contrato a Caram comprenden dos puntos de la Ley 11.029, que creó el INC, referidas a que “desvirtúa la finalidad de la colonización” prevista en el artículo 1, y a que el colono “no cumpliere con cualquiera de las condiciones que estipulan la presente ley y sus respectivas reglamentaciones” (artículo 101 literal E).
Desayuno Alvaro Delgado
Álvaro Delgado.
Valentina Weikert
Colonos políticos
Otro caso de colono político es el del exsenador Álvaro Delgado, quien ocupó el cargo de secretario de la Presidencia de la República en el gobierno de Luis Lacalle Pou, y al que también Colonización le rescindió el contrato de arrendamiento de campos en 2018, debido al incumplimiento de obligaciones, como la de residir en el predio con su familia y trabajarlo directamente, previstas en la Ley 11.029.
Delgado, que arrendaba unas 339 hectáreas en la colonia Horacio Ros de Oger, en Paysandú, entregó estas tierras al INC a fines de ese año.
Otros exintendentes departamentales tienen expedientes en el Instituto de Colonización por ser arrendatarios de tierras estatales, específicamente en el caso de Enrique Antía, en Maldonado, y de Fernando Echeverría, en Flores, lo cuales deben pagar rentas diferenciales que suponen un recargo del 70% respecto a las rentas que en promedio abonan mensualmente los colonos, dependiendo del tipo de canasta comprendida.
Antía arrienda un campo en la colonia Benito Nardone, con una extensión de 49 hectáreas, y Echeverría arrienda una fracción de unas 90 hectáreas en Flores, ambos integran el Partido Nacional. En el caso del exintendente de Maldonado, está pendiente el “desalojo” del predio, a la espera de una resolución del expediente en la Justicia, indicaron a Agro de Búsqueda fuentes del INC.
