Defensa sostiene que pago de jubilaciones y pensiones a exmilitares prófugos en el exterior se ajusta a la normativa

Según el Ministerio de Defensa, de ese total hay dos fallecidos y cuatro que están radicados en el exterior y se les están reteniendo los haberes. Además, otros seis están radicados o presos en otro país y cobran jubilaciones o pensiones por acreditar fe de vida, aun cuando “se recibieron comunicaciones de sedes judiciales informando que se encontraban prófugos en el exterior”, reconoce el informe. Otros tres tienen residencia declarada en Uruguay y también continúan cobrando, porque no se recibieron comunicaciones judiciales.

Un proyecto de ley

Un año atrás, en mayo de 2025, Lazo se había pronunciado sobre este tema en la presentación de los avances y lineamientos para el período de gobierno que realizó la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente en Torre Ejecutiva, en un evento en el que estuvo presente el presidente Yamandú Orsi.

“No nos parece congruente que quienes están prófugos, particularmente en el caso de delitos de lesa humanidad, sigan recibiendo sus haberes para pasar sus vacaciones por allí. Y vamos a tomar medidas para que esa situación bochornosa no continúe”, afirmó Lazo, que recibió aplausos por sus palabras.

Fue en ese marco, luego de que Perciballe le informara de la situación al Ministerio de Defensa, que el Poder Ejecutivo comenzó a trabajar en la elaboración de un proyecto de ley que determinara la suspensión de las prestaciones de seguridad social “para toda persona (no solo militares) que se encontrara requerida por la Justicia y no se hubiera presentado ante la misma o no se hubiera logrado aún su captura”, dice el informe de Lazo.

“Se está trabajando en el mismo y se espera recoger los máximos consensos políticos para su aprobación”, agrega. En la iniciativa, que será presentada por el Poder Ejecutivo, trabajan los ministerios de Defensa y de Trabajo y Seguridad Social.

Según la ministra, el objetivo es acordar un proyecto que “laude definitivamente la situación” y no adoptar resoluciones sin respaldo legal que le puedan causar perjuicios económicos al Estado, como señala que ocurrió en el caso del coronel retirado Eduardo Ferro —condenado por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977—. A Ferro se le habían retenido los haberes por encontrarse prófugo y, luego de que iniciara un reclamo, la Justicia ordenó que se le reintegraran, por lo que la cartera debió pagarle $ 6,6 millones.

Las denuncias del fiscal

La posición del Ministerio de Defensa se enfrenta a los cuestionamientos de Perciballe, quien hasta ahora presentó tres denuncias penales vinculadas a la continuidad de pagos a militares prófugos, según informó Caras y Caretas. El fiscal cuestionó que el Servicio de Retiros y Pensiones y la Cancillería fueran notificados formalmente sobre las órdenes de captura internacional y, aún así, se continuaran pagando las prestaciones.

“Nosotros ponemos en conocimiento al Servicio de Retiros y Pensiones, ellos miran para el costado, no le piden fe de vida y le siguen pagando igual”, dijo Perciballe a Búsqueda.

“Mi planteo es que están desacatando una comunicación judicial, están encubriendo a una persona y, eventualmente, cometiendo un fraude porque le están pagando cuando no tienen acreditado que la persona viva”, aseguró.

El fiscal también denunció la situación del consulado de Miami, que en dos casos emitió un certificado de existencia de vida en conocimiento de que las personas estaban prófugas. Uno de los casos fue el de Amorín, cuya constancia de vida “para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar” fue expedida el pasado 11 de febrero por el consulado en Miami, informó la diaria. Según El Observador, la Cancillería resolvió abrir una investigación administrativa a partir de ese caso.

El fiscal explicó que, cuando hay una persona prófuga, además de informar al Servicio de Retiros y Pensiones, se envía un oficio a Cancillería en el que se comunica la situación para que informe a todas sus misiones oficiales y, en caso de que la persona se presente, den aviso enseguida a Interpol para que pueda ser detenida. “Está todo armado como para que las cosas funcionen, pero si tú no estás atrás, no funciona nada”, afirmó Perciballe, quien aseguró que hace más de un año informó sobre los casos.

“Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Varios de los que están prófugos y que les están pagando son los que tienen la verdad sobre donde están los detenidos desaparecidos, porque son varios los que actuaron en los centros clandestinos”, agregó.

“La pelota para adelante”

La situación fue planteada días atrás al presidente Yamandú Orsi por integrantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, quienes reclamaron medidas más firmes frente a los militares prófugos y reiteraron el pedido de una orden expresa a las Fuerzas Armadas para entregar información sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

El integrante del colectivo Ignacio Errandonea cuestionó que el Estado continúe financiando a represores requeridos por la Justicia. “Estamos financiando a criminales para que se mantengan prófugos y es bastante aberrante”, dijo a Búsqueda.

Errandonea reconoce que “sería mejor” sacar una ley para que a todo prófugo de la Justicia se le retenga la jubilación, como propone el Ministerio de Defensa, pero “es el camino más largo” y “cuando no tienen las mayorías parlamentarias, es una forma de tirar la pelota para adelante”.