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    A los escribanos les falta “ética” y la presidenta de su asociación y algunos periodistas son ignorantes y “una vergüenza nacional”

    El director de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz, cuestionó con dureza a quienes se oponen a la ley de transparencia tributaria que entró en vigencia a comienzos de año y a quienes critican el proyecto que pretende modificar la normativa que combate el blanqueo de capitales.

    En su cuenta de Facebook, Díaz salió al cruce de la presidenta de la Asociación de Escribanos, Ana Ramírez Eula, quien el martes 17 en una entrevista con Radio Carve atacó el proyecto de ley que modifica las normas antilavado.

    Ramírez Eula dijo que se les imponen “cargas” a los escribanos que desconocen su profesión y que se los puso en la “primera línea” de combate al lavado de dinero y al narcotráfico y que esos profesionales no cuentan con la “infraestructura ni la logística” para “salvaguardar” y obtener la información que se les exige.

    Las leyes vigentes establecen que los escribanos, así como las instituciones financieras, deben reportar a las autoridades cuando detecten una operación sospechosa de ser blanqueo de dinero. Para eso deben hacer un estudio básico —denominado “debida diligencia”— del cliente y la operación.

    Ramírez Eula dijo que los bancos, los casinos, las financieras tienen servicio 222 y una infraestructura de seguridad que los escribanos no tienen y que “están manejando” información “confidencial” de sus clientes.

    “Imagínese usted cada estudio de escribanos en este país manejando una información tan valiosa como puede ser saber qué cuentas bancarias tiene cada una de las personas. Nosotros no tenemos un servicio 222 en la puerta de su escritorio. Y mañana a todo lo que podemos estar expuestos con esa carga tan enorme que significa tener esa información tan valiosa”, añadió.

    Dijo que ya se “hacen tareas gratis para el Estado” y que “esta es otra carga más que se suma al trabajo del escribano” y la “esencia misma del escribano” se ve “desvirtuada”. Afirmó que los escribanos están “totalmente a la intemperie” en esos casos. “Cuando un narco, cuando un terrorista viene a comprar un inmueble o un establecimiento comercial, tener que ir a reportar al banco, imagínese el estado de vulnerabilidad tanto del escribano mismo como de la familia del escribano y de todo el entorno que lo rodea; o sea que estamos expuestos sin la mínima protección”.

    Díaz sostuvo que ni Ramírez Eula ni los periodistas que la entrevistaron tenían “la mínima idea de lo que están hablando”. Es “una vergüenza para un gremio y para el periodismo nacional. Cosas tales como que cada escribano tenga un 222. Desconocimiento total de que hace siete años y no en un proyecto que está en el Parlamento los escribanos son los sujetos obligados”. Para Díaz, la entrevista y sus participantes son “una vergüenza”.

    En un post posterior en su muro de Facebook, el jerarca volvió a criticar a los escribanos. Compartió un artículo de “El País” en el que se informa sobre un proyecto de ley que habilitaría a esos profesionales a celebrar casamientos y luego comentó: “No quieren hacer la debida diligencia que les obliga la Ley 18.494 (la ley antilavado) desde el año 2009. Quieren celebrar matrimonios”.

    “¿No argumentan que están sobrecargados con tareas que les encomienda el Estado y por otro lado piden hacer algo que el Estado está haciendo? ¿Están pidiendo para hacerlo gratis? Ética, ética, ética, ética, y vergüenza”, escribió.

    Feudalismo.

    No es la primera vez que Díaz recurre a su Facebook para fijar posición sobre algunos temas y criticar a quienes se oponen a medidas del gobierno.

    A partir del 1º de enero entró en vigencia la ley que establece que no se pueden abrir nuevas cuentas bancarias sin declarar a la institución financiera la residencia fiscal de las personas físicas o jurídicas. También empezó a regir en esa fecha la obligación de registrar ante el Banco Central los beneficiarios finales de las sociedades, si bien se dará plazo para suministrar la información.

    Durante la discusión parlamentaria del proyecto, algunos legisladores de la oposición, los colegios de Abogados y de Escribanos y varios empresarios habían criticado la propuesta, entre otras cosas porque consideraban que violaba los derechos de los contribuyentes y que iba más allá de lo que exigen los organismos internacionales en materia de transparencia bancaria.

    “A partir de hoy algunos van a tener un poco menos de intimidad —escribió Díaz en su Facebook. La DGI va a conocer con carácter secreto los datos de aquellos que los ocultaron para no pagar impuestos. Datos de gente que reclama derechos (intimidad, derechos fundamentales, etc.) pero que no cumple con sus obligaciones (pagar impuestos)”.

    “Mientras lo que se tiene en el banco es secreto, lo que se debe (la cuota del Banco Hipotecario, la tarjeta de crédito, etcétera) es público”, prosiguió Díaz. “Si un pobre va a pedir fiado que vaya desnudándose, sí desnudándose, porque si no, agarramos la maquinita y con poner el correo electrónico sabemos toda su intimidad y no hay derecho fundamental que valga”.

    El jerarca escribió que nunca leyó en diarios ni escuchó a ninguna asociación de profesionales ni corporaciones que salieran “a defender la intimidad de los pobres”. Y añadió: “Será que no compran diarios o no tienen plata para contratar profesionales o será que son pobres.(...) Todos sus datos tienen que ser públicos, no sea cosa que le demos fiado un poco de comida y no paguen”.

    “Si sumamos las deudas de los que no tienen intimidad es probable que sean ínfimamente menores a las de aquellos que, cuando les conviene, salen desaforadamente y por todos los medios a defender su bolsillo”, cuestionó Díaz. Y cerró con un comentario más duro. “Una noticia: el feudalismo ya pasó. Por lo menos para la mayoría de los uruguayos. Y los otros: tengan un poquito de vergüenza”.

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