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El último dato sobre las finanzas públicas, referido a octubre, incorporó por primera vez el impacto de la ley que permitió a los llamados “cincuentones” salirse de una AFAP, de modo que su jubilación quede ligada exclusivamente al Banco de Previsión Social (BPS). Hasta ahora fueron unas 15.000 personas las que hicieron uso de esa opción, con lo que en la contabilidad fiscal se computaron US$ 547 millones como un ingreso —aunque estrictamente el dinero pasa al recientemente creado Fideicomiso de la Seguridad Social, de propiedad del BPS.
Así, de las cifras informadas por el Ministerio de Economía surge que el déficit fiscal anual a octubre fue de US$ 1.763 millones, equivalentes a poco más de 2,9% del Producto Bruto Interno (PBI). En los 12 meses cerrados en setiembre el saldo negativo ascendía a 3,8% con las estadísticas que fueron ajustadas.
La secretaría de Estado fue transparente e informó que esa caída de casi un punto del PBI en el desequilibrio se produjo por el “efecto cincuentones”. Y en declaraciones a Búsqueda que se publican en esta edición, el director de su Asesoría Macroeconómica y Financiera refuerza la idea de que no hay una mejora en términos de que ahora existan “menos necesidades o que hay más caja. No es así. No es creación de espacio fiscal, de ninguna manera”. De hecho, a futuro se genera un pasivo contingente para el BPS que habrá que pagar.
Es una actitud responsable dejar bien claro todo esto, porque siempre puede haber algún desprevenido o ignorante en el partido de gobierno que quiera interpretar esta caída del déficit fiscal como un dato positivo. También puede haber algún desinformado en la oposición que, en campaña electoral, se le ocurra prometer alivios fiscales o medidas por el estilo que hoy los números no soportan.
Lo cierto es que no hubo mejora fiscal. Nada de eso. El problema sigue estando y probablemente se trasladará a la siguiente administración, porque parece harto difícil que se cumpla el plan de “consolidación fiscal” al que apuesta el gobierno del Frente Amplio (2,5% del PBI hacia 2020). Si se lee el resultado depurado del “espejismo” contable de los “cincuentones” —es decir, si se descuentan de los ingresos los US$ 547 millones computados por esa ley—, el déficit anual a octubre en realidad asciende a US$ 2.310 millones (3,9% del PBI).
Son números que tienen muy claros los analistas que siguen a Uruguay desde, por ejemplo, las calificadoras de riesgo. Y lo que esperan, cualquiera sea el triunfador en las elecciones de 2019, es que se actúe con responsabilidad frente a un panorama fiscal desafiante.
Por otro lado, tan negativo como creer que hubo una mejora en las cuentas públicas a raíz de un efecto extraordinario, como lo es el del traspaso de ahorros de los “cincuentones” (aunque, en montos menores, volverá a verse en meses subsiguientes), es pensar que el problema fiscal se arregla subiendo impuestos. Propuestas como las planteadas en el Congreso del Frente Amplio el último fin de semana para gravar más las rentas empresariales y de las personas de altos ingresos en un eventual cuarto gobierno de izquierda, no llevarían a buen puerto. El sector privado no resiste más presión tributaria, y pretender transferirle el problema —con un supuesto propósito redistributivo— puede tener un efecto fiscal negativo si las empresas terminan por retraer su inversión y el empleo.
Sin mucho margen de acción, estos son equilibrios delicados que las autoridades actuales y futuras deberán tener claros. Equivocarse puede costarle caro al país.
